No obstante, la experiencia adquirida desde la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, y el aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, ha revelado la necesidad de dotar de un régimen jurídico propio a la cesión temporal de una vivienda para disfrute vacacional mediante la eliminación de los requisitos técnicos innecesarios o desproporcionados relativos a accesorios de la vivienda y equipamiento mínimo.

Por ello es necesario regular aquellas viviendas, que no reuniendo los requisitos establecidos en el Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, ofertan el servicio de alojamiento turístico, a fin de establecer unas mínimas garantías para los usuarios, tener un censo de viviendas de uso turístico en Cantabria para eliminar su clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística, así como eliminar regulaciones innecesarias, estableciendo procedimientos más ágiles mediante la minimización de las cargas administrativas así como de las duplicidades de control a través de diferentes administraciones, en aras a la garantía de la unidad de mercado que constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española.