| Las comunidades
de vecinos podrán vetar, si así lo recogen sus estatutos,
que haya pisos turísticos en sus edificios. Es una de las novedades
de la modificación del decreto que regula este tipo de negocios
que ya fue aprobado por la Comunidad de Madrid en 2014 y que ahora el Gobierno
regional que preside Cristina Cifuentes quiere cambiar e impulsar de nuevo,
ya que fue anulado por los tribunales. Otra de las novedades es que los
dueños de estas viviendas tendrán que informar a la Policía
Nacional sobre la identidad de sus clientes. Si además sale adelante
la propuesta del Ejecutivo autonómico las plataformas que operan
en la región, como Airbnb, serán consideradas empresas turísticas,
y como tal estarán sujetas al régimen sancionador de la Ley
de Ordenación del Turismo.
La Comunidad
de Madrid ha iniciado los trámites para aprobar el decreto que regula
las viviendas de uso turístico, aprobado en julio de 2014, y que
había quedado desfasado por varias sentencias. "Madrid no tiene
los problemas de Barcelona", ha señalado la presidenta Cristina
Cifuentes, pero "sí tenía un vacío legal". En toda
la región hay unos 17.000 inmuebles que se alquilan a través
de estas plataformas. La primera novedad del nuevo decreto es que todos
los propietarios que quieran entrar en el negocio deberán contar
con un Certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT),
un documento técnico cuya finalidad es garantizar al cliente que
la vivienda donde se aloja cumple con unos parámetros determinados
de seguridad (disponer de un extintor), ventilación directa al exterior,
y condiciones de agua y energía, como disponer de calefacción
o agua fría y caliente.
COMUNIDADES
DE VECINOS
Si una comunidad
de vecinos así lo decide por mayoría y lo incluye en sus
estatutos podrá vetar en su edificio que algún propietario
dedique su vivienda a un uso turístico. Una prohibición que
se incluye y otra que se quiere levantar: permitir el alquiler de habitaciones
sueltas y eliminar el requisito de contratación por un tiempo inferior
a cinco días, algo que pedía el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid). Según Cifuentes, la nueva normativa no quiere ser "prohibicionista",
pero sí regulará mucho más a las plataformas de viviendas
turísticas, que estarán sujetas al régimen sancionador
de la Ley de Ordenación del Turismo cuando incumplan las normas
básicas de convivencia.
Esta última
medida, la de poder sancionar, es sin duda la más ambiciosa, ya
que la legislación europea no es muy dura con empresas como Airbnb,
a las que el Gobierno regional quiere considerar empresas turísticas.
Por ejemplo, el Ejecutivo autonómico creará una figura inexistente
hasta ahora, los "Canales de Oferta Turística", donde estarán
incluidas estas plataformas. Se considerará infracción grave
no cumplir las obligaciones de información, que incluye que la vivienda
está en el registro que quiere constituir la Comunidad, tener un
seguro de responsabilidad civil, disponer de hojas de reclamación
o respetar la ratio de capacidad de personas que se pueden alojar en función
del tamaño de la vivienda.
Otra de las
principales novedades es que los propietarios tendrán que remitir
a la Dirección General de la Policía la información
relativa a las personas alojadas en sus inmuebles. El borrador del nuevo
decreto se publicará este miércoles en el Portal de la Transparencia
de la Comunidad de Madrid y habrá un plazo de 15 días de
información pública para interponer alegaciones. El texto
podrá ser así enmendado por la patronal de hosteleros, los
vecinos y las propias plataformas de alquiler. Normalmente el tiempo de
tramitación de un decreto oscila entre ocho y doce meses, pero la
Comunidad tiene especial énfasis en agilizarlo todo lo posible.
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