| Javier Domínguez
Anadón, arquitecto y asesor de la Federación Canaria de Municipios,
celebró la intención del Gobierno de "simplificar" la normativa
para evitar el "cuello de botella" que bloquea el planeamiento. En este
sentido, el propio Villar cifró entre nueve y doce años el
plazo para aprobar un plan general en Canarias, cuando en el resto de España
"se llevan las manos a la cabeza cuando se superan los cinco".
Domínguez
Anadón expuso las dos caras de la moneda al calificar de "escalofriante"
la situación del urbanismo en las Islas y defender, al mismo tiempo,
que estas constituyen "el territorio con mayor capacidad de sostenibilidad
de la Unión Europea", con el 88% del suelo protegido.
La visión
más crítica la ofreció José María Garrido,
abogado y consultor. A su juicio, el suelo es tratado en la ley como "un
mero soporte para el desarrollo urbanístico". El anteproyecto consagra,
afirmó, la "demolición de la cultura urbanística"
que rige en Canarias al permitir la "dispersión" por el territorio
de los asentamientos rurales. Esta última aseveración fue
refutada por Villar, que matizó que la ley solo unifica los criterios
para definir esos asentamientos e incluye en ellos las viviendas situadas
hasta a 200 metros. "No se extienden como una mancha de aceite", aclaró.
Por su parte,
Joaquín Mañoso, decano del Colegio de Arquitectos, admitió
que el texto le produce "extrañas contradicciones". Aunque es una
"oportunidad de arreglar la maraña legislativa y la escasa coordinación,
carece, en su opinión, de ambición. "Hemos renunciado a planificar
las cosas. La sociedad canaria debería centrarse en decidir a dónde
quiere ir con su territorio". El proyecto "pasa por alto la renovación
de las ciudades, que es urgente", sostuvo.
También
arquitecto -trabaja en el Cabildo de Tenerife-, Xavier Adsuara recordó
que la actual "hipertrofia" normativa "no ha contribuido a conseguir un
territorio más ordenado, sino todo lo contrario". Frente a quienes
se oponen a que los planes generales sean aprobados solo por los ayuntamientos,
y no por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio
Ambiente de Canarias (Cotmac), recordó que nueve de los 26 planeamientos
a los que este último organismo ha dado su visto bueno han sido
anulados por los tribunales. "¿Dónde está la seguridad
jurídica?", se preguntó antes de concluir que el proyecto
"no es un cambio radical de modelo, sino solo un intento de eliminar las
disfuncionalidades más obvias".
Jaime Díaz,
del Colegio de Geógrafos, celebró que toda la normativa se
recoja "en un solo texto". Como Garrido, expresó su temor a que
la "discrecionalidad" del suelo rústico termine por "llevar la ciudad
al campo". También echó de menos "una simulación"
para prever los efectos de la ley, algo que ahora "nadie está en
disposición de afirmar".
ANTECEDENTES
19 de mayo
de 2016
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
PROYECTO
DE LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS.
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias.
De cumplirse los planes, el Gobierno canario llevará la Ley del
Suelo al Parlamento regional durante la primera semana de junio, tras haber
recogido muchas de las aportaciones y alegaciones presentadas, ha indicado
la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady
Barreto. La Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha presentado
107 paquetes de alegaciones, algunas de ellas aclaraciones, y parte de
ellas se incorporarán. Se derogarán cuatro leyes: la de Ordenación
del Territorio (año 2000), la de Directrices (2003), la de Armonización
y Simplificación (2014) y la de Inversiones Estratégicas
(2015).
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prácticas
La consejera
ha insistido en que la ley cuente con el máximo consenso posible,
razón por la que el Gobierno se ha reunido con representantes de
numerosos sectores y ha atendido parte de las alegaciones presentadas.
A su juicio,
se trata de "una ley fundamental que cambia la relación de los ciudadanos
con la administración" y durante el trámite parlamentario
se continuará perfilando "siempre que se mantenga la necesidad de
simplificar y racionalizar"".
Anteproyecto
de la ley del suelo de Canarias.
El Consejo
de Gobierno ha aprobado en febrero de 2016 el anteproyecto de la Ley del
Suelo de Canarias, que busca simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica
a las decisiones sobre el territorio. El Consejo de Gobierno tomó
en consideración el anteproyecto de Ley del Suelo con los criterios
de simplificar, racionalizar y actualizar el uso del territorio en las
Islas. Para ello se derogarán cuatro leyes: la de Ordenación
del Territorio (año 2000), la de Directrices (2003), la de Armonización
y Simplificación (2014) y la de Inversiones Estratégicas
(2015).
1. Simplificación
del urbanismo de Canarias.
Según
el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, que señaló
que el texto articulado no cambia la filosofía de las directrices
de ordenación. "El objetivo último es proteger el paisaje
y las condiciones generales que tienen estas islas, permitir que se desarrolle
la actividad económica en el suelo que ya está clasificado
e impedir que se consuma y clasifique más suelo".
Asimismo,
puso de relieve la "maraña normativa" que existe en la actualidad
sobre este asunto con la existencia de tres leyes, "multitud" de planes
de ordenación, "fronteras confusas" entre las administraciones insular
y municipales y sucesivas adaptaciones de los textos.
Esta situación,
dijo Clavijo, tiene como consecuencias que hay una rigidez en el planteamiento
con procedimientos "interminables" que pueden durar hasta 12 años
de media; que produce tensiones entre las administraciones y que supone
una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos. Asimismo, expuso que
ante todo esto se han dado casos en los últimos años de "vías
de escape", que no "soluciones", como la suspensión del planeamiento
aplicando el artículo 47 de la Ley del Territorio, recordando casos
como el de la ampliación del Aeropuerto de Gando (Gran Canaria),
el Plan de Modernización Turística (2009 y 2013) o el recorte
de plazos en la tramitación con la Ley de Inversiones Estratégicas
de 2015.
La nueva
ley no toca suelo turístico o espacios naturales Por su parte, el
presidente canario hizo especial hincapié en que la Ley del Suelo
no toca los espacios naturales protegidos y que se promueve la contención
en el consumo de suelo rústico. Además, comentó que
se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable
sólo contiguo al urbano, así como la práctica prohibición
de clasificar nuevos suelos turísticos. Los principios de la reforma
atienden al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones;
movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje
y lucha contra el cambio climático. Desde este principio "irrenunciable",
Clavijo señaló que la nueva Ley se propone simplificar, racionalizar
y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio,
con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser
desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos.
Con todo,
el presidente recordó que la nueva norma quiere aglutinar todas
las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización
del suelo, por lo que viene a sustituir a otras tres normas De este modo,
la Ley del Suelo se propone sustituir al Texto Refundido de la Ley del
Territorio del año 2000, a las Directrices de Ordenación
(2003) y a la Ley de Armonización y Simplificación (2014).
La nueva norma excluye modificar la normativa vigente sobre turismo, patrimonio
histórico, comercio, actividades, clasificadas, vivienda, etc.,
sin perjuicio de algunos ajustes vía disposiciones adicionales.
"todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico"
Mientras,
el borrador mantiene las categorías actuales desde la perspectiva
de ordenación del suelo —rústico, urbanizable y urbano—,
pero introduce una novedad al considerar que "todo suelo no urbano o no
urbanizable será suelo rústico", invirtiendo el criterio
fijado por la Ley estatal 6/1998, que liberalizaba suelo. Desde la perspectiva
del borrador, sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable
preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado
desde el punto de vista del interés público. Finalmente,
otra de las novedades que plantea el borrador tiene que ver con la revisión
de los procedimientos en función de las competencias atribuidas
a cada Administración en materia territorial y urbanística.
De esta manera, las herramientas de planeamiento —planes insulares, planes
generales de ordenación, etc.— serán aprobadas por las Administraciones
competentes, mientras que las Administraciones afectadas intervendrán
en proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia.
2. Novedades
en el planeamiento urbanístico canario.
Los ayuntamientos
y cabildos puedan realizar modificaciones puntuales de su planeamiento
en un máximo de seis meses para acoger nuevos proyectos urbanísticos
y de inversión, frente a los 12 años actuales.
La legislación
vigente obliga a las corporaciones locales a revisar todo el plan general
o insular cuando se pretende hacer algún cambio concreto que permita
nuevos desarrollos no previstos en el documento en vigor. "Lo que es extraordinario
se ha convertido en habitual y eso hay que revertirlo", aseguró
ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.
Otra modificación
sustancial es que el planeamiento no tendrá que revisarse en su
integridad cuando entre en vigor la ley, como sucedía hasta ahora.
Clavijo puntualizó que la norma se aplicará al día
siguiente de su publicación en el BOC y los ayuntamientos y cabildos
tendrá libertad para adaptarse o no, lo que supone que no tendrá
efecto retroactivo.
La Ley
del Suelo deja en manos de las corporaciones locales no sólo la
tramitación de los planes, sino también su aprobación
definitiva y el informe de legalidad. De esta forma, la Cotmac pasará
de ser un organismo vigilante y supervisor a convertirse en un ente que
se encargará de realizar el informe que emita la Comunidad Autónoma
sobre los planes generales e insulares, sin potestad ya para cuestionar
o bloquear los mismos como hasta ahora.
Clavijo
defendió que el espíritu de la ley es que "cada Administración
será responsable de aprobar su planeamiento". En la tramitación
habrá un ahorro sustancial de trámites y se elimina la aprobación
provisional, de tal forma que habrá un avance, una aprobación
inicial y la definitiva.
3. Suelo
urbanizable
Según
los datos que obran en poder de la Consejería de Política
Territorial, en Canarias hay unos 54 millones de metros cuadrados de suelo
urbanizable, aunque los cálculos de la empresa pública Grafcan
elevan esta cifra hasta los 100 millones de metros cuadrados. En cualquier
caso, Clavijo aseguró que en Canarias hay suficientes terrenos urbanizables
para los próximos 20 años, por lo que no hay necesidad de
habilitar más suelo. La ley invierte también lo aplicado
hasta ahora de forma que todo el suelo no clasificado se considera rústico
con el fin de consolidar su uso para la agricultura y la ganadería.
4. Amnistía
o regularización de edificaciones fuera de zona urbana o asentamiento
rural.
El anteproyecto
de la Ley del Suelo de Canarias abre la vía a regularizar edificaciones
fuera de zona urbana o asentamiento rural, y que no se acogieron a la amnistía
de 1997, a las que se permitirá obras para adecuarse a usos residencial,
agrícola o ganadero. También se permitirá legalizar,
o, cuando esto no sea imposible, declararlas fuera de ordenación,
las viviendas que se empezaron a construir antes de abril de 2003, cuando
entró en vigor la Ley de las Directrices, y se podrá suspender
incluso su demolición por razones de “necesidad socioeconómica”
de sus promotores.
Pero todas
estas medidas de gracia, en disposiciones transitorias de la futura ley,
no serán generalizadas, sino condicionaras a una serie de requisitos.
Así,
en el caso de las que no se acogieron al decreto de 1997 y no están
en suelo no urbano ni asentamiento rural, podrán tener uso de vivienda,
agrícola o ganadero, cuyas obras de adecuación, en su caso,
tengan coste inferior al que definen los supuesto de ruina de la propia
ley, y, reúnan, según el plan general o plan especial que
les afecte, las condiciones de adecuación territorial y urbanística”
al entorno, y siempre que no estén en dominio público y su
servidumbre de protección o en espacio natural protegido donde ese
uso sea incompatible con su planeamiento.
Las edificaciones
ilegales que no figuran en el censo 1997 y cuya construcción se
inició antes de abril de 2013, podrán ahora incluirse en
suelo urbano o asentamiento rural agrícola, si cumplen las exigencias
legales. Cuando no encajen en ese tipo de suelos, pasarán a catalogarse
en fuera de ordenación.
En la propuesta
de Ley del Suelo también se posibilita la suspensión de órdenes
de demolición, dictadas o en trámite, cuando las viviendas
sean anteriores a abril de 2003 y se cumplan hasta ocho requisitos. A saber:
que sea domicilio habitual, que la unidad familiar del promotor no posea
otra vivienda en la misma isla, que sea solicitante de vivienda de protección
oficial; que los ingresos de la familia sean iguales o inferiores a 5,5
veces el salario mínimo, que el expediente disciplinario conste
en el Registro de la Propiedad en nota marginal en la inscripción
de la finca; que el propietario asuma costear la conexión de luz,
agua y telecomunicaciones; y que no invada dominio público ni servidumbre
de protección ni suelos reservados por el planeamiento para viales,
zona verde, espacio libre o dotación pública.
5. Reacciones
al anteproyecto de la ley del suelo de canarias
Uno de
los aspectos más controvertidos es la supresión de gran parte
de las competencias que ostenta la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) como principal órgano
de deliberación, consulta y decisión de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
ordenación del territorio y medio ambiente. La Cotmac tiene la potestad
de dar el visto bueno a las iniciativas urbanísticas promovidas
por ayuntamientos y cabildos. Con la nueva Ley, este órgano se limitará
a elaborar un único informe sobre todos los ámbitos a los
que afecte cada iniciativa urbanística.
Esta circunstancia
afecta a los arquitectos de Canarias, quienes han visto cómo los
planeamientos y proyectos se han dilatado por espacio de décadas
en muchos casos, acabando en los tribunales y paralización el desarrollo
de planes generales. Al respecto, Argeo Semán, presidente del Colegio
de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife (Coactfe) se muestra escéptico
con la nueva ley del suelo.
"El problema
no está en cuáles son las administraciones que intervienen,
sino en cuánto tarda cada administración porque estamos permanentemente
en una sucesión de informes y contra informes jurídicos que
acaban alargando los procesos de aprobación", indicó. Del
mismo modo, Semán basa su escepticismo en que el urbanismo se ha
convertido en un arma política arrojadiza en los ayuntamientos,
donde tienen más fuerza los planes generales que los presupuestos
municipales".
En la misma
línea, el arquitecto y coordinador de la comisión de estudio
de la nueva ley del Suelo que aglutina a la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife, CEOE y Fepeco, Hugo Luengo, valora el cambio de
normativa, especialmente en el caso de la simplificación de los
trámites en la Cotmac. "Históricamente se ha estado tratando
a las administraciones locales como cabildos y ayuntamientos y hemos montado
un tinglado en el que hasta las decisiones más pequeñas tenían
que acabar en la Cotmac y eso es un disparate", señaló Luengo.
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