Se trata de
una medida que pactó Podemos con Hacienda y que el Gobierno no incluyó
en la Plan Presupuestario de 2019 que remitió a Bruselas en octubre
ni en los anteproyectos de ley que ya está tramitando.
El tipo de
las Socimi en el Impuesto sobre Sociedades es el cero, siempre que se cumplan
unos requisitos: que el capital social mínimo sea de cinco millones,
que se pueden invertir en un solo inmueble; que se reparta un mínimo
del 80% del beneficio obtenido en el alquiler a través de dividendos,
y un mínimo del 80% del valor de los activos en inmuebles urbanos
deben estar arrendados durante tres años. Por las rentas que perciben
en otro tipo de actividades, las Socimi tienen que pagar un tipo de gravamen
del 25%.
Se aprobarse
los presupuestos, se acordará aplicar un tipo de gravamen del 15%
sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.
APROBADO
EL PROYECTO DE LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 2019
En materia
del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), los Presupuestos
contemplan una subida de dos puntos para las rentas del trabajo superiores
a 130.000 euros y de cuatro puntos a partir de 300.000 euros. Asimismo,
para las rentas del capital, se incrementan cuatro puntos el tipo del IRPF
para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros. La subida de este
impuesto solo afecta al 0,5% de los contribuyentes que declaran rentas
superiores a esos umbrales.
Estas medidas,
junto a la mejora del empleo, permiten un incremento del 4,9% en la recaudación
del IRPF.
En el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), la recaudación aumentará
un 11,7%, pero en términos homogéneos el incremento será
del 5,1% (descontando el efecto del SII).
Rebajas y fiscalidad
medioambiental
Los Presupuestos
para 2019 incluyen una serie de rebajas en varios impuestos, que benefician
a pymes y a las clases medias y trabajadoras.
De esta forma,
se contempla una rebaja del tipo en Sociedades del 25% al 23% para las
empresas que facturan menos de un millón de euros.
También
se reduce el IVA para los productos de higiene femenina, que pasan de un
tipo reducido del 10% al superreducido del 4%. Por su parte, el IVA de
los servicios veterinarios bajará del 21 al 10%.
Asimismo, se
reduce el IVA para las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos
y revistas pasando del 21% al 4%. De esta forma se equipara con el gravamen
del formato tradicional en papel de estos productos.
En cuanto a
la fiscalidad medioambiental, siguiendo las recomendaciones internacionales,
el Gobierno reduce la actual bonificación de la que disfruta el
diésel sobre la gasolina. En concreto, el impuesto especial sobre
gasóleo aumenta en 3,8 céntimos por litro. Esto supone un
incremento de 3,3 euros al mes para un conductor medio.
Los profesionales
del transporte están exentos de esta subida al no afectar al gasóleo
profesional. La finalidad de esta medida no es recaudatoria, sino de protección
del medio ambiente.
Una parte del
incremento de esta recaudación se destinará a subvencionar
políticas sostenibles como impulsar la renovación del parque
automovilístico e incentivar a las empresas a que adopten medidas
respetuosas con el medio ambiente para colaborar en la transición
ecológica.
Nuevas figuras
tributarias
Las cuentas
para 2019 contemplan en sus previsiones de ingresos el impacto de otras
nuevas figuras, cuya creación se está tramitando a través
de los respectivos proyectos de Ley, como es el nuevo Impuesto sobre Transacciones
Financieras, que grava con un 0,2% la compraventa de acciones de empresas
cotizadas con una capitalización bursátil superior a los
1.000 millones de euros.
Por otro lado,
está el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que
grava con un 3% los servicios de publicidad en línea, servicios
de intermediación en línea y la venta de datos y que afectará
a las compañías que obtengan 750 millones de facturación
a nivel global y 3 millones en España.
También
está pendiente la aprobación una nueva Ley para reforzar
la lucha contra el fraude fiscal que, entre otras medidas, prohibirá
por ley las amnistías fiscales o limitará a 1.000 euros los
pagos en efectivo entre profesionales.
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