Para la Comunidad, estas mesas "no tenían cabida en la Ley del Suelo actual", al ser un proceso que no se recoge en la misma. Otro de los puntos que criticó la Comunidad fue el informe del Ayuntamiento de 29 de abril de 2016 derivado de las citadas mesas, que recogía lo discutido en las mismas.

Defendieron también que el Consistorio no podía formular la renuncia del convenio anterior en el pleno de 2016 porque "la personalidad jurídica seguía siendo la misma", y que, a su vez, no hizo publicidad de esas actuaciones notificando a las partes implicadas en el proyecto.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvoreiteró en varias ocasiones que no entiende por qué la Comunidad de Madrid mantenía este recurso "de forma unilateral" cuando el resto de partes (Distrito Castellana Norte y el Ministerio de Fomento a través de Adif) han pedido la suspensión de procedimientos similares y no han participado en éste.

Calvo sostuvo que es "momento de hablar, de llegar acuerdos" y que mantener abiertos estos procesos judiciales "no ayuda nada a alcanzar el objetivo de cerrar un acuerdo que beneficie a todas las partes".

El delegado explicó que se encuentran en un proceso de diálogo para desarrollar un nuevo plan, para el que todavía no se ha alcanzado un acuerdo, que "resuelva una brecha urbana que lleva paralizada 25 años". Además, Calvo se ha mostrado "convencido" de que se terminará llegando a una solución y de que "es el momento de que se ponga en marcha".

CLAVES

La Comunidad de Madrid mantenía un recurso interpuesto en mayo de 2016, cuando el equipo de Gobierno de Ahora Madrid tumbó unilateralmente el convenio firmado en enero de 2015 por Fomento, BBVA y la entonces alcaldesa Ana Botella. La situación se recondujo a finales de 2016 gracias a la buena relación entre la alcaldesa Manuela Carmena y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Adif (Fomento) y Distrito Castellana Norte (BBVA) retiraron su recurso tras el preacuerdo de julio.  

Con la postergación de la apelación ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el TSJM no resolverá todavía. Es el último obstáculo a una operación que se empezó a negociar en 1993, hace 24 años.

Según fuentes de la Comunidad, el recurso responde a la búsqueda “seguridad jurídica” a través de “un informe que así lo garantice”, especialmente tras el rechazo unilateral del antiguo convenio. El preacuerdo de julio reduce sustancialmente el número de viviendas con relación al plan de 2015 (de 17.000 a 11.000 pisos), pero aumentaba la capacidad del sector terciario (oficinas).

Las negociaciones continúan, basadas en cuestiones de ordenación urbanística. Es decir, lo más importante: por dónde irá la prolongación de calles, dónde el futuro centro de convenciones, qué tamaño tendrán las calles o qué dotación de servicios habrá para los futuros barrios que nazcan del soterramiento de la Estación de Chamartín. 

SITUACIÓN ACTUAL

La Operación Chamartín (rebautizada Madrid Nuevo Norte) parecía a finales de julio definitivamente desbloqueada 24 años después de que se dieran los primeros pasos para una gran operación urbanística en el norte de Madrid. Pero al principio de acuerdo del 26 de julio entre ayuntamiento, Ministerio de Fomento y BBVA se presentó un recurso judicial de la Comunidad de Madrid, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El recurso, que puede bloquear judicialmente todo lo pactado, viene de mayo de 2016, cuando el ayuntamiento de Madrid paralizóó unilateralmente el convenio firmado en enero de 2015 por Fomento, BBVA y la entonces alcaldesa Ana Botella y, entre otras cosas, redujo el número de viviendas de 17.000 a 4.500. El 26 de julio pasado se firmó el acuerdo, con 11.000 viviendas, 2,8 millones de metros cuadrados (frente a los 3,3 de Botella) y muchas cuestiones por resolver aún.

El recurso se planteó en mayo de 2016, pero fue retirado por BBVA y Fomento

BBVA, a través de su filial Distrito Castellana Norte (DCN) y Fomento se adhirieron en su día al recurso, elaborado desde la Abogacía del Estado. Pero al retomarse las negociaciones ambos solicitaron su suspensión. El pasado 13 de noviembre, la Comunidad de Madrid se opuso a dicha suspensión y demanda ahora a todas las partes: Consistorio, DCN y otros más pequeños implicados en la operación como la Junta de Compensación de Fuencarral, el Arzobispado de Madrid… hasta un total de diez. El letrado del Ejecutivo comunitario justificó la no suspensión del recurso “habida cuenta que implica una dilación innecesaria del procedimiento de impugnación de un acuerdo que se considera contrario a derecho, y que debe resolverse cuanto antes por los intereses afectados”.

Sin embargo, el recurso señala que “el hecho de que se continúe con el procedimiento no empece a que se puedan llegar a acuerdos en cualquier momento de la sustanciación de estos autos antes de la sentencia, sin necesidad de que se suspenda el procedimiento”. En otras palabras, las discusiones relativas a la ordenación urbanística podrán continuar sin perjuicio de que el proceso judicial arruine Madrid Nuevo Norte. Pero tampoco facilitaría las cosas.