El sur de León es la zona de la provincia que más ayuntamientos se regirán por la planificación provincial, así como la comarca de La Bañeza, Cabrera, y parte de la Maragatería y el Bierzo. En la zona norte es donde menos municipios carecen de normas subsidiarias municipales.

Las normas provinciales regirán en ayuntamientos para los que resulta especialmente gravoso contratar la redacción de su planeamiento urbanístico. De todos a los que afectarán, sólo una docena disponen de Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, documento que constatación de la realidad de cuáles son los terrenos que en el término municipal cumplen los requisitos de urbanización básica o consolidación de la edificación, pero no son instrumentos de planeamiento urbanístico.

En el resto no existe ningún tipo de planeamiento, excepto las normas provinciales de 1991. Perderán vigencia en aquellos municipios que decidan afrontar la redacción de sus normas subsidiarias municipales.

Según apuntaron alcaldes consultados, la normativa urbanística provincial tiene como ventaja y a la vez inconveniente su carácter más general, dado que debe aplicarse en comarcas tan dispares de toda la provincia, de forma que determinadas restricciones que, de otra forma, impondrían los ayuntamientos a las nuevas edificaciones no se contemplan. Esta característica otorga cierta libertad a los vecinos a la hora de acometer determinadas obras.

Las provinciales incluirán los mismos apartados que otras normas subsidiarias, con memoria informativa que describa la localización, extensión, límites geográficos y núcleos de población, así como un análisis histórico y otro socioeconómico población y estructura económica, entre otros documentos.

Además, incluirá una memoria vinculante con los objetivos y propuestas que adopta el instrumento de planeamiento, una propuesta de dotaciones urbanísticas, la protección de determinados espacios bien de tipo, cultural o medioambiental, la normativa urbanística, con las determinaciones para el suelo urbano y para todas las categorías de suelo rústico de los municipios sin instrumentos de planeamiento municipal. Añadirá un catálogo de elementos protegidos, así como los planos pertinentes.

Con un presupuesto base de licitación de 200.000 euros, incluidos impuestos, el proceso de redacción de las normas se ejecutará en cuatro fases: un avance —memoria informativa y planos—, que se presentará a los seis meses de la firma del contrato; el documento de aprobación inicial, que tendrá un plazo de entrega de 12 meses; la aprobación definitiva, con un plazo igual al anterior, que empezará a contar una vez finalice el periodo de información pública; y el documento final, fase de menor duración —tres meses—, que, sin embargo, habrá de esperar el informe favorable del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio.

OTRAS PROVINCIAS

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también licita en estos momentos las normas urbanísticas provinciales para Valladolid —donde el proceso de adjudicación está ya muy avanzado, y Soria. En los tres casos el presupuesto base de licitación es el mismo. Cabe destacar que en Soria el planeamiento servirá a 128 de sus 183 municipios —en León no alcanza a la mitad— que suponen el 51% de la superficie de esta provincia —en el caso leonés, ronda una tercera parte—.