| En las explicaciones
previas a la votación, el alcalde, Eneko Goia, ha señalado
que la nueva ordenanza busca "proteger el interés general frente
a los intereses contrapuestos" que suscita "este fenómeno", que
"ha conocido un notable desarrollo en los últimos años" pero
ya "existía en la ciudad mucho antes".
El alcalde
ha indicado que las enmiendas de la oposición "son tan diferentes"
e "incompatibles entre sí" que su aceptación no haría
sino acarrear, en algunos casos, la devolución de toda la ordenanza
y, en otros, ponerla "en entredicho" o no responder a las necesidades de
"la realidad actual".
El proyecto
normativo del gobierno, ha precisado el delegado de Urbanismo, Enrique
Ramos, "regula y ordena" la actividad, "respondiendo a criterios urbanísticos"
y "cubriendo aspectos no previstos en la ordenación del Plan General",
al tiempo que "tiene en cuenta el marco jurídico" en el que se desarrollará.
La ordenanza
aprobada inicialmente "no pretende" sin embargo "ser una solución
definitiva ni una panacea", ha advertido Ramos, quien ha augurado que probablemente
tenga que ser "retocada" cuando "se vea su evolución" en el tiempo.
El edil de
EH Bildu Ricardo Burutarán ha denunciado, por su parte, que la nueva
regulación equivale de hecho a "un desarrollo" del Plan General
de Ordenación Urbana pero "haciendo trampas" y "crea artificialmente
una división de la ciudad" en tres zonas, pero "sin ningún
criterio" sobre cómo se establecen las mismas; "deja fuera de la
saturada al ensanche oriental" y no aborda "el aumento del precio y desaparición
del mercado de alquiler" residencial, ni "las afecciones o molestias" en
las comunidades de vecinos para "una coexistencia pacífica de usos".
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