El Ayuntamiento de Madrid aprobó en enero un nuevo plan director para los desarrollos urbanísticos del sureste, en el que se verán especialmente afectados los planes de Valdecarros y Los Cerros, mientras que el ordenamiento de la zona de Aguijones y Berrocales no será alterado.

El plan municipal pasa por reducir a la mitad estos desarrollos, que podrán urbanizar 53.200 viviendas en lugar de las 105.000 previstas en el planeamiento anterior, reformulado por Ahora Madrid.

Las Juntas de Compensación solicitan la anulación del plan director por considerar que es una disposición de contenido urbanístico y obliga a los funcionarios a abstenerse de aplicar el planeamiento vigente, ya que prevé la alteración substancial de la ordenación de los ámbitos por él afectados.

Según el Ayuntamiento, la reducción de los desarrollos en el nuevo plan director, que conlleva compensaciones económicas a los afectados, responde a las "necesidades reales" de la ciudad.

El Ayuntamiento acordó en 2011 desarrollar nuevos barrios en la zona este de Madrid, que se iban a ejecutar por fases, en lugar de hacerlo de manera global como inicialmente estaba previsto.

El plan para urbanizar en la zona sureste de Madrid proviene de 1997. Los ámbitos de actuación abarcaban unos 39 millones de metros cuadrados e iban a albergar más de 100.000 viviendas.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid plantea ahora una disminución del suelo afectado en 2.400 hectáreas y la reducción a la mitad de las viviendas construibles, lo que conllevará además la reducción de la inversión privada de los 3.100 euros a los 1.650 y el coste de los equipamientos públicos de 5.050 millones a 2.300.

En total, se invertirían 3.950 millones de euros, en lugar de 8.150.

REACCIONES

El coordinador general de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto, ha considerado que el desarrollo de la ciudad "tiene que hacerse ordenadamente" y que Madrid tendría hipotecadas sus infraestructuras si se hicieran "de repente" 100.000 viviendas en el Sureste.

El coordinador general de la Alcaldía ha reseñado que "de momento" ha habido una resolución cautelar que lo que pide al Ayuntamiento es pararse hasta que se analice el fondo del asunto. No obstante, ha defendido que el Ayuntamiento tiene que ordenar esos desarrollos urbanísticos entre otras cosas "para no colapsar la A-3, que bastante colapsada está", y ha defendido construir las viviendas en esos ámbitos "en los próximos años, ordenadamente".

El PP y Ciudadanos han alertado de que los obstáculos del Gobierno municipal a los desarrollos del Sureste ponen en riesgo la construcción de vivienda en la ciudad y han mostrado su satisfacción por la decisión del TSJM de suspender cautelarmente el plan para reducir la urbanización de la zona.

Los portavoces del PP y Ciudadanos, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, respectivamente, se han pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre la paralización cautelar del plan mientras que por parte del PSOE su portavoz Purificación Causapié ha mostrado apoyo al Gobierno y ha considerado el fallo "un problema jurídico" que se tendrá que estudiar.

Los portavoces municipales se han pronunciado de este modo tras acudir a la reunión con el Gobierno para consensuar una posición en la negociación para la continuidad del Open de Tenis.

"El TSJM ha velado por los intereses de los madrileños mejor que el Ayuntamiento", ha dicho al respecto el portavoz del grupo municipal del PP, que considera que este nuevo "varapalo judicial" al Gobierno de Manuela Carmena afecta a la vivienda, un "tema especialmente sensible".

El PP ha alertado de que en 2020 ya no habrá en Madrid vivienda nueva disponible mientras que el Gobierno municipal "no ha tenido mejor ocurrencia que suspender el único lugar de crecimiento". "La única reserva son los desarrollos del Sureste", ha dicho el portavoz del PP.

Por su parte, Begoña Villacís ha sostenido que lo que quería hacer el Ayuntamiento en los desarrollos del sureste es "una cacicada" que tiene como consecuencia directa la subida del precio de la vivienda y ha augurado que la retención que pretende hacer en esa zona "no es legal" y así lo acabará dictaminando la justicia.

La portavoz socialista, sin embargo, ha expresado el apoyo de su grupo municipal al plan director para reducir el número de viviendas en la zona y ha reseñado que los vecinos y las organizaciones han participado en la redacción del proyecto, por lo que ha animado al Gobierno municipal a buscar la mejor manera para que esa modificación urbanística sea viable. 

DATOS JUDICIALES

En el auto, la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM accede a la solicitud planteada por las Juntas de Compensación de Valdecarros, Los Cerros y Los Berrocales. Ante el fallo, cabe interponer recurso de reposición en un plazo de cinco días.

Estas Juntas de Compensación consideran en su recurso que el citado plan director "amenaza" los derechos urbanísticos de los propietarios, al estimar que sus directrices contravienen el ordenamiento urbanístico vigente (el PGOU) e "imposibilitan su ejecución". A su vez, señalaban que su ejecución supondría la disolución de las mencionadas entidades.

Para aplicar la medida, la sala procede a suspender de forma cautelar la ejecutividad del acuerdo de 25 de enero de 2018 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que aprobaba el citado plan director.

Se concede la medida cautelar al entender que en éste conflicto de intereses públicos debe "prevalecer el que se sustenta en la preservación y ejecución del ordenamiento urbanístico vigente, cuya modificación sólo puede llevarse a cabo a través de los instrumentos urbanísticos legalmente establecidos, sin verse desvirtuado por la expresión de un ideario que no se plasma y formula a través de tales instrumentos normativos".

Por otro lado, el auto se refiere a que esta situación "no es susceptible de provocar "una grave perturbación" a los intereses generales, al manifestar el tribunal que dicha suspensión "se prolongará durante un breve periodo de tiempo, en el que, previsiblemente, concluirá el presente proceso".

"El riesgo evidente de que la implantación del Plan Director pudiera conllevar la imposición a las Juntas de Compensación de sus directrices y, por ende, de una planificación urbanística ajena al régimen normativo de tal naturaleza vigente en Madrid y lesiva para los derechos que aquellas ostentan en ejecución del mismo, pone de relieve el peligro de frustración de la finalidad legítima del recurso que la ejecutividad de dicho Plan Director supone, pues podría 'legitimar' actuaciones municipales que obligaran a las Juntas a asumir la nueva planificación, pese a no haber sido configurada y aprobada a través de los instrumentos urbanísticos debidos, como se pone de manifiesto el examen de las fichas que incluye el plan director", expone el auto.

Recientemente el TSJM confirmó la admisión a trámite del recurso presentado por las Juntas de Compensación contra el plan director, tras denegar la causa de inadmisibilidad presentada por el Ayuntamiento. El recurso de estas entidades pide la anulación de esta nueva estrategia.

Por otro lado, en mayo las tres Juntas de Compensación avanzaron que contemplaban pedir indemnizaciones al Ayuntamiento de Madrid que ascenderían a 1.580 millones de euros por daños y perjuicios en caso de no retirar el plan director sobre la estrategia urbanística de los desarrollos del sureste de la ciudad, una cantidad que supone el 34 por ciento del presupuesto municipal anual del Ayuntamiento.

Las indemnizaciones que se solicitarían en caso de no anularse dicho plan que reduce la edificabilidad inicial en estos planeamientos, según un informe encargado por las Juntas de Compensación, alcanzan los 642,4 millones en el caso de Los Berrocales, de 755,3 millones para Valdecarros y 182,1 millones para Los Cerros.

Con respecto al instrumento utilizado por el Ayuntamiento, los técnicos de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) calificaron en mayo de "inadmisible" el plan municipal, que paraliza "por un largo periodo de tiempo" la construcción de 54.000 viviendas protegidas prevista en el plan de 2011. "Es un seudoinstrumento de planeamiento que escapa a la legislación vigente", dijo un asesor legal de la asociación.