Esto implica
dotar de mayor edificabilidad a los ámbitos y parcelas pero está
el problema de que va en detrimento de las grandes zonas verdes planificadas
y de los grandes viales de comunicación.
También
habría que acelerar los plazos urbanísticos, actualmente
el periodo mínimo de reclasificación es de ocho años.
Esto desanima a los inversores. La aprobación del plan lleva entre
uno y dos años, el planeamiento otro año o dos, un año
más para la reparcelación, compensación, etc., y 18
meses para urbanizar (plazo más variable según la magnitud
del ámbito).
Estos retrasos
están produciendo especulación urbanística por parte
de fondos inmobiliarios en la zona norte de Madrid. Los promotores inmobiliarios
no pueden competir con inversiones en suelo a tan largo plazo. El resultado
es que tanto el precio de la vivienda como del alquiler en Madrid se dispararán
en 5 años. Basta con ver como se han disparado los precios de suelo
finalista en Valdebebas. Se echa en falta una verdadera política
social del suelo.
El sector inmobiliario
de Madrid no se recuperará hasta que no se acorten sustancialmente
los plazos de gestión urbanística y se aumente la edificabilidad.
La burocratización actual no se está corrigiendo y no se
están empleando todos los medios informáticos que faciliten
la transparencia y la rapidez en la gestión urbanística.
Se echa en falta una modernización en los organismos municipales
y autonómicos de gestión de suelo.
Chamartín
podría ser un ejemplo de coordinación entre iniciativa pública
y privada, encajando las intenciones urbanísticas con el sistema
jurídico y equilibrando moderadamente intereses políticos
y económicos.
Madrid no puede
permitirse perder la Operación Chamartín porque la falta
de suelo genera inflación y esto repercute a la larga en el precio
de los pisos.
La mediación
propuesta desde el Colegio de Arquitectos de Madrid es un buen síntoma
y debería ser aprovechada, aunque en la práctica nada se
moverá hasta después de las elecciones.
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