| Para Housing
Europe, la crisis económica podría haber supuesto un punto
de inflexión para que los gobiernos invirtieran en vivienda asequible
y social. Sin embargo, constatan que ha habido “poco cambio” en política
de vivienda. Y los que ha habido como la Ley de Arrendamientos Urbanos
de 2013, en España, pueden haber servido para azuzar la subida de
precios del alquiler, con contratos de tres años y mayor indefensión
para el inquilino, según denuncian sus críticos.
Según
el informe de vivienda de 2017 de la organización sobre las tendencias
de la vivienda en Europa, la recuperación económica ha significado
también la subida generalizada de precios de los inmuebles, creciendo
de manera más acelerada que los ingresos en la mayoría de
los países europeos. En el caso español, los salarios subieron
el año pasado un 1,41% según los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social sobre alzas pactadas en convenio, los precios
inmobiliarios un 4,2% en venta y un 18,4% en alquiler.
La vivienda
es el principal gasto de los europeos, lo que ha llevado a incrementar
los niveles de personas sin hogar. De hecho, los europeos en riesgo de
pobreza han pasado de un 35,9% antes de la crisis a 39,3% en la actualidad.
En el caso de España, Housing Europe recuerda la “fuerte tendencia”
de los españoles a la propiedad, fomentada tanto por el mercado
como por las políticas públicas. Pero la crisis económica
ha aumentado el porcentaje de personas que viven de alquiler (sobre todo
jóvenes) y que ahora alcanza el 15,4% del total, solo un 2,5% del
mismo social.
El próximo
Plan de Vivienda del Gobierno español, que se presentará
la próxima semana, incluye la concesión de ayudas públicas
directas al alquiler y a la compra para determinados colectivos.
Según
algunos expertos esto se puede traducir en subidas de los precios. Para
Housing Europe las ayudas directas para la compra o el alquiler, en el
contexto de un déficit de vivienda asequible y sin regulación,
puede acabar suponiendo un incremento de los precios. No debería
verse como un sustituto de la provisión activa de viviendas asequibles.
Por ejemplo,
en Reino Unido se ha reducido el presupuesto en vivienda social, pero al
final el Gobierno ha terminado pagando lo mismo a través de subvenciones
para vivienda. La inmensa mayoría de estas ayudas va a personas
que alquilan en el sector privado y hay un problema con la asequibilidad,
la falta de seguridad en la titularidad y la ausencia de controles de calidad.
VER
INFORME DE ESPAÑA
EL PROBLEMA
EN BARCELONA Y MADRID
La alcaldesa
de Barcelona reclama las competencias sobre vivienda que en España
recaen principalmente sobre las comunidades autónomas y el Estado:
“por cada cien euros que gasta este ayuntamiento en política de
vivienda, la Generalitat gasta 23 y el Estado 10”, dijo. La alcaldesa se
comprometió a que de entonces a cuando acabe su mandato habrá
4.400 nuevas viviendas sociales en Barcelona. Según fuentes del
consistorio, el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona gestiona 7.267
pisos de alquiler. Si se suman las viviendas de alquiler asequible de fundaciones
y organizaciones sociales, hay 11.000 pisos de alquiler asequible.
En Barcelona,
en lo que va de mandato el Ayuntamiento ha entregado 505 pisos del Instituto
Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB, en sus siglas en
catalán) y asegura que a finales de mandato serán 900 y habrá
3.000 más en marcha (en obras, licitadas o en proyecto).
En el caso
de Barcelona, las vías para aumentar la bolsa incluyen otras fórmulas,
como agotar la edificabilidad en bloques ya construidos, estudiar la posibilidad
de convertir bajos vacíos en vivienda (una cuestión muy polémica
entre expertos), hacer pisos prefabricados provisionales en solares municipales
o crear una sociedad mixta —con un socio privado— que construya y gestione
el parque.
El ayuntamiento
de Madrid ha obtenido de la Sareb en usufructo 100 viviendas y ha adquirido
a bancos y particulares 40 más.
La oposición
alerta de que de los 4.200 pisos prometidos, solo un 20% está en
obras y que falta suelo para 1.800 nuevas viviendas.
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