Díaz Tezanos ha explicado que, después de ser sometido a información pública este anteproyecto ahora se encuentra "en trámite interno" dentro del Gobierno, a la espera de los informes que sobre ella tendrán que elaborar las distintas consejerías para que pueda pasar ya esta normativa a los servicios jurídicos generales del Gobierno autonómico para que pueda llegar al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Díaz Tezanos ha señalado que esta nueva Ley del Suelo, como se conoce popularmente a esta Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de Cantabria, es, con sus 343 artículos, "probablemente una de las leyes más densas de esta legislatura".

Esta nueva Ley del Suelo acota y fija en dos años el periodo transitorio en que se podrá construir vivienda unifamiliar en suelo rústico sin plan especial, una medida que el anterior Ejecutivo del PP introdujo en la pasa legislatura, y posibilita que los ayuntamientos instauren una tasa municipal que gravará la ejecución de este tipo de construcciones.

Esta tasa municipal se pagará una vez, en el momento en que se solicite al Ayuntamiento la licencia para ejecutar la vivienda y su cuantía oscilará entre el 3% y el 5% del presupuesto de obra y cada ayuntamiento tendrá que regular esta nueva tasa en sus ordenanzas fiscales y establecer qué porcentaje, dentro del tramo establecido, cobra.

Otras novedades de la nueva ley del suelo son la creación de un Registro Público de Planeamiento y Gestión Urbanística de Cantabria, que recogerá los instrumentos y planes de ordenación del territorio y gestión urbanística que se aprueben dentro de la comunidad.

También se crean en esta norma las cédulas y los certificados urbanísticos, a través de los que los ayuntamientos informarán sobre las circunstancias urbanísticas de las fincas del municipio o de edificio.

En el anteproyecto se unifica, además, el régimen jurídico del suelo urbano, sin distinguir entre consolidado y no consolidado; se centraliza en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) la petición de informes sectoriales autonómicos en la elaboración del planeamiento.

Además, en materia de ordenación del territorio se procede a una regulación más detallada de los denominados Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) y se procede a una desclasificación automática del suelo urbanizable una vez transcurridos los plazos para proceder a su urbanización.

También se admite la posibilidad de que en el suelo urbanizable productivo se autorice previamente a la ejecución del sector alguna instalación compatible, garantizando la participación en el proceso de equidistribución. Se procede también en esta nueva ley a una "mayor flexibilización" de los distintos instrumentos de planeamiento y así los planes parciales, planes especiales o estudios de detalle podrán en determinados casos modificar el Plan General y se introducen medidas para la eficiencia energética o para la accesibilidad que ya figuran en la legislación estatal y no contemplaba la norma de 2001.

Por otra parte, se fija en la cantidad de 5.000 personas el límite para el pequeño municipio, se modifica la concepción del avance del PGOU para dejarlo como un sencillo documento; se simplifican los trámites necesarios para la aprobación de los distintos instrumentos urbanísticos, y se introducen las normas urbanísticas transitorias en caso de anulación del planeamiento.

Y, en el suelo no urbanizable se procede a una regulación detallada de los usos mineros en el subsuelo. 

 
ANTECEDENTES

10 de febrero de 2017 
 
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ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA
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Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las novedades de la nueva ley del suelo de Cantabria.
Entre las novedades es que se introducen en el anteproyecto de ley del suelo de Cantabria aparece una nueva tasa por aprovechamiento urbanístico en suelo rústico, que oscilará entre el tres y el cinco por ciento de la obra. Una tasa que cobrarán los ayuntamientos por la construcción de viviendas unifamiliares, para compensar el coste que supone dotarlas de los servicios generales de agua, luz o abastecimiento. Con el fin de evitar la dispersión de población rural y concentrar el desarrollo en aquellos núcleos más compactos. Por ello, la nueva Ley del Suelo exigirá la redacción de planes especiales para construir viviendas unifamiliares en suelos rústicos, aunque habrá un período transitorio de dos años en el que se mantendrá el régimen legal actual.
 
 
 

El director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, asegura que el objetivo de estos planes generales es garantizar “una ordenación más racional del suelo”. A cambio, el Gobierno simplificará los trámites para su redacción y prestará asesoramiento técnico.
 

La vicepresidenta regional ha expuesto los objetivos generales de un anteproyecto de ley que pretende aportar seguridad jurídica y acabar con las malas prácticas urbanísticas que se han dado en los últimos años.

Según Tezanos, se trata de ocupar el suelo con prudencia,  favorecer un urbanismo sostenible y respetuoso con los valores ambientales; así como incentivar la actividad económica y la creación de empleo.

El anteproyecto incluye también la figura de las normas urbanísticas transitorias en el caso de anulación de los planes generales, como ha ocurrido recientemente con los de Laredo y Santander.

En este sentido, ha insistido en que la nueva Ley del Suelo, y no la Ley de Acompañamiento, es el marco jurídico para dar cobertura legal al planeamiento de la capital.

El anteproyecto  debe someterse a una serie de informes técnicos y jurídicos. Como mínimo, habrá que esperar un mes a que sea aprobado por el Gobierno de Cantabria y después iniciar su tramitación parlamentaria.

Finalmente, la nueva ley del suelo establecerá un periodo transitorio de dos años en el que se podrá construir este tipo de edificaciones sin plan especial, una petición que habían realizado varios municipios, e incluirá un nuevo impuesto municipal que va a permitir a los ayuntamientos gravar la construcción con una cuantía de entre el 3% y el 5% del presupuesto de la obra.

LA NUEVA TASA

Según ha explicado durante una rueda de prensa la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), esta tasa municipal se pagará una sola vez, en el momento en que se solicite al Ayuntamiento correspondiente la licencia para ejecutar la vivienda, y será el propio ayuntamiento el que regule el impuesto en sus ordenanzas fiscales. 

A juicio del Gobierno, esta nueva tasa es una "compensación" por el coste que supone llevar los servicios hasta este tipo de construcciones y el objetivo es que el ayuntamiento tenga, gracias a la recaudación de este impuesto, una "caja de recursos" para atender las necesidades de los nuevos vecinos.

Durante la comparecencia, el director general de  Urbanismo, Francisco González Buendía, ha insistido en que estas medidas servirán para "fijar población" en el territorio, poniendo cota a la despoblación en el ámbito rural, al tiempo que incide en la tendencia que va hacia la "compactación" y el "uso prudente" del suelo. "Es la dispersión la que provoca sobrecostes en la financiación de los servicios públicos", ha subrayado la vicepresidenta en este sentido.

OTRAS NOVEDADES

Este anteproyecto de ley, que incluye un total de 343 artículos, ha quedado listo después de que se hayan incorporado el 85% de las alegaciones y propuestas planteadas durante el proceso de participación pública del borrador.

Entre las novedades de la nueva Ley del Suelo que ha destacado la responsable de Urbanismo en Cantabria están la creación de un Registro Público de Planeamiento y Gestión Urbanística, que recogerá los instrumentos y planes de ordenación del territorio y gestión urbanística que se aprueben dentro de la comunidad, y las cédulas y los certificados urbanísticos, a través de los que los ayuntamientos informarán sobre las circunstancias urbanísticas de las fincas del municipio o de un edificio en un plazo de tres meses desde la solicitud.

También hay medidas dirigidas a agilizar los planeamientos y, por ejemplo, se da la posibilidad a los municipios de que puedan presentar y tramitar sus PGOU a la vez que los planes especiales que contemplen.

Díaz Tezanos ha vuelto a defender la necesidad de esta nueva Ley del Suelo para garantizar "más seguridad jurídica" al urbanismo de Cantabria, favorecer las actividades económicas y el empleo, facilitar la rehabilitación de edificios y ocupar el suelo de forma "prudente", frenar la dispersión y favorecer núcleos "más compactos".

  
ANTECEDENTES 31 de enero de 2017  
 
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LA FUTURA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA Y EL PLANEAMIENTO DE SANTANDER 
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• Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las precauciones legales en caso de utilizar la futura ley del suelo de Cantabria para solucionar la nulidad del planeamiento urbanístico de Santander. 
El Ayuntamiento de Santander ha propuesto una solución contra la nulidad del Plan General se incluya, de forma urgente, en la Ley de Medidas que acompaña al Presupuesto. El concejal de Urbanismo, César Díaz, ha enviado un informe a Peña Herbosa en el que los juristas municipales avalan añadir unas normas transitorias en la actual Ley del Suelo. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, lo ha remitido a los grupos parlamentarios y a los técnicos de los distintos departamentos del Gobierno para que lo analicen. Según Francisco González Buendía, director general de urbanismo "con independencia del criterio jurídico, siempre discutible, existe otro elemental de oportunidad. Si está en trámite la futura Ley del Suelo de Cantabria no parece en absoluto aconsejable utilizar el atajo propuesto", señaló a este periódico el titular de esta cartera. El estudio elaborado por los juristas del Ayuntamiento se remite a tres sentencias del Tribunal Constitucional y una del Supremo que acreditan la Ley de Medidas como un instrumento válido para incluir soluciones de este tipo.  
"Esta normativa no es la de Presupuestos, por tanto no es factible aplicarle ninguno de los límites o prohibiciones de por sí excepcionales que la Constitución ha previsto para el instrumento presupuestario", señala un fallo del TC del año 2011.  
El informe pone como ejemplo Galicia, donde actualmente se está tramitando una "modificación similar" por el Parlamento. De hecho, la reforma gallega, igual a la que propone el Ayuntamiento de la capital cántabra, "ni siquiera está prevista incluirla en la Ley del Suelo que aprobaron el año pasado, operará a modo de texto independiente". 
Frente a esta posición, el Gobierno defiende que también "existen otras opiniones que piensan justamente lo contrario y que a nivel estatal ya no se utilizan las Leyes de Acompañamiento desde 2004". 
El informe también destaca los numerosos antecedentes de modificaciones de la normativa urbanística que existen en la comunidad autónoma. De hecho, la actual Ley del Suelo se ha modificado siete veces en los últimos años a través de la Ley de Medidas del Presupuesto. Y ninguno de esos cambios, continúa el documento, "ha sido anulado por haberse insertado en una Ley de Acompañamiento, si lo ha hecho es por otros motivos de fondo, ajenos absolutamente al instrumento jurídico empleado para su aprobación". González Buendía cree, por el contrario, que ese cúmulo de modificaciones sufridas suponen un motivo más para no apoyar otra. "Creemos que ha llegado el momento de elaborar el texto definitivo y de no legislar a golpe de problemas", señaló. 
Los juristas municipales destacan que, mientras el Gobierno pone reparos a esta solución urbanística para Santander, sí que prevé incluir una modificación de la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Desde el PSOE reconocen esto, pero matizan que se trata de un cambio "absolutamente puntual y de contenido estrictamente económico, como es el porcentaje de cesión en los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR)". 
El PP ya ha anunciado que presentará la enmienda parcial para minimizar los efectos de la anulación del Plan General, pero se da por hecho que la mayoría parlamentaria formada por PSOE, PRC y Ciudadanos la rechazará. Los regionalistas animan a los populares a intentar solucionarlo con una Proposición de Ley que verían con buenos ojos. 
DECLARACIONES 
El director general de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco González Buendía, en relación a las medidas que se pueden adoptar tras la anulación del PGOU de Santander por el Tribunal Supremo, insiste en que la mejor vía para dar una salida a esta anulación es la nueva Ley del Suelo que su departamento tiene prácticamente ultimada y que contiene, además,  partes redactadas en la anterior legislatura capitaneada por el PP. Esta nueva ley estima que pueda entrar en el Parlamento de Cantabria a primeros de marzo. 
Buendía recuerda que las normas urbanísticas transitorias que el ayuntamiento de Santander pretende se introduzcan a través  de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, no es la fórmula adecuada y que en todo caso no son de aplicación inmediata, puesto que su entrada en vigor necesitaría de meses de tramitación al igual que una Proposición de Ley o la propia Ley del Suelo. Estas dos últimas, en su opinión, tendrían más garantías jurídicas. 

ANTECEDENTES 26 de abril de 2016  
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ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Cantabria. El Gobierno de Cantabria ya tiene ultimado el anteproyecto de la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, según ha explicado la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, durante la Mesa Sectorial de Diálogo Social de Medio Ambiente y Política Territorial. El Gobierno prevé presentar el proyecto de ley en el Parlamento de Cantabria el próximo otoño.  La característica fundamental del anteproyecto de ley del suelo de Cantabria es dotar a la comunidad autónoma de una nueva 'ley del suelo' que regulará, entre otros aspectos, el derecho al realojo de una forma "general" y no situaciones "específicas" de ayuntamientos.  
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Las directrices del paisaje es otra de las normas en las que actualmente está trabajando el departamento que dirige Díaz Tezanos y que será trasladado a los órganos y entidades implicadas para aportaciones y sugerencias, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.  
Además, la vicepresidenta ha reiterado la disposición del Ejecutivo a colaborar y acatar las decisiones judiciales en lo que se refiere a las viviendas con sentencias de derribo. Díaz Tezanos ha asegurado que la postura del Gobierno sigue siendo la de defender los derechos de los propietarios y trabajar con los ayuntamientos con los que está manteniendo reuniones mensuales y en ocasiones cada semana. 
La consejera también se ha referido a la colaboración que el Ejecutivo está prestando a todos los ayuntamientos que requieran la colaboración del Gobierno para elaborar sus planeamientos urbanísticos, y ha precisado que a día de hoy el departamento que dirige está manteniendo reuniones periódicas con varios municipios que están elaborando sus planes generales. 
Además, la vicepresidenta ha reiterado la disposición del Ejecutivo a colaborar y acatar las decisiones judiciales en lo que se refiere a las viviendas con sentencias de derribo. Díaz Tezanos ha asegurado que la postura del Gobierno sigue siendo la de defender los derechos de los propietarios y trabajar con los ayuntamientos con los que está manteniendo reuniones mensuales y en ocasiones cada semana. 
La consejera también se ha referido a la colaboración que el Ejecutivo está prestando a todos los ayuntamientos que requieran la colaboración del Gobierno para elaborar sus planeamientos urbanísticos, y ha precisado que a día de hoy el departamento que dirige está manteniendo reuniones periódicas con varios municipios que están elaborando sus planes generales.