La consellera
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio,
María José Salvador, anunció ayer a los alcaldes de
la Vega Baja con los que se reunió en Valencia, que la Generalitat
va a elaborar un Plan de Acción Territorial, PAT, de la comarca
con el objetivo de «mejorar la toma de decisiones territoriales y
garantizar la sostenibilidad de su crecimiento en los próximos años».
Un plan contra
el que ya se pronunciaron los principales constructores y abogados urbanistas
de la Vega Baja ahora hace un año, cuando fue anunciado en unas
jornadas de Urbanismo por los técnicos de la Generalitat.
Además,
la consellera informó que «en los próximos meses se
va a licitar la redacción del Plan de Movilidad Sostenible de la
Vega Baja. Su ámbito será similar al del Plan de Acción
Territorial y su contenido y enfoque estarán plenamente coordinados
entre sí». A la reunión con la consellera, a la que
también acudieron los directores general de Ordenación del
Territorio, Lluis Ferrando, y de Obras Públicas, Carlos Domingo,
fueron convocados los alcaldes de Orihuela, Redován, Almoradí,
Torrevieja, Rafal, Guardamar del Segura, Rojales, Callosa de Segura y Pilar
de la Horadada.
Salvador explicó
que el PAT de la Vega Baja servirá para realizar un «diagnóstico
de los grandes potenciales del área funcional, con especial hincapié
en las experiencias de planificación del pasado, la evolución
de la población y sus perspectivas futuras, la actividad económica
y sus demandas de suelo, los principales elementos de la infraestructura
verde y los problemas de la movilidad y conectividad en la comarca».
También se pretende definir, ordenar y gestionar la infraestructura
verde de la Vega Baja, que cuenta con espacios agrícolas de elevado
interés y con presencia de elementos del patrimonio cultural hidráulico
excepcionales. Es decir, señalar y consolidar los suelos no urbanizables.
«Todo ello vertebrado por el río Segura». También
hizo referencia a la proposición no de ley aprobada recientemente
por les Corts para proteger la Huerta del Segura de forma similar a la
Huerta de Valencia en forma de PAT .
El Consell
no da plazos de elaboración -podría licitarse antes de final
de año y tiene que poner en común la opinión de 27
municipios-. Sí aporta otros detalles más teóricos:
el PAT será un instrumento que también servirá para
analizar la estructura poblacional y de asentamientos urbanos de la Vega
Baja, con el fin de intentar solucionar el problema de las futuras demandas
de suelo dentro del marco de la Estrategia Territorial de la Comunitat
Valenciana, adecuándola a la realidad territorial de la comarca
como están demandando muchos ayuntamientos. De la misma forma, puntualizó
Salvador, el PAT de la Vega Baja dará respuesta también «a
las necesidades de suelo para actividades económicas, especialmente
las logísticas y las industriales ligadas al cluster agroalimentario
para el que la comarca cuenta con grandes potencialidades y procurará
un marco de entendimiento y cooperación supramunicipal entre todos
los actores públicos y privados de la comarca de la Vega Baja».
Igualmente,
analizará la movilidad supramunicipal en la comarca, sus conexiones
con Elche, Alicante, València y el resto de la Comunitat y orientará
la movilidad hacia pautas de mayor sostenibilidad y eficiencia.
El Plan de
Acción Territorial será un instrumento de ordenación
supramunicipal. Es decir, sus directrices serían vinculantes sobre
los planes generales municipales, algo que asusta a los ayuntamientos dependientes
del «monocultivo» de la vivienda residencial,que en los últimos
años han visto cómo la Generalitat rechazaba cualquier intento
de liberar suelo. Algo limitado desde 2011 por la regulación de
la Estrategia Territorial de la Comunidad, y deja al mínimo cualquier
iniciativa de reclasificación basándose en las grandes bolsas
de suelo desarrolladas durante treinta años.
Mientras que
el plan de movilidad contempla una potente campaña de encuestas
de movilidad, un plazo de ejecución de 20 meses y un presupuesto
aproximado de 500.000 euros, el plan territorial no contempla todavía
esos detalles.
ANTECEDENTES
25.04.2017
La administración
autonómica admite que la iniciativa exige un nivel de consenso muy
difícil de lograr, pero advierte que no va a modificar la legislación
que limita ahora los crecimientos de viviendas turísticas. Ha sido
en el transcurso de las Jornadas de Urbanismo organizadas por el Ayuntamiento
de Torrevieja.
ETCV: son
las siglas de una auténtica pesadilla para abogados urbanistas y
alcaldes con ambiciones de crecimiento "como el de antes de la crisis"
en la Vega Baja. Las siglas de Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
Aprobadas por la Generalitat en 2011 en adaptación a una normativa
europea para limitar crecimientos desaforados y que "queman" un recurso
limitado, como lo es el agua o la energía: el suelo.
La Generalitat
no tiene intención de abrir la mano a las demandas de crecimiento
de la Vega Baja modificando esa normativa. Se va a ceñir a lo que
dispone ahora. Lo que se traduce en reclasificaciones muy discretas con
respecto a lo que demandan ayuntamientos y promotores. Eso es lo que ha
dicho hoy el subdirector de Ordenación del Territorio, Vicente Doménech,
en su intervención en las Jornadas de Urbanismo organizadas por
el Colegio de Abogados de Orihuela, de la mano del Ayuntamiento de Torrevieja.
Las jornadas han sido inauguradas por el alcalde José Manuel Dolón
(Los Verdes) en el Centro de Desarrollo Turístico.
Desde la
administración autonómica solo se han planteado dos posibilidades,
más teóricas que prácticas, para intentar flexibilizar,
que es lo que plantean ayuntamientos y promotores. La primera: que el uso
de suelo para construir vivienda turística se considere como terreno
ocupado para una actividad económica, como el terciario o el industrial.
Lo que permitiría que esos suelos no se computaran exclusivamente
como residenciales, también con el valor añadido de generar
una actividad económica. Sin embargo, el técnico ha aclarado
que para cumplir esta premisa todas las viviendas tendrían que estar
registradas como actividad económica, reguladas también desde
el punto de vista fiscal, y lograr que el turismo residencial sea contemplado
como el turismo convencional desde el punto de vista legal.
La otra
alternativa: la elaboración de un Plan de Acción Territorial
de la Vega Baja, en el que se deberían poner de acuerdo los 28 municipios
de la comarca a la hora de situar las nuevas zonas de crecimiento, pero
que a su vez permitiría que éstas fueran mayores. Algo que
el propio Doménech ha calificado de difícil ejecución
-además de suponer una tramitación de varios años-,
teniendo en cuenta iniciativas para consensuar, por ejemplo, suelos industriales
mancomunados, que no logran salir adelante en otros puntos de la Comunidad
Valenciana, con población y número de municipios implicados
de mucha menor entidad.
La ECTV,
-a través de una fórmula matemática que cifra la ocupación
del suelo, con distintas variables, como el tamaño actual del suelo
consolidado sobre el total del municipio o su población-, impiden
en estos momentos que se vayan a aceptar las previsiones de liberar suelo
terreno propuestas por la mayor parte de municipios que llevan años
tramitando sus respectivos planes generales de ordenación urbana.
Es, por ejemplo, el caso de Orihuela, Los Montesinos, San Miguel de Salinas
(que tiene previsto retomar de nuevo el PGOU, tras ver cómo el Tribunal
Supremo tumbaba su anterior proyecto iniciado en 2003), Daya Vieja o Benejúzar.
Por ejemplo, solo dos de los planes urbanísticos que quedan por
ejecutar en Orihuela Costa y planteados desde 1990, colmatan cualquier
perspectiva de reclasificación de suelo para este término
municipal durante las próximas dos décadas.
Las ETCV
restringen cualquier reclamación de reclasificación de suelo
y las acepta como prolonganciones de los cascos urbanos ya consolidados,
"la ciudad compacta", en especial porque es un modelo que consume menos
recursos en servicios públicos. Además limitan en muchos
casos a la mínima expresión cualquier propuesta de creación
de nuevos suelos urbanos aislados: el modelo en el que se ha basado el
motor económico de la Vega Baja, la construcción de vivienda
turístico residencial, viviendas vacacionales o segundas residencias.
Por ejemplo, el PGOU de Los Montesinos planteaba reclasificar dos millones
de metros y en estos momentos las revisiones lo rebajan a poco menos de
medio millón.
Anticipándose
a lo que le iban a reclamar, Doménech, que ha matizado que es técnico,
no político, ha explicado esas restricciones ante los responsables
políticos y técnicos de muchos de esos municipios, además
de conocidos abogados urbanistas, que trabajan tanto para las principales
promotoras dueñas de terrenos, como, en algunos casos asesores de
esos municipios.
Lo han escuchado
responsables de promotoras como TM, Mahersol, Marjal. También se
encontraban entre el público veteranos letrados en el sector como
Enrique Serrano o Rafael Martínez Campillo. O los alcaldes de Daya
Vieja, Rafael Vives, Los Montesinos, José Manuel Butrón,
el edil de Urbanismo de San Miguel de Salinas, Sergio Correas o la promotora
del evento, la edil Fanny Serrano, concejal de Urbanismo de Torrevieja,
ciudad que quiere licitar la redacción de la revisión del
PGOU.
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