| Los afectados,
que se unen a otros dos casos similares que ya fueron sancionados económicamente
y privados del uso de las viviendas el año pasado, se enfrentan
a multas que podrían oscilar entre los 3.000 y los 20.000 euros,
en función de la gravedad, la reiteración, el número
de veces que han subarrendado los pisos y el lucro obtenido, entre otros
factores.
Ramos y Farias
han desvelado además que, en caso de que los expedientes abiertos
prosperen, todos los incumplimientos concluirán con la resolución
del contrato de alquiler, con lo que los beneficiarios de las VPO utilizadas
de manera fraudulenta, localizadas en las zonas de Altza (2), Intxaurrondo,
Riberas de Loiola e Illarra, se verán privados de ellas.
Durante la
comparecencia, Ramos ha recordado que "el subarriendo irregular está
tipificado como un incumplimiento grave de la Ley de Vivienda" del Gobierno
Vasco y ha insistido en que "una vez acreditada la infracción del
expediente, además de la sanción, se considera incumplido
el contrato de alquiler, por lo que se instará su resolución
y la recuperación del inmueble".
El edil ha
explicado que uno de los casos fue descubierto por los vecinos que denunciaron
la existencia de mucho trasiego de personas en el portal y la presencia
de coches con matrícula extranjera aparcados en el garaje, mientras
que el resto fueron localizados por los técnicos de Etxegintza en
el "peinado" de internet que realizan habitualmente.
Ha desvelado
que una de los inmuebles se alquilaba por 25 euros por persona y noche
y que tenía diferentes opiniones favorables de los usuarios en internet,
al igual que otro de los pisos, que era ofrecido por 30 euros por persona
y noche.
Un tercer inmueble
estaba disponible para intercambios, y los dos restantes lo eran para intercambio
o cesión turística en distintas páginas web. Se da
la circunstancia, además, de que, cuando fue detectado, uno de los
pisos había cubierto todas sus fechas para agosto y septiembre.
El concejal
ha criticado con dureza este uso fraudulento del parque público
de viviendas de alquiler, integrado en San Sebastián por cerca de
2.000 pisos, una conducta que ha calificado no solo de "irregular" e "ilegal",
sino también como "inaceptable" e inadmisible".
Resulta "inmoral"
tender concedida una VPO y que sea usada para lucrarse económicamente
de esta manera, ha dicho Ramos, quien ha insistido en que si la justificación
es que los beneficiarios de estos pisos atraviesan una situación
económica "complicada" disponen de "otras vías" como la RGI
u otras ayudas públicas, por lo que no es posible "justificar" una
conducta que contribuye a "desprestigiar" a las viviendas de protección
oficial, algo que, en su opinión, "no es bueno para nadie".
Farias ha destacado
la dificultad de localizar estos pisos en internet, ya que los portales
no proporcionan la identidad de los arrendatarios y la localización
del inmueble que facilitan es tan sólo aproximada, mientras que
las fotografías que acompañan a las ofertas son deliberadamente
ambiguas.
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