| Tras la supresión
de la calificación urbanística para este tipo de actividades
y la posibilidad de que las mismas gocen de un régimen propio urbanístico
respecto a los requisitos de parcela mínima y ocupación máxima,
la Comisión Regional, en esta última sesión del año
correspondiente al mes de diciembre, ha informado favorablemente la propuesta
de que estas cuestiones ya no se sometan al juicio de las Comisiones Provinciales
de Urbanismo, sino que directamente sean evaluadas por los ayuntamientos
de los municipios donde se plantee su instalación.
De este modo,
se agilizará la tramitación de este tipo de autorizaciones,
pues se suprime el trámite autonómico dejando el control
de los aspectos urbanísticos en un procedimiento único que
es de la licencia urbanística a conceder por el respectivo ayuntamiento.
Esta innovación
normativa instada, entre otros, por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla-La Mancha (COACM) ha recibido el visto bueno de la comisión
y ahora continuará su tramitación que finaliza con su aprobación,
por medio de Orden, de la titular de la Consejería de Fomento, algo
que se espera tenga lugar para las próximas fechas.
El director
general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, que ha presidido
la CROTyU, ha señalado que esta medida sigue la secuencia de otras
que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha a lo largo de
la presente legislatura con el fin de “facilitar, desde el punto de vista
urbanístico, el desarrollo de actividades propias del sector primario,
así como otras productivas en el suelo rústico de nuestra
región, y que han tenido a sus pequeños municipios como especiales
protagonistas”.
Estas medidas
siguen la estela de demandas actuales del medio rural como las contenidas
en documentos tan recientes como el denominado ‘manifiesto de Sigüenza’,
elaborado por los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara
con ocasión del I Foro de Desarrollo Rural de esta provincia celebrado
en esta localidad el pasado 13 de diciembre y que tuvo entre los asistentes
al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Un documento
que, en su punto quinto, referido al Urbanismo, reclama “el desarrollo
de un reglamento específico que atienda las necesidades del mundo
rural”, una demanda que ha constituido el objeto específico del
citado Decreto 86/2018, de medidas para facilitar la actividad urbanísticas
de la ciudadanía y lo pequeños municipios que, publicado
ya, ha entrado en vigor este 20 de diciembre.
Otro punto
se refiere a “las correcciones normativas que permitan la instalación
de empresas sin la necesidad de construir un polígono industrial”,
otra línea en la que ya actuó la Orden de la Consejería
de Fomento a 1 de febrero de 2016, y por la que se modificó su Orden
de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la
que se aprobó la instrucción técnica de planeamiento
(ITP) sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir
las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, y en
la que incide ahora nuevamente la propuesta de su nueva modificación
informada favorablemente por la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo en su última sesión.
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