En un auto, el juez acepta investigar la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009. Además, el magistrado requiere a Bankia, como sucesora de Caja Madrid, que le certifique quienes integraban entre 2003 y 2009 el consejo de administración de La entidad, la comisión ejecutiva, la comisión de control, la dirección general financiera y de medios y la gerencia de riesgos.

La fiscalía anticorrupción se había opuesto argumentando que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada 

La querella que ahora se va a investigar relata las conductas acontecidas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido".

La fiscalía anticorrupción se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

El juez argumenta que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y  producido pérdidas millonarias 

En su auto el juez argumenta que procede investigar esas conductas de la querella y que, de tener relevancia penal, encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, ya que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad. El juez añade que " el hecho de que la sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica".

Después de incorporar un informe de la inspección del Banco de España el magistrado concluye que, en esta fase inicial, se sustenta indiciariamente que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos.

Según el auto judicial, "al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados", y esos préstamos, algunos de 20 años o más, se concedieron a personas extranjeras con permisos temporales de residencia o con trabajos de uno o dos años de validez. Para el juez, esas prácticas hicieron derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo, algo que, en ciclos de recesión, como el actual, explican el mayor retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, si se las compara con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, la acumulación de pérdidas para la entidad.

 
ANTECEDENTES  19 JUL. 2016

La Audiencia Nacional ha rechazado hoy investigar la concesión sistemática de hipotecas sobrevaloradas por parte de Caja Madrid entre 2003 y 2009, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, al admitir un recurso presentado por el exdirector general de entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha aceptado el recurso presentado por Barcoj y ha rechazado la querella presentada el pasado 30 de marzo por dos particulares.
El titular del juzgado central de instrucción número 5, José de la Mata, consideró al admitir la querella que existían indicios de varios posibles delitos, entre ellos estafa, además de asociación ilícita y falsedad documental, ya que los hechos habrían repercutido gravemente en la economía nacional.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, Barcoj y otros directivos de la entidad financiera habrían permitido el falseamiento y ocultación de las cuentas de la entidad mediante una práctica sistemática apoyada en la tasadora del grupo.
Tasaciones Madrid valoraba los inmuebles hipotecados por encima de su precio, lo que permitió ocultar la concesión de préstamos "por encima del 100 % del precio de la compraventa".
La Sala entiende que no es posible hablar de una mala práctica generalizada, dado que los casos analizados son únicamente cien, e indica que la diferencia entre el precio de compraventa y el valor de tasación pudo obedecer en muchos casos a que se escrituró un precio inferior al real.
En el proceso de compraventa y en el de fijación del precio, recuerda el auto, no interviene la entidad financiera,
Es cierto que algunas operaciones contaban con un informe de tasación "de baja calidad", pero después de que comenzaran a caer los precios de la vivienda.
"Lo que es difícil de probar se convierte en un delito imposible", señala el auto, que recuerda que la tasación de un inmueble tiene una vigencia de tres meses, muy poco en un contexto de gran volatilidad del mercado inmobiliario.
Caja Madrid, entiende el auto, no "engañó" a los que compraron cédulas hipotecarias referenciadas a los préstamos, que obtuvieron el retorno previsto de su inversión.
Asimismo, no se ha demostrado que la caja tuviera una "normativa expresa y detallada de orden interno" sobre las tasaciones, sino que aplicaba políticas de riesgo
En cualquier caso, las tasaciones se pueden considerar "inveraces" o erróneas, señala la Sala, pero no "inauténticas" o falsas.
Respecto de la acusación de malversación de caudales públicos, el auto destaca que los investigados,los directivos de Caja Madrid, no eran servidores públicos, "ni los caudales concertados en los préstamos eran públicos", sino de inversores y socios.
Además, añade que Bankia "no es sucesora directa de Caja Madrid", por lo que la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se produjo después de los hechos denunciados.
En la práctica, la sucesora de Caja Madrid es la actual Fundación Montemadrid, que heredó sus órganos de gobierno, pero el juez De la Mata requirió a Bankia, que recibió el negocio financiero de la entidad, la documentación relativa a los principales órganos de decisión durante el periodo investigado.
En marzo, cuando se presentó la querella, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a su admisión argumentando, entre otras razones, que la sobrevaloración de las tasaciones fue "una práctica generalizada" por todas las entidades.
Por ello, la Fiscalía consideró ya el pasado mes abril que los hechos denunciados "no tenían relevancia penal", y descartó la comisión de los delitos.