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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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23 de marzo de 2018
 
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PLAN TERRITORIAL QUE LIMITA EL SUELO URBANIZABLE DE LA VEGA BAJA DE ALICANTE
¿Qué aprendo? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
  • Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre los efectos prácticos del nuevo plan territorial
La Generalitat no tiene intención de permitir las demandas de crecimiento de la Vega Baja modificando esa normativa. Se va a ceñir a lo que dispone ahora. Lo que se traduce en reclasificaciones muy discretas con respecto a lo que demandan ayuntamientos y promotores. Dos posibilidades, más teóricas que prácticas, para intentar flexibilizar, que es lo que plantean ayuntamientos y promotores. La primera: que el uso de suelo para construir vivienda turística se considere como terreno ocupado para una actividad económica, como el terciario o el industrial. Lo que permitiría que esos suelos no se computaran exclusivamente como residenciales, también con el valor añadido de generar una actividad económica. Sin embargo, el técnico ha aclarado que para cumplir esta premisa todas las viviendas tendrían que estar registradas como actividad económica, reguladas también desde el punto de vista fiscal, y lograr que el turismo residencial sea contemplado como el turismo convencional desde el punto de vista legal.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, anunció ayer a los alcaldes de la Vega Baja con los que se reunió en Valencia, que la Generalitat va a elaborar un Plan de Acción Territorial, PAT, de la comarca con el objetivo de «mejorar la toma de decisiones territoriales y garantizar la sostenibilidad de su crecimiento en los próximos años».

Un plan contra el que ya se pronunciaron los principales constructores y abogados urbanistas de la Vega Baja ahora hace un año, cuando fue anunciado en unas jornadas de Urbanismo por los técnicos de la Generalitat.

Además, la consellera informó que «en los próximos meses se va a licitar la redacción del Plan de Movilidad Sostenible de la Vega Baja. Su ámbito será similar al del Plan de Acción Territorial y su contenido y enfoque estarán plenamente coordinados entre sí». A la reunión con la consellera, a la que también acudieron los directores general de Ordenación del Territorio, Lluis Ferrando, y de Obras Públicas, Carlos Domingo, fueron convocados los alcaldes de Orihuela, Redován, Almoradí, Torrevieja, Rafal, Guardamar del Segura, Rojales, Callosa de Segura y Pilar de la Horadada.

Salvador explicó que el PAT de la Vega Baja servirá para realizar un «diagnóstico de los grandes potenciales del área funcional, con especial hincapié en las experiencias de planificación del pasado, la evolución de la población y sus perspectivas futuras, la actividad económica y sus demandas de suelo, los principales elementos de la infraestructura verde y los problemas de la movilidad y conectividad en la comarca». También se pretende definir, ordenar y gestionar la infraestructura verde de la Vega Baja, que cuenta con espacios agrícolas de elevado interés y con presencia de elementos del patrimonio cultural hidráulico excepcionales. Es decir, señalar y consolidar los suelos no urbanizables. «Todo ello vertebrado por el río Segura». También hizo referencia a la proposición no de ley aprobada recientemente por les Corts para proteger la Huerta del Segura de forma similar a la Huerta de Valencia en forma de PAT .

El Consell no da plazos de elaboración -podría licitarse antes de final de año y tiene que poner en común la opinión de 27 municipios-. Sí aporta otros detalles más teóricos: el PAT será un instrumento que también servirá para analizar la estructura poblacional y de asentamientos urbanos de la Vega Baja, con el fin de intentar solucionar el problema de las futuras demandas de suelo dentro del marco de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, adecuándola a la realidad territorial de la comarca como están demandando muchos ayuntamientos. De la misma forma, puntualizó Salvador, el PAT de la Vega Baja dará respuesta también «a las necesidades de suelo para actividades económicas, especialmente las logísticas y las industriales ligadas al cluster agroalimentario para el que la comarca cuenta con grandes potencialidades y procurará un marco de entendimiento y cooperación supramunicipal entre todos los actores públicos y privados de la comarca de la Vega Baja».

Igualmente, analizará la movilidad supramunicipal en la comarca, sus conexiones con Elche, Alicante, València y el resto de la Comunitat y orientará la movilidad hacia pautas de mayor sostenibilidad y eficiencia.

El Plan de Acción Territorial será un instrumento de ordenación supramunicipal. Es decir, sus directrices serían vinculantes sobre los planes generales municipales, algo que asusta a los ayuntamientos dependientes del «monocultivo» de la vivienda residencial,que en los últimos años han visto cómo la Generalitat rechazaba cualquier intento de liberar suelo. Algo limitado desde 2011 por la regulación de la Estrategia Territorial de la Comunidad, y deja al mínimo cualquier iniciativa de reclasificación basándose en las grandes bolsas de suelo desarrolladas durante treinta años.

Mientras que el plan de movilidad contempla una potente campaña de encuestas de movilidad, un plazo de ejecución de 20 meses y un presupuesto aproximado de 500.000 euros, el plan territorial no contempla todavía esos detalles.

 
ANTECEDENTES 25.04.2017 

La administración autonómica admite que la iniciativa exige un nivel de consenso muy difícil de lograr, pero advierte que no va a modificar la legislación que limita ahora los crecimientos de viviendas turísticas. Ha sido en el transcurso de las Jornadas de Urbanismo organizadas por el Ayuntamiento de Torrevieja.

ETCV: son las siglas de una auténtica pesadilla para abogados urbanistas y alcaldes con ambiciones de crecimiento "como el de antes de la crisis" en la Vega Baja. Las siglas de Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Aprobadas por la Generalitat en 2011 en adaptación a una normativa europea para limitar crecimientos desaforados y que "queman" un recurso limitado, como lo es el agua o la energía: el suelo.

La Generalitat no tiene intención de abrir la mano a las demandas de crecimiento de la Vega Baja modificando esa normativa. Se va a ceñir a lo que dispone ahora. Lo que se traduce en reclasificaciones muy discretas con respecto a lo que demandan ayuntamientos y promotores. Eso es lo que ha dicho hoy el subdirector de Ordenación del Territorio, Vicente Doménech, en su intervención en las Jornadas de Urbanismo organizadas por el Colegio de Abogados de Orihuela, de la mano del Ayuntamiento de Torrevieja. Las jornadas han sido inauguradas por el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) en el Centro de Desarrollo Turístico.

Desde la administración autonómica solo se han planteado dos posibilidades, más teóricas que prácticas, para intentar flexibilizar, que es lo que plantean ayuntamientos y promotores. La primera: que el uso de suelo para construir vivienda turística se considere como terreno ocupado para una actividad económica, como el terciario o el industrial. Lo que permitiría que esos suelos no se computaran exclusivamente como residenciales, también con el valor añadido de generar una actividad económica. Sin embargo, el técnico ha aclarado que para cumplir esta premisa todas las viviendas tendrían que estar registradas como actividad económica, reguladas también desde el punto de vista fiscal, y lograr que el turismo residencial sea contemplado como el turismo convencional desde el punto de vista legal.

La otra alternativa: la elaboración de un Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, en el que se deberían poner de acuerdo los 28 municipios de la comarca a la hora de situar las nuevas zonas de crecimiento, pero que a su vez permitiría que éstas fueran mayores. Algo que el propio Doménech ha calificado de difícil ejecución -además de suponer una tramitación de varios años-, teniendo en cuenta iniciativas para consensuar, por ejemplo, suelos industriales mancomunados, que no logran salir adelante en otros puntos de la Comunidad Valenciana, con población y número de municipios implicados de  mucha menor entidad.

La ECTV, -a través de una fórmula matemática que cifra la ocupación del suelo, con distintas variables, como el tamaño actual del suelo consolidado sobre el total del municipio o su población-, impiden en estos momentos que se vayan a aceptar las previsiones de liberar suelo terreno propuestas por la mayor parte de municipios que llevan años tramitando sus respectivos planes generales de ordenación urbana. Es, por ejemplo, el caso de Orihuela, Los Montesinos, San Miguel de Salinas (que tiene previsto retomar de nuevo el PGOU, tras ver cómo el Tribunal Supremo tumbaba su anterior proyecto iniciado en 2003), Daya Vieja o Benejúzar. Por ejemplo, solo dos de los planes urbanísticos que quedan por ejecutar en Orihuela Costa y planteados desde 1990, colmatan cualquier perspectiva de reclasificación de suelo para este término municipal durante las próximas dos décadas.

Las ETCV restringen cualquier reclamación de reclasificación de suelo y las acepta como prolonganciones de los cascos urbanos ya consolidados, "la ciudad compacta", en especial porque es un modelo que consume menos recursos en servicios públicos. Además limitan en muchos casos a la mínima expresión cualquier propuesta de creación de nuevos suelos urbanos aislados: el modelo en el que se ha basado el motor económico de la Vega Baja, la construcción de vivienda turístico residencial, viviendas vacacionales o segundas residencias. Por ejemplo, el PGOU de Los Montesinos planteaba reclasificar dos millones de metros y en estos momentos las revisiones lo rebajan a poco menos de medio millón.

Anticipándose a lo que le iban a reclamar, Doménech, que ha matizado que es técnico, no político, ha explicado esas restricciones ante los responsables políticos y técnicos de muchos de esos municipios, además de conocidos abogados urbanistas, que trabajan tanto para las principales promotoras dueñas de terrenos, como, en algunos casos asesores de esos municipios.

Lo han escuchado responsables de promotoras como TM, Mahersol, Marjal. También se encontraban entre el público veteranos letrados en el sector como Enrique Serrano o Rafael Martínez Campillo. O los alcaldes de Daya Vieja, Rafael Vives, Los Montesinos, José Manuel Butrón, el edil de Urbanismo de San Miguel de Salinas, Sergio Correas o la promotora del evento, la edil Fanny Serrano, concejal de Urbanismo de Torrevieja, ciudad que quiere licitar la redacción de la revisión del PGOU.

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