Consecuentemente, el Plan Nacional de Depuración se aprobó en 1995 y en él se precisaban las actuaciones que debían llevarse a cabo para el cumplimiento de las exigencias europeas, como por ejemplo: depuradoras que había que construir, ampliar, completar o adaptar; la correcta gestión de los sistemas de depuración mediante la creación de entes supramunicipales o el establecimiento de cánones de saneamiento.

En 1995, se habían construido en España 500 depuradoras (aunque no todas cumplían las exigencias de la Directiva) y el nivel de cobertura era del 40% en relación a la totalidad de la carga contaminante expresada en habitantes equivalentes. Entre 1995 y 2005, se construyó y aseguró el mantenimiento de mil depuradoras, alcanzando una cobertura del 80% en 2005, lo que mejoró considerablemente la calidad del agua de los ríos y la costa (en portada, la EDAR de Benidorm, Consorcio de Aguas de la Marina Baja).

En el año 2000 entró en vigor la Directiva Marco del Agua (DMA), que pretendía unificar las actuaciones de la Unión Europea y alcanzar un “buen estado” de las masas de agua para 2015. La respuesta a las nuevas exigencias europeas fue la aprobación en 2005 del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que se diseñó con el mismo horizonte temporal que la DMA y tenía el objetivo de lograr el total cumplimiento de los requerimientos europeos.

Una gestión adecuada del agua requiere un equilibrio entre sus valores económicos y sus valores medioambientales, sociales y culturales. La DMA establece un nuevo modelo de uso del agua que puede denominarse modelo medioambiental o de crecimiento sostenible, en contraposición con los modelos tradicionales de desarrollo de la oferta y en línea con algunos aspectos de los modelos de gestión de la demanda. En los modelos de crecimiento sostenible se debe de potenciar y estimular el uso de tecnologías más eficientes, tanto desde un punto de vista ambiental como económico. Bajo esta nueva concepción, la calidad del agua es una restricción para el desarrollo de la actividad económica y los precios del recurso deben ser fijados de forma que, además de englobar el coste de oportunidad, reflejen la escasez y los daños producidos en el medio.

Según un informe de 2014, España no cumple con la legislación comunitaria en materia de depuración del agua urbana. El nivel de cobertura es cercano al 90% del total en relación con la carga contaminante, pero está especialmente alejado de cumplir los objetivos que fija la DMA para la depuración en municipios de más de 10.000 habitantes, ya que solo el 32% de estos municipios españoles cuenta con los sistemas de depuración terciarios que exige la legislación comunitaria (PriceWaterhouseCoopers, 2014).

Por Comunidades Autónomas, con datos de 2010, aquellas que no alcanzan el 80% en cuanto a grado de conformidad con la Directiva 91/271/CEE son: Andalucía, Canarias, Castilla - la Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco.

LA DEPURACIÓN 

El aumento de los volúmenes depurados no va a significar un incremento automático de la reutilización ya que existen diversos factores que pueden frenar su extensión, como son: la falta de regularidad en la calidad del efluente depurado en algunas estaciones depuradoras; la necesidad de utilizar los efluentes depurados para garantizar los caudales ecológicos, especialmente en los momentos de estiaje o épocas de sequía; la dificultad de convertir las demandas potenciales en reales, fundamentalmente en el caso de la reutilización en riego agrícola, debido a la resistencia de los agricultores a sustituir los recursos tradicionales por el agua regenerada; y, por último, la ausencia de una cultura de la planificación en la toma de decisiones respecto a las actuaciones de reutilización, que implica la adopción de iniciativas sin los necesarios estudios de viabilidad.

Todavía estamos lejos de cumplir con todos los requerimientos de Europa y sigue siendo necesario que se habiliten mecanismos para potenciar la reutilización y la adecuación de los sistemas existentes a las exigencias de calidad más estrictas.