| DESTACADOS
Se establece
la diferencia entre el propietario que posee una o dos viviendas vacacionales
y el explotador profesional, dado que considera que, a partir de que se
comercialicen tres viviendas vacacionales, la actividad es profesional.
Del mismo modo,
el proyecto de anteproyecto de decreto incluye la necesidad de respetar
los convenios colectivos también para los trabajadores del alquiler
vacacional y establece unos equipamiento y estándares mínimos
que se han de cumplir. “Por ejemplo”, manifestó, “en todo momento
el propietario de la vivienda deberá estar localizable tanto para
el turista como para la comunidad”.
Otra de las
novedades del proyecto de anteproyecto es que se fomenta la colaboración
interadministrativa con relación a la instauración de un
procedimiento telemático que se pondrá a disposición
de los cabildos insulares a fin de garantizar la eficacia en las tareas
administrativas de inscripción y control.
En relación
los canales de oferta turística, estos serán responsables
de la veracidad de la publicidad e información que faciliten respecto
al alquiler de viviendas vacacionales, deben incluir el número de
inscripción en el registro general turística de la comunidad
autónoma en todo tipo de publicidad y deberán prestar colaboración
a las administraciones públicas. Además, deberán retirar
la publicidad de aquellas ofertas que la administración pública
canaria les comunique que están en situación de ilegalidad.
El periodo
de adaptación a la nueva normativa será de seis meses desde
su publicación y las viviendas que en ese momento estén adecuadamente
dadas de alta quedarán consolidadas. De esta normativa, tal y como
establece la Ley de las Islas Verdes, quedan excluidas las islas de La
Palma, El Hierro y La Gomera.
El alquiler
vacacional se permite en suelos de uso residencial y que no esté
en zonas eminentemente turísticas. Así será "hasta
tanto tenga lugar la determinación de los estándares territoriales
de implantación en el planeamiento insular, así como el régimen
de usos en el urbanístico". Esto significa que serán los
cabildos y ayuntamientos, en ejercicio de su potestad para la ordenación
del territorio y el urbanismo, respectivamente, los que finalmente decidan
si establecen excepciones al espíritu general que recoge la norma.
"No se permitirá
el uso vacacional de las viviendas cuya solicitud de licencia de construcción
tenga lugar con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto",
dispone la disposición transitoria segunda del anteproyecto presentado
ayer. Claro que de nuevo en esta ocasión emplaza a las decisiones
que tome el ayuntamiento en cuestión sobre el desarrollo del alquiler
vacacional. Prohibido hasta que la administración local decida y
la decisión puede ser la de autorizar la actividad.
Los inmuebles
dedicados hoy a un uso vacacional, están inscritos en el Registro
General Turístico y cumplen con toda la normativa en vigor tienen
garantizado el futuro de su negocio. Si el desarrollo "de las previsiones
insulares y municipales", explica la disposición transitoria cuarta,
las deja fuera de la ley, quedarán "en situación legal de
consolidación". Es decir las normas territoriales y urbanísticas
decidirán sobre las que lleguen a partir del momento en que se aprueben,
pero no sobre las del pasado.
"Se presumirá
que la actividad de alojamiento vacacional se desarrolla con carácter
profesional cuando el propietario lo sea de tres o más viviendas",
detalla el anteproyecto. En este caso, existe la obligatoriedad de tener
personal que garantice "los servicios turísticos mínimos",
tales como limpieza o asistencia telefónica 24 horas, y la suscripción
de una póliza de seguro que cubra responsabilidades civiles por
un importe mínimo de 150.000 euros.
"En ningún
caso se podrá simultanear el uso residencial con el uso complementario
de vivienda vacacional", señala el artículo 6, lo que de
facto elimina la posibilidad del conocido como bed & breakfast. Además,
cuando el inmueble destinado al alquiler turístico forme parte de
un edificio residencial, se tendrá que poner a disposición
de la comunidad de propietarios un número de teléfono que
atienda durante 24 horas las incidencias graves que se puedan producir.
DECLARACIONES
En rueda de
prensa, el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, ha comentado
que el objetivo del Gobierno es "actualizar" la normativa, ayudar a garantizar
el acceso a la vivienda de los residentes, apostar por la "sostenibilidad
y calidad" y evitar el "crecimiento desordenado" sobre el territorio.
Castellano
ha comentado que se abre la puerta a que las corporaciones locales establezcan
"excepciones" o fijen "marcos flexibles", dejando claro que por jerarquía
urbanística, primará el criterio de los cabildos en caso
de disparidad de criterios con los ayuntamientos.
Las viviendas
de alquiler vacacional tendrán seis meses para adaptarse a la nueva
normativa cuando se apruebe, y quedan fuera de la regulación las
islas verdes, tal y como quedaba recogido en su propia ley.
El anteproyecto
de decreto establece también diferencias entre los propietarios,
ya que los que posean tres o más viviendas tendrán categoría
de actividad profesional y deberán contar con trabajadores y un
equipamiento mínimo, al igual que las casas rurales.
Además,
se establece que debe haber operativo un teléfono 24 horas para
registrar incidencias.
En cuanto a
las plataformas digitales, el anteproyecto de decreto establece que las
viviendas en oferta deben contar con el número de registro y si
se detecta alguna plaza irregular, deberán ser eliminadas en un
plazo máximo de seis meses.
Para llevar
a cabo la aplicación del decreto, la Comunidad Autónoma cuenta
con una plantilla de 14 inspectores, que se apoyarán en un futuro
plan de inspección turística que atenderá "de forma
"destacada" al alquiler vacacional, ha detallado Castellano.
MOTIVOS DE
LA REFORMA.
1. Necesidad
de reforma por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
a petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El Tribunal
Superior de Justicia de Canarias anuló a petición de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia dos de las disposiciones más
polémicas del decreto de alquiler vacacional aprobado la pasada
legislatura: la que prohíbe esta actividad en zonas turísticas
y la que veta el alquiler por habitaciones.
El Supremo
ha admitido a trámite el recurso presentado por la comunidad autónoma
contra esa sentencia, por lo que el decreto sigue en vigor en su integridad
hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.
2. Más
competencias a Cabildos y ayuntamientos.
El viceconsejero
de Turismo del Ejecutivo, Cristóbal de la Rosa ha expuesto que se
está trabajando en un nuevo borrador de decreto regulador de Reglamento
de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Ha destacado que "la gran novedad" que introduce respecto al actualmente
en vigor es "la posibilidad que tiene de que permite flexibilizar a cabildos
y ayuntamientos las propias disposiciones del Gobierno".
Ello debe a
que la comunidad autónoma entiende que "son los cabildos y los ayuntamientos
los que mejor pueden, en un momento determinado, atender o no determinados
puntos de vista de sus ciudadanos, tanto de los que alquilen o no alquilen
como de los residentes, cuyos derechos son incuestionables", ha explicado.
Cristóbal
de la Rosa sostiene que hay diferencias con los cabildos en lo referente
a la implantación de la vivienda vacacional en los distintos tipos
de suelos y a la capacidad que tengan ayuntamientos y cabildos de flexibilizar
las disposiciones que establezca el Gobierno canario, ha especificado.
3. Se permitirá
alquilar habitaciones siempre que el propietario resida en la vivienda
turística.
El nuevo decreto
que prepara el Gobierno de Canarias para regular la vivienda vacacional
eliminará una de las prohibiciones más controvertidas de
la norma todavía en vigor en las islas y permitirá alquilar
habitaciones sueltas, pero siempre que el propietario de la casa resida
en ella.
4. Reacción
de la patronal hotelera.
Las patronales
hoteleras de Canarias han valorado que el nuevo decreto que prepara el
Gobierno permita a los cabildos y los ayuntamientos decidir sobre la implantación
del alquiler vacacional para atender las peculiaridades territoriales.
Así se extrae de una reunión que ha convocado el consejero
de Turismo, Isaac Castellano, con representantes de las patronales del
sector turístico para debatir el borrador del nuevo decreto del
alquiler vacacional.
El consejero
ha explicado a los medios que estas reuniones se hacen con el ánimo
de escuchar "activamente" las posiciones de los diferentes agentes sociales
con el fin de contar con el "mejor decreto posible", siendo conscientes
de que "tenemos que ser capaces de armonizar las necesidades de la población
residente con el desarrollo de una industria sostenible y de calidad",
apostilló.
Isaac Castellano
ha indicado que aunque todavía no se tienen conclusiones de la reunión,
sí se han podido definir las orientaciones generales con respecto
al nuevo decreto, que parte del principio de que más allá
de la definición de situaciones iniciales, va a dotar a cabildos
y ayuntamientos de herramientas para que tengan cierta capacidad para modular
el desarrollo del alquiler vacacional en sus territorios.
Castellano
ha querido recordar que tanto cabildos como ayuntamientos tienen sus propios
instrumentos de ordenación, por lo que van a ser capaces de definir,
primero, las proporciones entre disposición de viviendas vacacionales
frente a residenciales y, segundo, aquellos aspectos relacionados con la
zonificación a partir de una situación de partida que será
definida por el Gobierno de Canarias.
Ha incidido
en que para regular el alquiler vacacional en su integridad se requiere
de la participación de todas las administraciones, de ahí
que haya vuelto a pedir a la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián,
y al Gobierno del Estado que se reúna la conferencia sectorial porque
aspectos como la Ley de Propiedad Horizontal establece ciertas limitaciones
acerca de la regulación que el Ejecutivo canario pueda establecer.
En cuanto a
la posibilidad de que el futuro decreto prohíba el alquiler vacacional
en las zonas turísticas, el consejero insistió en que están
en un "proceso de escucha". "La posición de partida del Gobierno
es que en esas zonas, para que el residente pueda contar con viviendas,
no se permita la implantación del alquiler vacacional a no ser que
cabildos y ayuntamientos, a través de sus instrumentos de planificación
y ordenación, establezcan lo contrario", insistió.
Por parte de
las patronales hoteleras, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, afirmó
que a través de un decreto no se puede intentar "dar una solución
única a toda la realidad que hay en Canarias", de ahí que
vea lógico que se establezca una situación de partida que
permita a los cabildos y ayuntamientos, en función de sus necesidades,
reorientarla a las necesidades de la ciudadanía.
Jorge Marichal
recordó que ya existe un decreto que está en vigor y que
se tiene que seguir cumpliendo hasta que no haya un pronunciamiento del
Tribunal Supremo (TS). Asimismo, valoró el encuentro de hoy, en
tanto que "no sólo desde Turismo se tiene que arreglar este problema,
puesto que estamos en un territorio donde el 60% vive del turismo y este
nuevo modelo va a cambiar la manera de vivir de las personas, sobre todo
en centros turísticos y grandes ciudades".
En su opinión,
"tenemos que tener mucho cuidado y es bueno que se toquen todas las partes
porque esto es un tema demasiado complicado que no tiene fácil solución".
"Para que este nuevo modelo conviva con tranquilidad con todos los modelos
existentes y con la propia sociedad, la solución no va a ser única
y no va a ser fácil".
También
se mostró en contra de permitir el alquiler vacacional en zonas
turísticas, dado que "ya tienen productos para dar una solución
a las necesidades de los visitantes y se tiene que seguir defendiendo el
derecho a la vivienda de las personas que ahí residen para prestar
servicio en la industria que mueve la economía de Canarias". "Por
lo tanto, no queremos que se eche de esas zonas a la gente que reside para
dedicar esas viviendas al alquiler vacacional", remarcó.
En cualquier
caso, las patronales hoteleras no se niegan a la existencia de este nuevo
modelo turístico, toda vez que existe un alto número de clientes
que quieren este producto, pero quieren que sea de una manera "ordenada"
y en "igualdad de condiciones" para evitar lo que ya está pasando
en ciudades como Barcelona o Berlín. "Aprendamos las consecuencias
y los beneplácitos de esta nueva actividad", subrayó Marichal.
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