El problema, según denunció el líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, es que el ayuntamiento no solo ha calificado las fincas, sino que también ha determinado que deben de utilizarse para uso preferentemente residencial. También se le ha determinado una densidad: 50 viviendas por cada hectárea. Teniendo en cuenta que en total son 47 hectáreas, eso supone la construcción de un máximo de 2.350 pisos. 

La concejal de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, explicó en un comunicado que la propuesta, que «contempla las mismas condiciones que tiene el PAU 3 para su desarrollo y que es colindante con estas fincas, separado tan solo por la avenida de Dénia». También resaltó que «la mayoría de los grupos políticos han respaldado la propuesta de Urbanismo para resolver un asunto que lleva pendiente desde hace 25 años, en los que no se había llegado a ejecutar por distintos motivos a pesar de las reiteradas solicitudes de los propietarios de los terrenos».

Pavón, que ocupó el cargo de concejal de Urbanismo entre junio de 2015 y noviembre de 2017, aseguró que esta decisión se ha tomado tras «cambiar de raíz el criterio de los técnicos municipales de no admitir las pretensiones de las empresas promotoras para definir el uso del suelo de las fincas o de establecer una determinada densidad de viviendas en ejecución de sentencia». «Lo dictaminado a favor excede claramente de la mera ejecución de la sentencia, que únicamente obliga a que el suelo sea urbanizable, no a que el suelo sea residencial o a que haya que fijar una determinada densidad de viviendas», dijo. «Si se aprueba en el pleno esta barbaridad urbanística valoraremos interponer un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión municipal». 

La portavoz del PSOE, Eva Montesinos, se centró en el formato que ha escogido el PP (por urgencia) para dar cumplimiento a al sentencia, algo que, en su opinión, demuestra «el caos que se vive en la ciudad». «Es incomprensible que tengan que tramitar por urgencia un tema de estas características», indicó.

«Ese expediente ya estaba listo para su tramitación hace seis meses, cuando el PSOE abandonó sus responsabilidades de Gobierno». La socialista consideró que «la falta de organización y trabajo de Barcala se acaba traduciendo en convocatorias urgentes y decisiones improvisadas que terminan perjudicando a la ciudad». «Es evidente que el minigobierno popular no está a la altura y que la parálisis, sobre todo en urbanismo, es absoluta», concluyó la portavoz del PSOE.