| El coordinador
general de servicios del AMB, Eduard Saurina, ha anunciado la creación
“antes de final de año” de una sociedad 100% pública de la
que formarán parte el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada
Colau, y el AMB.
“Serán
unos alquileres que no sigan la lógica del mercado” ha señalado
Burón. “Es una opción que existe en otros países de
la Unión Europea donde 27 millones de personas viven como inquilino
en un piso de estas características y donde el inversor consigue
una rentabilidad moderada pero segura a largo plazo”, ha destacado. “Aquí
ahora mismo tenemos algo de alquiler social, mucha vivienda en propiedad
y poca de alquiler. Creemos que no hay absolutamente nada para aquella
gente que pueda aportar una mensualidad entre 202 y 800 euros. La necesidad
existe y el reto también.
Se trata de
la primera experiencia de este tipo que se da en España y Burón
asegura que la rentabilidad que obtendrán las empresas el 4%, “muy
inferior al del mercado”. Los inquilinos serán, en el caso de Barcelona,
los demandantes de vivienda de alquiler protegido cuyo registro ya suma
30.000 inscripciones en la capital catalana. Saurina ha anunciado que el
Área Metropolitana tiene dos fincas en Gavà y dos en Montgat
donde se comenzarán las promociones de este tipo de viviendas.
Antes de que
finalice el mandato en 2019 el Ayuntamiento se ha comprometido a iniciar
la construcción de 1.500 viviendas. En el mismo periodo la AMB se
ha comprometido a otras 1.500 y, entre 2020 y 2024, 1.500 más.
La segunda
parte del proyecto consiste en emitir unos bonos que permitan a la ciudadanía
formar parte del capital de este tipo de proyecto. “De esta manera, los
inquilinos podrán ser accionistas y participar en los órganos
de la sociedad”, ha asegurado Burón. El gerente de vivienda asegura
que las primeras promociones en la capital catalana serán en el
barrio de Marina Port Vell, La Sagrera y el 22@.
Aún
así, Burón reconoce que España tiene entre “50 y 100
años y diez billones de retraso con otras ciudades como Viena donde
un tercio de vivienda es privada, un tercio pública y un tercio
de este tipo mixto entre público y privado. Allí las administraciones
sí pueden influir en el precio de los alquileres. En Barcelona la
influencia es reducida, el peso debería ser entre el 10 y 15% del
total de la vivienda”.
Las administraciones
serán las que garanticen a la empresa privada el pago del alquiler.
Las empresas explotarán los alquileres durante un plazo de entre
30 y 40 años. Transcurrido este plazo se renegociará o directamente
pasará el parque de vivienda pasará a ser público.
DERECHO DE
SUPERFICIE
Las administraciones
de Barcelona no perderán el suelo: cederán el derecho de
superficie por un periodo aun no definido pero que apunta a 40 años.
El gerente de Vivienda ha justificado el periodo al explicar que un edificio
tiene una vida de unos 50 años, en el sentido que pasado medio siglo
es necesaria una inversión para mantenerlo de coste similar al de
la construcción.
Burón
ha subrayado que en Europa 27 millones de personas residen en viviendas
construidas mediante esta fórmula: “El inversor quiere rentabilidad
moderada a largo plazo con seguridad”. “Hay un mercado infinito para gente
que pague un alquiler de 600 o 700 euros”, ha dicho Saurina. Un reto añadido,
han advertido, es el de que al apostar por esta fórmula se estimule
el crecimiento de un sector que apueste por un alquiler inferior con un
beneficio limitado pero asegurado que se traduzca en la creación
de empresas con una actividad similar a la de Habitatge Metrópolis
Barcelona.
2.250 PISOS
EN EL 2025
En cifras,
el planteamiento es que antes de acabar el actual mandato municipal, en
mayo del 2019, se haya iniciado la tramitación de por lo menos 3.000
pisos: 1.500 a cargo del consistorio y 1.500 a cargo de la AMB. Esa previsión
se puede incrementar legalmente en un 50%, por lo que se puede sumar otros
1.500 pisos a la nómina. En el plan de vivienda circunscrito a Barcelona
está previsto que el operador público-privado construya 2.250
pisos antes del 2025. Saurina ha explicado que la AMB ya tiene previstos
cuatro solares para ofrecer al operador, dos en Gavà y dos en Montgat.
8.800 PISOS
EN NUEVE AÑOS
El plan
prevé incrementar la nómina de pisos del parque público
de alquiler en 8.854 pisos con un presupuesto de 1.666 millones de euros
hasta el 2025, que con ese añadido sumaría entonces 18.500
unidades. La alcaldesa se ha topado en sus primeros dos años en
el cargo con que la vivienda se ha convertido en un grave problema para
los barceloneses por el súbito incremento de los alquileres.
EL OPERADOR
PRIVADO DEBERÁ ACEPTAR UN BENEFICIO MÁXIMO DEL 4%
Antes de que
acabe el año está previsto que el Ayuntamiento y el AMB constituyan
la empresa pública Habitatge Metropolis Barcelona, que formará
parte de esta sociedad anónima. Luego, a través de un concurso
público, se elegirá al operador privado, que podría
estar formado por varios socios: un inversor, un promotor y un gestor que
crearían una unión temporal de empresas (UTE) .
Los solares,
que acostumbran a representar entre el 30% y el 50% del coste de una promoción,
los aportarían los ayuntamientos que son grandes tenedores de terrenos
en los municipios. El objetivo es iniciar los trámites para construir
3.000 pisos de este tipo (1.500 en Barcelona y otros 1.500 en las localidades
del área metropolitana) antes de que se acabe el mandato, en mayo
del 2019. Esta previsión puede incrementarse legalmente hasta alcanzar
las 4.500 unidades. De momento, ya se han identificado algunos solares
donde podrían ubicarse las primeras promociones que se construirán
en régimen de derecho en superficie. Esta figura jurídica
permite a los ayuntamientos mantener siempre la propiedad del terreno y
ceder los derechos del suelo a un tercero por un periodo de tiempo que,
en este caso, todo apunta a que sería de 40 años.
ZONAS
En Barcelona,
las promociones se concentrarán en los grandes nichos de suelo público,
que básicamente se ubican en el entorno de la Sagrera, el 22@ y
la Marina del Prat Vermell. En el caso del área metropolitana, Eduard
Saurina, coordinador general de Servicios del AMB, explicó que ya
están disponibles dos solares en Montgat y otros dos en Gavà,
aunque añadió que muchos ayuntamientos de los 35 municipios
del área metropolitano están realizando proyectos de vivienda
pública susceptibles de ser incorporados a esta sociedad.
REQUISITOS
ARRENDATARIOS
Los arrendatarioos
los escogerán las administraciones y deberán cumplir una
serie de requisitos que serán los mismos que los que se exigen,
en el caso de Barcelona, al demandante de vivienda protegida de alquiler.
Además, la capital catalana utilizará el actual Registre
de Sol•licitants d’Habitatge de Protecció Oficial, donde ahora están
inscritas unas 30.000 personas, para adjudicar las viviendas.
Otra de las
cuestiones que deberá decidirse en los próximos meses afecta
a la duración de los contratos. De momento se espera que sea superior
a los tres años que ahora estipula la ley y llegar hasta los cinco
años, un plazo que permitiría también la reforma de
la vivienda. Sin embargo, Burón advirtió que esta es una
cuestión aún por definir. También apuntó que
se quiere construir vivienda de calidad con el fin de que la nueva empresa
disponga de una buena imagen y marca.
Sobre la influencia
que pueda tener este futuro operador público-privado en la contención
de los precios del mercado de alquiler, Burón se mostró pesimista.
Recordó que estamos a años luz de otros países en
los que el arrendamiento tiene una mayor presencia y peso en la vivienda,
pero aún así dijo que la empresa de ámbito metropolitano
será un “buen principio”.
La creación
de esta sociedad se enmarca en el plan de vivienda del Ayuntamiento de
Barcelona, aprobado en enero de este año, que prevé la construcción
de casi 8.900 viviendas hasta el 2025.
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