Según la nota, el informe señala que la modificación de la Ley aprobada en diciembre de 2017 "supone un atentado contra la competitividad, economía y trabajadores" de Ibiza, a la vez que "anula las competencias de las instituciones insulares y municipales".

También asegura que el texto que se tramita en el Parlament balear "no regula ninguna situación de extraordinaria trascendencia y complejidad, sino que pretende modificar una ley aprobada para afectar de forma arbitraria al señor Abel Matutes, algo que impiden la Constitución y las leyes".

Advierte de que el cambio en la ley "conllevará irremediablemente una indemnización patrimonial al propietario de los terrenos a costa de las cuentas públicas ya maltratadas por las condenas en los casos de Roca Llisa y Punta Pedrera, cuyas indemnizaciones han superado los 100 millones de euros".

Para el Grupo Empresas Matutes la enmienda "no busca en ningún caso el beneficio general de la isla de Ibiza y sus habitantes", sino que pretende perjudicar a un único propietario "como ha explicado Podem Illes Balears de forma pública", asegura.

En este sentido, recuerda una nota de prensa publicada por Podemos el 9 de mayo bajo el título "Impedimos que Matutes siga lucrándose con el urbanismo a la carta del pasado".

EN DETALLE

El texto en manos del Parlament balear, según el informe, «no regula ninguna situación de extraordinaria trascendencia y complejidad». Además, desde el Grupo han recordado que la posible indemnización patrimonial correría a cargo de las cuentas públicas «ya maltratadas por las condenas en los casos de Roca Llisa y Punta Pedrera, cuyas indemnizaciones han superado los 100 millones de euros».

Esta enmienda, han añadido, no busca «en ningún caso» el beneficio general de la isla de Ibiza y sus habitantes, sino que pretende, como ha explicado Podemos Baleares, «perjudicar a un único propietario».

Según han recordado desde el Grupo Empresas Matutes, el 9 de mayo Podemos publicó una nota de prensa bajo el título «Impedimos que Matutes siga lucrándose con el urbanismo a la carta del pasado».

En caso de aprobarse la próxima semana esta modificación de la Ley de Urbanismo, «de forma notoriamente injusta», Empresas Matutes ejercerán acciones legales civiles y penales contra las instituciones y personas, tras reiterar que los terrenos están clasificados como suelo urbano o urbanizable y avalados por Normas Subsidiarias, Planes Parciales, Plan General de Ordenación Urbana e impuestos aplicados a suelos urbanos, desde hace más de 30 años.

 
ANTECEDENTES 25 de mayo de 2018 
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
EL URBANISMO BALEAR Y LAS INDEMNIZACIONES POR SUELO DESCALIFICADO
¿Qué aprendo?
• Se analiza en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Baleares
Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas

• Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre el coste de descalificar el suelo de las playas.
No es un tema nuevo, el Govern balear tuvo que indemnizar con más de 80 millones de euros por la anulación de planes urbanísticos aprobados en zonas de la isla de Ibiza como Punta Pedrera y Roca Llisa, en los municipios de Sant Josep y Santa Eulària. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) condenó al Govern en mayo de 2016 a pagar 15,7 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial a los propietarios de algunas fincas de la urbanización de Roca Llisa desclasificadas mediante la Ley 4/2008 de medidas urgentes. Otra sentencia de noviembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia también condenó a la Comunitat Autònoma al pago de 65 millones de euros a los propietarios del terreno urbanizable de Punta Pedrera, donde se otorgó licencia para la construcción de 122 apartamentos en 2001. A posteriori, los promotores presentaron un proyecto modificado para levantar 244 apartamentos que en 2006 obtuvo el visto bueno municipal. Sin embargo, un año después, cambió el ayuntamiento y se anuló la licencia. Esta situación era mucho más compleja que la de Platja d’en Bossa que la Ley de Urbanismo balear (LUIB) aprobada el 29 de diciembre volvió a declarar como suelo urbano después de mucho debate. Disposición Transitoria 14 de la Ley de Urbanismo de Baleares.
 
 
El empresario turístico Abel Matutes está dispuesto a llegar hasta los tribunales tras la iniciativa de Podemos de dar marcha atrás al desarrollo de unos terrenos urbanizables en Ibiza. La propuesta de Podemos cuenta con el apoyo del resto de las fuerzas de izquierdas y se aprobará la semana que viene en el Parlament balear.
En diciembre, el mismo Parlament aprobó la Ley de Urbanismo que permitía la regularización de los terrenos urbanizables que Matutes tiene en Playa den Bossa. Lo que se hacía era permitir al presidente del Grupo Palladium que desarrollase una serie de proyectos, entre ellos unas viviendas sociales.
ANTECEDENTES
El Estado analiza la inconstitucionalidad en la Disposición Transitoria 14 de la Ley de Urbanismo de Baleares, que legaliza la situación de determinados establecimientos del Grupo de Empresas Matutes en Platja d'en Bossa, concretamente hoteles y discotecas. La disposición transitoria, conocida popularmente como 'enmienda Matutes', fue introducida por el PSIB en el redactado de la Ley de Urbanismo y dividió al Pacte, ya que tuvo que aprobarse con los votos del PP. Podemos y Més votaron en contra al considerar que se hacía una norma con 'nombres y apellidos', mientras que El PI y Cs se abstuvieron.
El Gobierno central ha revisado la ley balear y ha elaborado una lista de artículos, doce en total y una disposición transitoria, que considera invaden competencias del Estado o directamente son inconstitucionales. Por este motivo ha iniciado el trámite para forzar un acuerdo con el Ejecutivo balear y evitar así un recurso de inconstitucionalidad.
El Estado discute, a grandes rasgos, la regulación en cuanto a la evaluación ambiental estratégica y a las expropiaciones que hace la norma.
La consellera de Territorio y Movilidad de Ibiza, Pepa Marí, asegura que tiene «plena confianza en que los temas en los que hay discrepancias se aclararán en el seno de la comisión bilateral entre Govern y Gobierno central que se crea a tal efecto». Considera que sólo «son discrepancias técnicas que normalmente se pueden aclarar».
Marí recuerda al respecto que «el Govern ha remitido un informe que avala técnicamente los artículos que cuestiona el Gobierno central sobre la ley del Suelo». A su juicio, «se trata de artículos respecto de los cuales el Estado parece preocupado porque se limite su capacidad de actuación allá donde tiene competencia plena, como pueden ser los casos de puertos de la Autoridad Portuaria o de los aeropuertos».
Pero la consellera ibicenca asegura que «no es así, y así se explica en el informe jurídico» remitido por el Govern al Estado: «No hay ningún problema de fondo sobre la ley, sino matices», subrayó ayer.
Uno de los artículos que Madrid considera inconstitucional es el 132, que permite a la administración expropiar terrenos 'por razones urbanísticas'. La norma se refiere a casos concretos como la obligatoriedad de ceder porciones de suelo por parte de un promotor para uso público.
El Estado cuestiona que ni siquiera estando obligado a ceder espacio, el promotor pueda ver cómo se le expropia. Fuentes jurídicas se han sorprendido de que algunos preceptos que podrían haberse considerado más «arriesgados» no han sido cuestionados por el Ejecutivo central y, por contra, sí que se ha planteado «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias» en relación a artículos que no se preveían conflictivos.
NOTICIA RELACIONADA
La Agencia de Defensa del Territorio del Consell Insular de Mallorca informa en su página web que los siguientes preceptos, y transcribimos literalmente, no han sido considerados inconstitucionales por los Servicios Jurídicos de la Administración del Estado:
La no prescripción de la posibilidad de ordenar la demolición en todo el suelo rústico 
La competencia exclusiva de los consells insulars en suelo rústico protegido 
La posibilidad de que los consells insulars suspendan la ejecución de licencias presuntamente ilegales en suelo rústico protegido. 
La prohibición de que, a partir del 1 de enero de 2018, las viviendas ilegales se puedan dar de alta como vivienda vacacional ante la Conselleria de Turisme. 
La publicación de nombres y apellidos de las personas infractoras. 
La presunción de que el propietario es siempre responsable de la infracción urbanística, salvo prueba en contrario. 
El régimen de retroactividad sobre los hechos ocurridos antes de entrar en vigor la LUIB.