793: EXPEDIENTES
DE OBRAS ILEGALES PENDIENTES.
El Consell
cuenta con 793 expedientes de obras ilegales por iniciar y otras 153 órdenes
de demolición por notificar en sus oficinas
Las multas
coercitivas están surtiendo su efecto en el caso de las infracciones
urbanísticas que se cometen en el suelo rústico de Mallorca.
Los datos de la Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca
demuestran que el 90% de los infractores urbanísticos decidió
derribar de forma voluntaria la obra ilegal que habían levantado.
En concreto, de las 159 órdenes de demolición dictadas por
el Consell en 2017 y lo que llevamos de 2018, un total de 143 han sido
derruidas por sus promotores y propietarios restableciendo la legalidad.
Bartomeu Tugores,
director de la Agencia de Defensa del Territorio, aseguró que "las
multas coercitivas han ayudado a tomar conciencia a los infractores urbanísticos.
Saben que si las derriban en el momento en que se les ordena la demolición
se pueden ahorrar hasta un 90% de la multa, mientras que si ejecutan el
derribo de la obra ilegal cuando haya concluido el expediente, el ahorro
puede llegar al 80%". Por contra, a medida que los infractores no cumplen
con la orden de demolición se les incrementa el importe de la multa
en cada notificación que reciben. Por este motivo, la inmensa mayoría
de promotores de construcciones irregulares decide acabar con su edificio
de forma voluntaria.
78 DEMOLICIONES
EN 2018
En 2016 se
dictaron 16 órdenes de demolición de obras ilegales en Mallorca.
Sin embargo, la ofensiva del Consell en 2017 y 2018 contra el urbanismo
ilegal en el campo ha multiplicado la apertura de expedientes de infracción
con la correspondiente orden de demolición. Prueba de ello es que
en 2017 se dictó el derribo de 81 construcciones irregulares y en
lo que llevamos de 2018 son ya 78. Tugores aseguró que este año
superarán las de 2017.
Según
la Agencia de Defensa del Territorio no todas las órdenes de demolición
implican que se deba derribar por completo la construcción. En muchas
de ellas tan solo deben eliminar una parte que no está sujeta a
normativa, en la mayoría de los casos por la falta de la parcela
mínima permitida para construir o ampliar. También se vienen
detectando numerosas construcciones de piscinas sin que los terrenos rústicos
tengan la extensión que permita este tipo de instalaciones. Desde
el Consell se ha apuntado en diversas ocasiones que el repunte del urbanismo
irregular en el campo está directamente relacionado con el auge
del alquiler turístico en toda Mallorca.
Las multas
coercitivas fueron contempladas por primera vez por la normativa urbanística
balear en 2012. En concreto, fue el PP con la famosa Ley Company, en honor
al entonces conseller y ahora presidente del PP Biel Company, quien las
incluyó y las autorizó para su aplicación. Lo que
ocurre es que durante la pasada legislatura prácticamente no se
impusieron. Ha sido en esta legislatura cuando el departamento de Territorio
que dirige la socialista Mercedes Garrido ha decidido declarar la guerra
al urbanismo ilegal en el suelo rústico de toda Mallorca.
Uno de los
casos que más han impactado y que ha ayudado de forma especial a
tomar conciencia y miedo a los infractores urbanísticos fue la sanción
de hasta un millón de euros que el Consell dictaminó para
una mansión ilegal en Marratxí.
El importe
de las sanciones que impone el Consell está en una media de 60.000
y 70.000 euros por obra irregular. El importe de las multas va en función
del volumen de la construcción y, especialmente, en el tipo de suelo
en el cual se ha cometido la irregularidad urbanística. En el caso
de que la obra ilegal se haya levantado en zonas protegidas, como por ejemplo
las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) o Áreas
Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), el coste se incrementa
de forma considerable.
793 EXPEDIENTES
PARA INICIAR
La actividad
es frenética en el Consell de Mallorca. Según la consellera
Mercedes Garrido quedan 793 expedientes de obras irregulares que no han
sido iniciados todavía, otras 153 órdenes de demolición
que tampoco se han notificado y hasta 88 recursos por obras ilegales que
todavía no se han resuelto. "Para ello necesitamos más personal
técnico con el objetivo de hacer frente al urbanismo irregular.
Estamos tramitando la contratación de 24 nuevos técnicos
con la creación de su correspondiente plaza para hacer frente al
volumen de trabajo que tenemos", aseguró Garrido.
Un dato a tener
en cuenta es que desde el año 2010 el volumen de multas urbanísticas
impuestas por el Consell de Mallorca supera los 14 millones de euros.
Sin embargo,
el colapso del departamento de urbanismo del Consell viene de lejos. En
2016, poco después de las elecciones y cuando el Pacto de Izquierdas
asumió la gestión del Consell, se descubrió el atasco
en la Agencia de Disciplina Urbanística, ahora denominada Agencia
de Defensa del Territorio. 1.206 expedientes de obras ilegales en suelo
rústico sin tramitar, 150 órdenes de demolición sin
ejecutar y más de 70 recursos de alzada presentados por presuntos
infractores contra los expedientes incoados que tampoco se habían
resuelto por parte de la institución insular. La consellera de Territorio,
Mercedes Garrido, acusó al PP de "falta de voluntad política"
durante la pasada legislatura para evitar el atasco en la Agencia de Disciplina
Urbanística del Consell, ya que buena parte de los expedientes de
obras irregulares se remontaban a antes de 2009.
No obstante,
desde el PP le recordaron el recorte de personal sufrido durante la crisis
y especialmente que durante la pasada legislatura todavía no se
podían aplicar las multas coercitivas que autorizó el Govern
del PP.
DE 6 A 31 MUNICIPIOS
Por otra parte,
hasta hace pocos años la gestión de la disciplina urbanística
estaba en manos de los ayuntamientos. Había pocos medios y las administraciones
locales tenían muchas más dificultades para denunciar a un
vecino con otras ilegales, especialmente en los pueblos pequeños.
Ello ha provocado innumerables casos de obras ilegales sin expedientar
que todavía siguen poblando el suelo rústico de Mallorca.
Sin embargo,
en los últimos años la tendencia ha cambiado. Los municipios
han decidido ceder la gestión de la disciplina urbanística
a la Agencia de Defensa del Territorio del Consell. En concreto, de 6 municipios
que tenían cedida esta competencia a la institución insular
en 2015, se ha pasado a 31 localidades en la actualidad. El 80% de los
municipios de la isla cuenta con un organismo supramunicipal que le controla
el urbanismo. Solo los ayuntamientos grandes, con un departamento de urbanismo
potente, siguen ostentando y aplicando la disciplina urbanística
en su término municipal.
De igual modo,
se han incrementado, con esta cesión municipal al Consell, las inspecciones,
tanto oculares como también vía satélite y aéreas.
Esta circunstancia ha permitido cazar a muchos más infractores que
antaño, se les ha abierto el correspondiente expediente de infracción
y si la obra no se puede legalizar se dicta la orden de demolición.
Fuente: https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/12/02/90-infractores-urbanisticos-derriba-obra/1371166.html
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