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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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11 de marzo de 2016
 
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REACCIONES AL ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias. Se está generando un intenso debate sobre la supresión de gran parte de las competencias que ostenta la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) como principal órgano de deliberación, consulta y decisión de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. La Cotmac tiene la potestad de dar el visto bueno a las iniciativas urbanísticas promovidas por ayuntamientos y cabildos. Tras la reforma, este órgano se limitará a elaborar un único informe sobre todos los ámbitos a los que afecte cada iniciativa urbanística. 
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Esta circunstancia afecta a los arquitectos de Canarias, ya que los planeamientos y proyectos se han retrasado durante años en algunos casos, acabando en los tribunales y paralización el desarrollo de planes generales. Al respecto, Argeo Semán, presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife (Coactfe) se muestra escéptico con la nueva ley del suelo.

"El problema no está en cuáles son las administraciones que intervienen, sino en cuánto tarda cada administración porque estamos permanentemente en una sucesión de informes y contra informes jurídicos que acaban alargando los procesos de aprobación", indicó en declaraciones a la SER. Del mismo modo, Semán basa su escepticismo en que el urbanismo se ha convertido en un arma política arrojadiza en los ayuntamientos, donde tienen más fuerza los planes generales que los presupuestos municipales".

En la misma línea, el arquitecto y coordinador de la comisión de estudio de la nueva ley del Suelo que aglutina a la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, CEOE y Fepeco, Hugo Luengo, valora el cambio de normativa, especialmente en el caso de la simplificación de los trámites en la Cotmac. "Históricamente se ha estado tratando a las administraciones locales como cabildos y ayuntamientos y hemos montado un tinglado en el que hasta las decisiones más pequeñas tenían que acabar en la Cotmac y eso es un disparate", señaló Luengo a la cadena SER.

Otro debate relevante es la legalización de viviendas. En el artículo 140 del anteproyecto de Ley del suelo de Canarias se señala que el planeamiento urbanístico, en el caso de las viviendas fuera de ordenación, deberá ceñirse a "la realidad preexistente" y será a través de la adecuación de los planes generales de ordenación a la Ley, la forma por la cual se podrán legalizar las viviendas.

Sólo en Santa Cruz de Tenerife hay 1.700 viviendas fuera de ordenación. 

"En Santa Cruz, la realidad que venía de los planes de 1992 provocó que en 2014, cuando se aprueba definitivamente el PGO, no se cumplieran los estándares tasados por la ley pero ahora, si el PGO se adaptara a la Nueva Ley del Suelo, desaparecería todo el fuera de ordenación por exceso de edificabilidad que tiene el centro de la ciudad", explica Argeo Semán. 

Si finalmente se aprueba el texto normativo, aún pendiente del visto bueno del Parlamento de Canarias, podrán legalizarse un total de 160.000 viviendas fuera de ordenación en las Islas.

 
ANTECEDENTES

24 de febrero de 2016 
 
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ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias. El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Suelo de Canarias, que busca simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica a las decisiones sobre el territorio. El Consejo de Gobierno tomó en consideración el anteproyecto de Ley del Suelo con los criterios de simplificar, racionalizar y actualizar el uso del territorio en las Islas. Para ello se derogarán cuatro leyes: la de Ordenación del Territorio (año 2000), la de Directrices (2003), la de Armonización y Simplificación (2014) y la de Inversiones Estratégicas (2015).  Así lo puso de manifiesto el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, que señaló que el texto articulado no cambia la filosofía de las directrices de ordenación. "El objetivo último es proteger el paisaje y las condiciones generales que tienen estas islas, permitir que se desarrolle la actividad económica en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique más suelo".  
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Asimismo, puso de relieve la "maraña normativa" que existe en la actualidad sobre este asunto con la existencia de tres leyes, "multitud" de planes de ordenación, "fronteras confusas" entre las administraciones insular y municipales y sucesivas adaptaciones de los textos. 
Esta situación, dijo Clavijo, tiene como consecuencias que hay una rigidez en el planteamiento con procedimientos "interminables" que pueden durar hasta 12 años de media; que produce tensiones entre las administraciones y que supone una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos. Asimismo, expuso que ante todo esto se han dado casos en los últimos años de "vías de escape", que no "soluciones", como la suspensión del planeamiento aplicando el artículo 47 de la Ley del Territorio, recordando casos como el de la ampliación del Aeropuerto de Gando (Gran Canaria), el Plan de Modernización Turística (2009 y 2013) o el recorte de plazos en la tramitación con la Ley de Inversiones Estratégicas de 2015. 
La nueva ley no toca suelo turístico o espacios naturales Por su parte, el presidente canario hizo especial hincapié en que la Ley del Suelo no toca los espacios naturales protegidos y que se promueve la contención en el consumo de suelo rústico. Además, comentó que se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable sólo contiguo al urbano, así como la práctica prohibición de clasificar nuevos suelos turísticos. Los principios de la reforma atienden al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones; movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje y lucha contra el cambio climático. Desde este principio "irrenunciable", Clavijo señaló que la nueva Ley se propone simplificar, racionalizar y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio, con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos. 
Con todo, el presidente recordó que la nueva norma quiere aglutinar todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo, por lo que viene a sustituir a otras tres normas De este modo, la Ley del Suelo se propone sustituir al Texto Refundido de la Ley del Territorio del año 2000, a las Directrices de Ordenación (2003) y a la Ley de Armonización y Simplificación (2014). La nueva norma excluye modificar la normativa vigente sobre turismo, patrimonio histórico, comercio, actividades, clasificadas, vivienda, etc., sin perjuicio de algunos ajustes vía disposiciones adicionales. "todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico" 
Mientras, el borrador mantiene las categorías actuales desde la perspectiva de ordenación del suelo —rústico, urbanizable y urbano—, pero introduce una novedad al considerar que "todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico", invirtiendo el criterio fijado por la Ley estatal 6/1998, que liberalizaba suelo. Desde la perspectiva del borrador, sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público. Finalmente, otra de las novedades que plantea el borrador tiene que ver con la revisión de los procedimientos en función de las competencias atribuidas a cada Administración en materia territorial y urbanística. De esta manera, las herramientas de planeamiento —planes insulares, planes generales de ordenación, etc.— serán aprobadas por las Administraciones competentes, mientras que las Administraciones afectadas intervendrán en proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia.
NOVEDADES
Los ayuntamientos y cabildos puedan realizar modificaciones puntuales de su planeamiento en un máximo de seis meses para acoger nuevos proyectos urbanísticos y de inversión, frente a los 12 años actuales. 
La legislación vigente obliga a las corporaciones locales a revisar todo el plan general o insular cuando se pretende hacer algún cambio concreto que permita nuevos desarrollos no previstos en el documento en vigor. "Lo que es extraordinario se ha convertido en habitual y eso hay que revertirlo", aseguró ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.
Otra modificación sustancial es que el planeamiento no tendrá que revisarse en su integridad cuando entre en vigor la ley, como sucedía hasta ahora. Clavijo puntualizó que la norma se aplicará al día siguiente de su publicación en el BOC y los ayuntamientos y cabildos tendrá libertad para adaptarse o no, lo que supone que no tendrá efecto retroactivo.
La Ley del Suelo deja en manos de las corporaciones locales no sólo la tramitación de los planes, sino también su aprobación definitiva y el informe de legalidad. De esta forma, la Cotmac pasará de ser un organismo vigilante y supervisor a convertirse en un ente que se encargará de realizar el informe que emita la Comunidad Autónoma sobre los planes generales e insulares, sin potestad ya para cuestionar o bloquear los mismos como hasta ahora.
Clavijo defendió que el espíritu de la ley es que "cada Administración será responsable de aprobar su planeamiento". En la tramitación habrá un ahorro sustancial de trámites y se elimina la aprobación provisional, de tal forma que habrá un avance, una aprobación inicial y la definitiva. 
 
SUELO URBANIZABLE 
Según los datos que obran en poder de la Consejería de Política Territorial, en Canarias hay unos 54 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, aunque los cálculos de la empresa pública Grafcan elevan esta cifra hasta los 100 millones de metros cuadrados. En cualquier caso, Clavijo aseguró que en Canarias hay suficientes terrenos urbanizables para los próximos 20 años, por lo que no hay necesidad de habilitar más suelo. La ley invierte también lo aplicado hasta ahora de forma que todo el suelo no clasificado se considera rústico con el fin de consolidar su uso para la agricultura y la ganadería. 


 
 
 
 
 

 

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