La Abogacía
del Estado, primero, y Hacienda, posteriormente, lo rechazaron al detectar
problemas legales en su diseño que lo hacían impracticable.
El escollo más importante fue la aplicación de la Ley de
Desindexación de la Economía, que limita la rentabilidad
de los contratos a largo plazo cuando superan los cinco años.
Para salvar
el obstáculo, el departamento de José Luis Ábalos
trabaja en una fórmula mixta. La solución pasa por un contrato
de siete años de duración donde los dos primeros se corresponden
con la fase de construcción y los cinco siguientes con el periodo
de concesión para la conservación y el mantenimiento de la
carretera.Según las fuentes consultadas, de esta manera, se salvaría
un problema que ya habían detectado los ministerios inversores (Fomento
y Medio Ambiente) durante el mandato de Mariano Rajoy y que persiste tras
el cambio de Gobierno. El conflicto reside en el artículo 10 del
desarrollo reglamentario de la Ley de Desindexación de la Economía,
aprobado en 2017.
La norma destaca
que, para calcular la tasa de descuento (la rentabilidad media que un inversor
exige a un proyecto), su valor debe ser "el rendimiento medio en el mercado
secundario de la deuda del Estado a 10 años en los últimos
seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos".Según
esa fórmula, la rentabilidad para un contrato de concesión
del Plan Extraordinario de Carreteras está limitada al 3,37%, muy
por debajo de los umbrales mínimos a los que está dispuesto
a entrar un inversor privado.
Tanto el Ministerio
de Fomento como las empresas reconocen que la Ley de Desindexación
hace inviables proyectos de concesión a largo plazo. "En el PIC,
en el que se manejaban plazos de entre 20 y 30 años, los consorcios
trabajan con tasas de descuento superiores al 6%, el doble de lo que determina
la ley", aseguran desde las empresas. En estas circunstancias, creen que
el PIC, tal como se confeccionó inicialmente, está muerto.
Modelo alemán
La llave para
resolver las diferencias entre los ministerios la tiene la Dirección
General de Patrimonio, que se encarga de supervisar la legislación
en materia de contratación pública. "El instrumento de deuda
y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento
podrán ser modificados por orden del ministro de Hacienda", asegura
el reglamento de la Ley de Desindexación.
Este modelo
alemán, basado en un esquema de financiación 100% presupuestario,
consiste en que el adjudicatario del contrato adelanta la inversión
en construcción, para cobrar el precio ofertado al entregar la infraestructura
finalizada y lista para operar. "Lo que Fomento plantea ahora se parece
bastante", apuntan.
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