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21 de junio de 2018
 
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SEVILLA PREPARA SU ORDENANZA DE VIVIENDAS TURÍSTICAS Y VACACIONALES
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  • Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre la importancia de las ordenanzas municipales en el arrendamiento de viviendas turísticas y vacacionales.
El concejal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha anunciado la regulación de las viviendas turísticas, a través de una ordenanza específica y una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006. El concejal ha explicado que las competencias en materia de "disciplina" turística corresponden a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento sólo puede actuar frente a las infracciones en materia urbanística, abundando que el PGOU de 2006 carece de "referencias" a este asunto al tratarse de un instrumento anterior a la explosión del "fenómeno de los pisos turísticos" y previo además a las leyes autonómicas emitidas al respecto. No obstante, ha defendido las labores acometidas por el Ayuntamiento para "diagnosticar" dicho "fenómeno", que se concentraría especialmente en el sector norte del casco histórico y en Triana.


En cualquier caso, ha manifestado que para hacer frente a la proliferación de las viviendas turísticas, el Ayuntamiento promoverá una ordenanza específica de "nuevo cuño" y acometerá una modificación del PGOU de 2006, para que el mismo "reconozca de alguna manera los usos turísticos" de las viviendas al tratarse de una actividad económica y rija una diferencia respecto a los inmuebles puramente residenciales.

Así, ha apostado por que las exigencias de la citada regulación distingan entre las diferentes zonas de la ciudad, es decir una "zonificación" de las medidas, avisando eso sí de que España está sujeta a la "unidad de mercado y libertad de competencia", extremo que dificulta las "limitaciones" y obliga a apostar por una regulación como tal.

Y mientras se acomete esta nueva regulación, incluyendo "consultas previas a la ciudadanía", por ejemplo a las asociaciones de vecinos, administradores de fincas u hoteleros, el Ayuntamiento prevé abrir un "buzón telemático de sugerencias" para recoger las incidencias o problemas que los ciudadanos quieran trasladar respecto a este asunto.

En el caso de Sevilla, la mayor localización de estos negocios se localiza en la zona norte del centro y en algunos puntos de Triana. En concreto, según un informe de 2017, la ciudad cuenta con 1.495 viviendas registradas para su uso turístico, frente a 9.179 pisos con el mismo fin pero «no registrados» formalmente en el inventario de la Junta de Andalucía. Es más, la mayoría de la oferta existente en Sevilla reside en particulares, siendo éstos el 76 por ciento (4.327) de los anuncios localizados, frente al 24 por ciento publicitados por empresas (1.344). Con esta situación sobre la mesa, Urbanismo ha venido adoptando distintas medidas en los últimos tres años. Desde multas –alguna millonaria– hasta mociones plenarias propuestas por los diversos grupos políticos, pasando por la posibilidad de establecer incluso zonas saturadas de pisos turísticos o el estudio acciones aplicadas en otras localidades para valorar su posible adopción, como recordó ayer el delegado.

Ahora, el gobierno local inicia el camino para modificar el PGOU pues esta norma urbanística, que es la hoja de ruta del desarrollo de la ciudad, data de 2006, año en el que aún la legislación no recogía este fenómeno «que se ha ido incrementando exponencialmente en los últimos siete años». Por ello, el Ayuntamiento se plantea ahora la necesidad de hacer una modificación puntual para incluir esta nueva «referencia», ya que el concepto de apartamento turístico no está recogido y actualmente se asemeja al uso residencial, «cuando realmente es una actividad económica y turística». «Es necesario desgajarlo y darle una calificación distinta aunque haya temas de habitabilidad comunes», explicó Muñoz.

Una vez realizado el cambio se desarrollará una nueva ordenanza que regule la apertura de estos alojamientos. Aquí el delegado fue claro y descartó, aunque su voluntad sería la contraria, la posibilidad de establecer esas zonas saturadas pues España está sujeta a la «unidad de mercado y libertad de competencia» que promueve la Unión Europea, extremo que dificulta la implantación de posibles «limitaciones» y obliga a apostar por una regulación como tal. En cualquier caso, la norma tendrá en cuenta una zonificación de la ciudad y la cantidad de alojamientos de este tipo que existen para imponer distintas tasas, «no costará lo mismo abrir un alojamiento turístico en Sevilla Este que en la calle Castelar», y establecerá unos criterios y procedimientos comunes para «hacer convivir los usos residenciales y turísticos».

Para la elaboración de esta ordenanza «de nuevo cuño» el gobierno local quiere contar «con el mayor consenso posible» por lo que, además de hacer una encuesta abierta –que se colgará en la web municipal de participación en los próximos días–, se tendrá en cuenta las propuestas de las asociaciones de vecinos afectadas, las plataformas que combaten el fenómeno, administradores de fincas, hoteleros y la asociación de viviendas turísticas. Ambas medidas, estimó Muñoz, estarán en marcha antes de que finalice el mandato –mayo de 2019–.

Mientras se acomete esta regulación, el Ayuntamiento prevé abrir un «buzón telemático de sugerencias» para recoger las incidencias o problemas que los ciudadanos quieran trasladar.

Finalmente, el delegado lamentó que sean los organismos locales quienes deban asumir la responsabilidad de controlar la proliferación de estos apartamentos en sus ciudades ante la «inacción» por parte de los gobiernos europeos, nacionales y autonómicos. Además, recordó que el Ayuntamiento solo tiene capacidad de sancionar a aquellos pisos que incumplen normativas urbanísticas y que es la Junta de Andalucía, con quien existe una «colaboración fluida», la encargada de inspeccionar y localizar los alojamientos ilegales.
 

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