"Hay una herida en la ciudad, una rotura ocasionada por las vías y los terrenos semiabandonados", ha continuado la catedrática, que ha expuesto cómo las necesidades específicas de las mujeres en el diseño urbano parten de tres premisas: el uso de la ciudad que hacen hombres y mujeres es distinto como consecuencia de los cuidados de niños, mayores y dependientes --tareas que asumen mayoritariamente las mujeres--; la percepción de inseguridad que tienen es mayor que la de los hombres; y la feminización de la pobreza (afectando más a las víctimas de violencia de género, inmigrantes y mayores).

En la evaluación, sus responsables han valorado distintos campos: la vivienda protegida, la vía pública, el transporte, los equipamientos y los espacios de trabajo y en lo que respecta a Madrid Nuevo Norte, se ha planteado un modelo de ciudad compacta, de distancias cortas y relativa densidad.

"Una ciudad con un buen sistema de transporte público y espacios públicos seguros y de calidad, con una oferta diversificada de vivienda protegida, con mezclas de usos en todas las escalas y dotada de un sistema de equipamientos de proximidad, complementario a los ordinarios, dirigido al cuidado tanto de mayores como de menores", ha indicado.

De este modo, se ha valorado en la evaluación la reserva de un 20 por ciento (el doble de lo establecido por la ley) de vivienda protegida, muy destacable desde "el punto de vista de género porque dadas las condiciones particulares de las mujeres, las hacen más dependientes de este tipo de vivienda", ha manifestado, subrayando el caso especialmente de las familias monoparentales, víctimas de violencia de género o de las que están al cuidado de personas con discapacidad.

También se ha tenido en cuenta la red de transporte público intermodal propuesta, pues han detectado que todas las parcelas tienen acceso --como máximo, a 200 metros-- a alguna de las modalidades de transporte. Esto, según el estudio, tendrá un impacto positivo en los barrios colindantes y permitirá descongestionar el tráfico de la zona.

Desde la perspectiva de género también se ha valorado la seguridad en los espacios públicos, como las zonas verdes repartidas por todas las zonas o la iluminación nocturna de las aceras. "Se ha incluido un criterio de intensidad lumínica que permita reconocer a las personas a una cierta distancia y las caras", ha explicado la asesora.

También destacan los trazados de las nuevas calles, que lo que hacen es "coser esta ruptura en la ciudad y construir un tejido urbano donde desaparecen los desniveles que ahora hay, con esos pasos de separación de tráfico rodado, que generan tantos espacios de inseguridad, en el entorno de la estación de Chamartín", ha indicado.

Y es que ha recordado que a día de hoy "no se puede entrar casi a pie" en la estación y que está lleno de "espacios intrasitables para mujeres solas según qué momentos". Este aspecto lo han destacado en el sentido de que hay muchas mujeres que por la percepción de inseguridad o de riesgo a una agresión sexual dejan de ir a determinados sitios.

Otro punto que se ha valorado en el estudio desde la perspectiva de género es la reserva de suelos dotacionales que en un futuro podrán albergar equipamientos y servicios públicos de proximidad, que afectarán a los barrios colindantes, muchos de ellos con población de rentas más bajas y que actualmente sufren carencias de este tipo, ha indicado.

En cuanto al gran centro de negocios con oficinas que se construirá junto a la estación de Chamartín, el informe destaca la "mezcla de usos" que se planea para crear una "potente" área de actividad, con presencia de vivienda, equipamientos y comercios. En este sentido, se ha valorado la existencia de zócalos (plantas bajas y primeras alturas) en los edificios de oficinas, que podrán albergar estos comercios o servicios de apoyo a la conciliación.

De este modo, se evitan los modelos existentes actuales con centros de negocios vacíos en días y horarios que no son laborales y que también generan inseguridad. "Esta mezcla es fundamental para facilitar las tareas de la vida cotidiana, como ir a comprar, y la seguridad", ha añadido Sánchez de Madariaga.

Esta experta asesora trabaja desde hace meses con Distrito Castellana Norte revisando toda la documentación técnica del proyecto para ver estas "cuestiones de seguridad, cuidado y provisión de servicios", que se podrán establecer, en definitiva, "a través de la mezcla de usos, de la calidad del espacio público y de la seguridad en el diseño".

"Hombres y mujeres hacen un uso distinto de la ciudad: ellos se mueven de manera más pendular, mientras que ellas tienen una movilidad poligonal, con viajes encadenados": llevar al niño al colegio, ir a trabajar, hacer la compra de camino, acompañar a un familiar al médico, hacer gestiones del hogar.

Este "rol de cuidados" que asume la mujer, "afecta a todos los campos del urbanismo, a cómo están localizados los equipamientos, el transporte público", según Sánchez. "Otro aspecto importante es la seguridad del espacio público: las mujeres tienen una percepción distinta de esta", por ello es clave la trama de calles, la iluminación y la imbricación de paradas de transporte intermodal.

"Todas las parcelas de nueva creación tendrán acceso a una parada de transporte público en un radio de 200 metros. Las mujeres son sus principales usuarias", afirma la profesora.

"Los técnicos que han diseñado el proyecto han recibido formación específica en materia de género", señala Sánchez para añadir el tercer aspecto del informe: "la pobreza relativa que es mayor en las mujeres y la población infantil", lo que genera mayor dependencia de los servicios y prestaciones públicas.

"Un 20% de las viviendas serán protegidas, el doble de lo que exige la normativa. Hemos valorado muy positivamente este porcentaje, principalmente para mujeres que son cabeza de familia", subraya.

También es "innovadora, muy avanzada, la mezcla de usos del terreno, incluso en la escala de la parcela". No habrá zonas exclusivamente de oficinas, que puedan volverse inseguras por la noche. "Se mezclan los usos en un entorno inmediato para que haya gente a distintas horas todos los días", explica.

Y en la zona de oficinas -el Centro de Negocios- "los zócalos en planta baja y primera planta permiten mezclar usos", detalla.

Además, una "gran cantidad de parcelas están asignadas a equipamientos de distinto tipo", y el Ayuntamiento de Madrid está haciendo un estudio sobre estas dotaciones para "servir a las necesidades de los barrios colindantes".

La evaluación global "es positiva": desde el porcentaje de vivienda social, la seguridad del espacio público, las infraestructuras de transporte, la localización de los equipamientos y los grandes esfuerzos por la mezcla de usos", valora.

A través de la reserva de suelo y la "novedosa" mezcla de usos, con "integración de usos no terciarios en plantas bajas y primeras plantas", se busca crear "una ciudad viva, vibrante, donde haya gente a distintas horas", afirma.

La seguridad en el parque lineal -sobre las vías soterradas- se basa en los principios de la ONU de 'Safer cities': "ver y ser vista; oír y ser oída; poder escapar y pedir ayuda, en un entorno ordenado donde haya ojos que vean. También en criterios de luminosidad mínima, que permita el reconocimiento incluso de las caras a pocos metros", detalla.

La evaluación no está terminada, "se van analizando los documentos según van saliendo", por lo que la experta pide que "en las asignaciones pendientes haya usos de atención tanto a los menores como a los mayores".

El proyecto "genera un tejido urbano muy bien conectado, muy imbricado, con una tupida red de transporte intermodal", y será un "elemento importante de cosido de las heridas de la ciudad", concluye esta asesora en materia de género de ONU Habitat.

ANTECEDENTES MAYO 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el plan urbanístico de Boadilla del Monte, que ya estaba aprobado por la Comunidad de Madrid, porque la Dirección General de la Mujer (dependiente del Ejecutivo autonómico) no realizó un informe de impacto de género que garantice la igualdad entre hombres y mujeres en el desarrollo de ese plan. La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM el pasado 19 de abril, pone en peligro el urbanismo de la región, ya que pueden ser muchos los municipios madrileños que tampoco hayan cumplido con este trámite. La denuncia la puso un vecino de esta localidad (50.000 habitantes) del oeste de la región. El consistorio, gobernado por el PP, ha señalado a El Confidencial que recurrirá la sentencia.

Boadilla aprobó en marzo de 2015 su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que plantea la construcción de un máximo de 26.000 viviendas para los próximos 15 años y un crecimiento poblacional de hasta 78.000 vecinos. Con este plan la localidad no agota todo su suelo urbanizable, ya que en la zona sur de la Ciudad Financiera del Banco Santander todavía hay un millón y medio de metros cuadrados sin desarrollar reservados para el futuro. También salvaguarda el entorno del Palacio del Infante Don Luis, el principal monumento arquitectónico de la ciudad, e incrementa la protección del famoso monte del municipio. 

Meses después, el 20 de octubre de 2015, la Comunidad de Madrid ratificó el plan (requisito imprescindible) porque "se adapta plenamente a la normativa legal urbanística y medioambiental y refuerza de manera especial la protección del medio natural de Boadilla".

Sin embargo un particular recurrió la decisión de la comunidad y reclamó al TSJM la nulidad del plan de Boadilla. 

El plan se había aprobado sin la previa emisión de informe alguno sobre impacto de género, siendo el mismo preceptivo al tratarse de una disposición de carácter general.

El Gobierno regional, que había aprobado el plan diseñado por Boadilla, defendió ante el TSJM que ese informe de género no era "un documento necesario", ya que solo es "una disposición general pero no un reglamento propiamente dicho". Además, las dos leyes en vigor en Madrid son posteriores a la aprobación del plan urbanístico del municipio. Se trata de la 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, que en su artículo 21 regula que "todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género por quien reglamentariamente se determine". Y la 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, que también señala que "las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o expresión de género".

El TSJM, no obstante, señala que aunque es cierto que cuando se aprobó el plan de Boadilla por parte de la comunidad "aún no estaban en vigor los preceptos legales que se acaban de reproducir", una sentencia del Tribunal Supremo, que ya anuló en noviembre de 2015 otro plan urbanístico aprobado por la Junta de Andalucía porque esta no emitió el informe sobre impacto de género que la propia legislación andaluza exige, deja claro que "sí debía haberse observado lo dispuesto en el entonces vigente artículo 24 de la Ley 50/1997, modificado por la Ley 30/2003, pues, a la postre, en ausencia de normativa específica autonómica, el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid prevé el carácter, en todo caso, supletorio del Derecho del Estado respecto del propio de la Comunidad Autónoma". El TSJM también invoca en su justificación para anular el plan de Boadilla la ley del Gobierno socialista de Zapatero de 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Estas dos leyes "conducen a esta Sala", señala la sentencia, "a concluir que no solo es preceptivo sino, más aún, necesario el informe de impacto del que carece el instrumento de ordenación que aquí nos ocupa. Y es que, aunque, por el momento, los pronunciamientos jurisdiccionales hayan sido muy escasos al respecto, lo cierto es que la ciencia urbanística y la doctrina científica se están encargando cada vez más de poner en concreto valor, de modo activo y práctico, lo que la normativa legal ya avanza aunque sea solo de modo genérico. Asume por ello esta Sala que no carece precisamente de relevancia sino todo lo contrario que el planificador, con base en los oportunos estudios demográficos, deba considerar el impacto de género".

El TSJM culpa a la Comunidad de Madrid de la ausencia de dicho informe y exonera al Ayuntamiento de Boadilla de cualquier responsabilidad, ya que el plan fue sometido a información pública y remitido a los órganos competentes del Gobierno regional para la emisión de los informes preceptivos, entre los que no está el informe de impacto de género, que según el Decreto 197/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, debía haberse emitido por la Dirección General de la Mujer.