| Para Juan
Antonio Ortiz Orueta, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura,
la ley supone «un cambio de paradigma». Como indica, la Lsotex
se planteó para controlar el desarrollo urbano y evitar excesos
en grandes promociones de viviendas. Esto perjudicó a las pequeñas
poblaciones, que se encontraron con unas herramientas muy complejas para
actuaciones menores.
Debido a que
la crisis ha frenado el desarrollo urbanístico de las grandes ciudades
de la región, y teniendo en cuenta que el 90% de los municipios
de la comunidad tiene menos de 5.000 habitantes, Ortiz considera un acierto
poner el foco en las zonas rurales para tratar de evitar su abandono y
despoblamiento.
Juan Antonio
Ortiz destaca que la nueva ley cambia la denominación del suelo
no urbanizable, que es todo aquel que no es urbano. A partir de ahora se
llamará suelo rústico, con lo que se eliminará una
connotación negativa. La calificación urbanística,
necesaria para promover actividades en estos espacios, pasará a
denominarse calificación rústica.
Pero no se
trata solo de un cambio de nombre. La propuesta de la Junta es que el suelo
rústico esté vinculado a usos de energías renovables,
instalaciones de turismo rural, ocio, esparcimiento y prácticas
deportivas, investigación, desarrollo y agroindustrias; así
como otros que resulten compatibles con la conservación de sus valores.
Se amplía el restrictivo abanico que recoge la Lsotex.
Juan Antonio
Ortiz destaca también otros aspectos, como las mejoras en materia
de coordinación entre administraciones, la simplificación
de trámites y el aumento de la competencia municipal.
LOS MUNICIPIOS
DE MENOS DE 5000 HABITANTES
Destaca la
distinción entre municipios de base territorial, que serán
todos los núcleos de población de menos de 5.000 habitantes,
y los de relevancia, los que superen esa población. Lo rural es
lo común y lo urbano la excepción.
Los municipios
de base podrán acogerse a una tramitación simplificada, que
también se extenderá a localidades de menos de 10.000 habitantes
y a casos puntuales en ciudades más grandes.
INDICADORES
DE URBANIZACIÓN
Otra de las
novedades de la ley es que plantea que los indicadores de urbanización
se midan no por metros cuadrados, como actualmente, sino en relación
a la población. Por ejemplo, se establece que en el diseño
de un plan se deberá contar con al menos 5 metros cuadrados de zona
verde por habitante. En la ley actual el mínimo es de 15 metros
cuadrados por cada cien de techo. Antes se tomaba como referencia el desarrollo
urbanístico y ahora serán las personas.
ANTECEDENTES
8 DE NOVIEMBRE DE 2017
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
REFORMA
DE LA LEY DEL SUELO DE EXTREMADURA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Extremadura
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Los alumnos
deberán remitir a su tutor un análisis sobre características
de la reforma del urbanismo extremeño.
La consejera
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña
García Bernal, anunció que la Administración regional
está trabajando en una nueva ley del suelo para sustituir a la actual,
que data del año 2001 y que se ha modificado en seis ocasiones.
García Bernal lo anunció en la inauguración del encuentro
'Mi ciudad, mi territorio', que se celebró en el Palacio de Congresos
de Mérida, dentro de la segunda edición de los Premios de
Urbanismo y Ordenación del Territorio. La consejera espera que esta
nueva ley, que han denominado de ordenación territorial urbanística
sostenible de Extremadura, pueda ser debatida en la Asamblea a finales
del primer semestre de 2018. En este sentido, aseguró que es hora
de dejar de poner parches y abordar una ley «acorde a los nuevos
tiempos, con la mirada puesta en la sostenibilidad, la perspectiva de género
y la paulatina despoblación de los pequeños municipios».
Esta nueva
ley va a ser una herramienta muy potente para hacer «más normal
en la ley lo que ya es normal en la calle», apuntó.
Entre las
características de la nueva normativa, destacó la participación
a la hora de elaborar el texto, ya que han participado agentes sociales
y económicos, con «asociaciones de todo tipo, y muy especialmente
con los ayuntamientos». García Bernal valoró el trabajo
de los arquitectos y jurídicos extremeños que, de manera
voluntaria, llevan dos años «realizando un trabajo callado,
para que la ley salga hoy en el portal de transparencia de la Junta».
Esta ley
«no solo tratará el suelo como elemento motor de la economía
regional, sino que le reconoce sus características de sostenibilidad,
que le otorga al suelo, al vuelo y al cielo, la protección necesaria»,
dijo.
ANTECEDENTES
7 de noviembre de 2017
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
PROYECTO
DE LEY DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y DE SIMPLIFICACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS DE EXTREMADURA.
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Extremadura.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Los alumnos
deberán remitir a su tutor un análisis sobre las novedades
del Proyecto de ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación
de Procedimientos Urbanísticos de Extremadura.
Proyecto
de ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación
de Procedimientos Urbanísticos de Extremadura. Esta ley supondrá
una notable simplificación de los trámites y la burocracia
en la tramitación de planes generales, revisiones y sus modificaciones
de carácter estructural, tramitación de modificación
y revisión de los planes territoriales. La consejera de Medio Ambiente
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García,
señala la necesidad de legislar ante la situación que se
había generado en los últimos años de desarrollo
exponencial de una compleja trama de intervención administrativa
donde cada vez más agentes y organismos reclaman ser actores en
los procesos de ordenación urbanística y territorial en aras
a garantizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo y para dotar de
seguridad jurídica a los proyectos.
Esta ley,
según la consejera, nace del fruto del consenso y la participación
de numerosas entidades del sector e impondrá racionalidad y eficiencia
en la simplificación administrativa, "la transparencia" y el "apoyo"
a las autoridades locales y a los ayuntamientos en la elaboración
de los planes generales municipales y los planes territoriales.
“No tiene
ningún parangón similar en ninguna comunidad autónoma
que medio ambiente y urbanismo estén juntos con unos plazos", ha
asegurado la consejera, quien ha destacado la pues en marcha del “silencio
positivo”, es decir, que si no ha llegado el informe en el tiempo pertinente,
se considera que es positivo y sigue el procedimiento
García
ha detallado que se trata de una ley que pretende establecer el marco normativo
que permita coordinar e integrar la emisión de los informes sectoriales
en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de
ordenación urbanística y territorial cuando su aprobación
definitiva corresponda a los órganos urbanísticos y de ordenación
del territorio, propio de la Junta de Extremadura.
De esta
manera se pondrá en marcha un procedimiento de coordinación
intersectorial, para auxiliar a las administraciones promotoras de planeamientos
urbanístico y territorial en la obtención y tramitación
de los informes sectoriales y se pondrá en marcha una Comisión
de Coordinación Intersectorial, como órgano colegiado que
permita el diálogo y la confrontación de los distintos intereses
sectoriales.
ANTECEDENTES
La Ley de
Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos
Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de Extremadura
busca la simplificación y agilización de la tramitación
de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación
urbanística y territorial, cuya resolución corresponda a
los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio
de la Junta de Extremadura. Se busca un marco normativo que permita armonizar
el alcance multisectorial de estos procedimientos, de manera que se pueda
conseguir la emisión de informes de forma coordinada, desde una
visión intersectorial; un órgano intersectorial, de coordinación
y simplificación urbanística y territorial, en el que de
forma conjunta puedan estudiarse y analizarse, desde las perspectivas de
las distintas problemáticas y competencias sectoriales, las observaciones
o consideraciones que deban tenerse en cuenta para su integración
coherente en el planeamiento correspondiente, así como para agilizar
la tramitación administrativa de éste; y un marco jurídico
sectorial reordenado en su dimensión temporal, para crear un plazo
único e integrado, de tres meses, en el que se produzca el debate,
la reflexión y las manifestaciones sectoriales, para dotar de seguridad
jurídica y mayores certezas la tramitación de los instrumentos
urbanísticos y territoriales. Para ello se hace imprescindible modificar
distintas leyes autonómicas sectoriales que preceptúan la
emisión de los referidos informes, de manera que se unifique el
momento de su solicitud, el plazo para su emisión y, en su caso,
los efectos derivados del transcurso de dicho plazo.
La Junta
de Extremadura va a ayudar a los ayuntamientos a tramitar los planes generales
que regulan los usos y actividades del suelo. Estos planes se configuran
como una herramienta «de gran alcance estratégico» en
la implantación de las actividades económicas y empresariales
y, por ende, en la creación de empleo.
Según
los cálculos de la Dirección General de Urbanismo están
«totalmente obsoletos» en más de 200 municipios. Pese
a tratarse de una figura fundamental, algunos no los revisan desde el año
1986, precisamente por lo complejo y largo del procedimiento.
«Son
instrumentos que a los ayuntamientos con pocos recursos se les escapan,
un proceso que les resulta arduo y en algunas ocasiones imposible»,
reconoce la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno. Si no cuentan
con un plan general actualizado, los municipios tienen que recurrir a la
Junta y «tomar todas las cautelas» a la hora de autorizar las
actividades económicas y usos del suelo. Una problemática
que afecta a cuestiones tan cotidianas como la construcción de naves
y granjas agrícolas, aserraderos o queserías. «Si el
plan dice que en el suelo no urbanizable no puede haber industria, hay
que seguir un procedimiento larguísimo para comprobar si se pueden
o no hacer», explica.
Según
Moreno, todo el planeamiento de Extremadura debería haberse revisado
a raíz de la aprobación de la Ley del Suelo en el año
2001, pero la cuestión se ha ido retrasando, especialmente en los
pequeños municipios, debido a numerosos factores. Entre ellos, los
enormes plazos de tramitación, que se pueden extender «hasta
7 u 8 años», y lo complejo del procedimiento, que obliga a
pedir hasta 32 informes sectoriales diferentes (de carreteras, medio ambiente,
patrimonio...), cada uno de ellos a un organismo distinto y con sus propios
tiempos de respuesta.
El resultado,
asegura la responsable de Urbanismo, es que en algunos casos «incluso
cuando se aprueba, el plan llega a estar obsoleto». Para evitar estas
situaciones, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio ha comenzado a trabajar en la Ley de Coordinación
Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos
y de Ordenación del Territorio de Extremadura.
Esta nueva
normativa establece dos novedades fundamentales: por una parte, permite
al Ejecutivo regional tomar parte en el procedimiento de revisión
de los planes desde el principio para dar a los ayuntamientos apoyo técnico
y jurídico; por otra, pretende acortar «drásticamente»
los plazos de tramitación, que se reducirían de unos siete
a dos años.
A la espera
de la nueva norma, la Junta está firmando convenios de colaboración
con numerosos ayuntamientos para subvencionar la asistencia técnica
y colaborar en la tramitación del Plan General Municipal. El Diario
Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado acuerdos con los municipios de
Aldeacentenera, Casas de Millán, Tornavacas, Acebo y Gata en la
provincia de Cáceres y Villagonzalo, Cristina, Vegaviana, Oliva
de la Frontera y Benquerencia de la Serena en Badajoz.
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