• La concesión de obras y de servicios
• La desaparición de la garantía de la Administración como consecuencia inexcusable de la exigencia de riesgo operacional – La Disposición Final 9ª de la Ley 40/2015: del valor de la inversión al valor de la concesión – La incorporación de ese principio a la Ley 9/2017
• Efectos de la resolución del contrato de concesión en caso de concurso, insolvencia u otras causas no imputables a la Administración concedente (artículos 280 y 295 Ley 9/2017) 

“En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de tres meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la Administración, el importe a abonar al concesionario por cualquiera de las causas posibles será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281.”

Según el periódico Expansión, Fomento busca fórmulas para vender las radiales y se plantea introducir obra nueva en el concurso al no poder licitar una concesión de servicios a largo plazo, con la que prevé captar hasta 1.000 millones. 

Se trataría de un pliego basado en una concesión de servicios (brownfield). Los abogados del Estado han advertido al Gobierno de que no es posible licitar esos peajes bajo esta fórmula, ya que no tiene encaje en el sistema de contratación pública español con los plazos de explotación que pretendía el Gobierno: dos lotes con 25 y 22 años, respectivamente. El plazo máximo en los contratos de servicios son cinco años.

Fomento analiza ahora reformular la operación a través de un contrato de concesión clásico (greenfield), introduciendo en los proyectos obra nueva. El cambio de planes, además de retrasos en el calendario previsto a comienzos de año, podría influir en las estimaciones económicas de Fomento, que pretende captar ingresos de entre 700 millones y 1.000 millones por la venta de las ocho concesiones. "Si hay que incorporar en la oferta inversión en construcción, los planes económicos financieros se van a alterar; primero porque se va a introducir riesgo de construcción y, probablemente, riesgo expropiatorio. Además, va a alterar las estimaciones de gastos, por lo que los múltiplos para calcular el valor de los activos van a sufrir", aseguran desde uno de los consorcios interesados en participar en la licitación. Los más escépticos creen que, tras este revés, es probable que Fomento se replantee aplazar la licitación a 2019 antes de forzar un concurso mal visto por los inversores interesados. Grandes fondos de inversión y operadores de infraestructuras están a la espera de conocer el pliego definitivo para decidir si participan en la privatización más esperada este año. 

Según informa Expansión, desde Fomento indicaron que la agenda no se va a alterar y que el plazo para relicitar es el mismo, es decir, adjudicar los contratos a finales de año. Según las fuentes consultadas por el mismo periódico, el error del ministerio es incomprensible, teniendo en cuenta que se trata de una eventualidad que ya se había anticipado hace años, cuando se empezó a barajar el rescate de las autopistas en riesgo de quiebra, en los ministerios socialistas de Magdalena Álvarez y José Blanco. 

Según los borradores de pliego a los que ha tenido acceso Expansión, Fomento pretendía lanzar en junio un concurso de concesión de servicios con procedimiento restringido, dividido en dos lotes. En el primer grupo, el más importante, entrarían todos los corredores radiales de Madrid (R-2, 3, 4, 5, M-12, AP-36 y AP-41). En el segundo entrarían los tramos de peaje de la AP-7: Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante. Los activos se ponen en el mercado sin deuda y, además, Fomento se ha comprometido a retirar del balance de estas concesiones la conservación y mantenimiento de tramos gratuitos como, por ejemplo, la circunvalación madrileña M-50. En función de la evolución de los tráficos, Fomento realizó unas estimaciones de ingresos elevadas. 

Según las primeras estimaciones, esta privatización podría generar entre 700 millones y 1.000 millones. En la última información facilitada por Fomento, las ocho autopistas de peaje susceptibles de ser vendidas van a generar en 2018 un ebitda de 49 millones de euros. Los cálculos se han realizado con una previsión de crecimiento de tráfico para 2018 de un 7,5% y una variación del IPC del 2%. La oferta vencedora será aquélla con el canon inicial más elevado. El movimiento del Gobierno se inscribe en su plan para reducir al máximo la factura de las radiales. El proyecto consiste en hacer coincidir en el mismo ejercicio fiscal (2018) las demandas de los accionistas por la RPA con la reventa de los activos. El Ejecutivo ya ha reconocido a Bruselas que el coste estimado de las radiales quebradas ronda los 2.000 millones, de los que unos 600 millones corresponden a créditos participativos. Teóricamente, los otros 1.400 millones corresponden a la RPA.