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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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26 de febrero de 2016
 
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EJECUCIÓN SUBSIDIARIA MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PROMOTOR
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de licencias urbanísticas. En este artículo recogemos dos casos similares. El promotor ha depositado un aval en el ayuntamiento para realizar unas obras de urbanización, rehabilitación, etc. y transcurrido el plazo de ejecución de las obras no ha cumplido. El ayuntamiento ejecuta el aval y lo emplea en realizar las obras con carácter subsidiario. La caducidad de licencias otorgadas es un instrumento jurídico para lograr la eficiente ejecución del planeamiento, admitiéndose la limitación de la vigencia temporal de las mismas para prevenir peticiones con fines meramente especulativos, o para librarse de restricciones impuestas por previsibles innovaciones en la planificación urbanística. Una vez otorgada la licencia, se deberá iniciar, concluir y no interrumpir la construcción dentro de los plazos en ella determinados. En defecto de tales plazos se entenderá que el interesado dispone de un plazo para iniciar las obras y otro para terminarlas, admitiéndose interrupciones en dichos plazos que no podrán exceder de un límite. La caducidad de la licencia se declarará previa audiencia del interesado.
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CASO EN CÓRDOBA

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Pedro García, ha informado al consejo rector que Anida ha depositado el aval de 10,5 millones de euros para la ejecución de urbanización en la antigua azucarera de Villarrubia, ante "el incumplimiento" de los promotores. 

En una nota, el también primer teniente de alcalde ha explicado que la Gerencia ha iniciado un diagnóstico técnico de la situación de la urbanización y, en breve, redactará una actualización del proyecto que permita el reinicio de las obras. El presidente de la Gerencia considera "un reto importante e ilusionante la oportunidad que se presenta al Ayuntamiento para desarrollar este suelo industrial y de servicios, que cuenta con un techo de 150.000 metros cuadrados, reserva de 20.000 metros cuadrados de terrenos para equipamiento y 17.000 metros cuadrados para zona verde". Además, ha resaltado "la oportunidad y el impulso que esto supone para Villarrubia y su zona próxima, a la vez de la mejora de las conexiones con el futuro paso superior de la línea ferroviaria". 

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI-V1) de Villarrubia fue aprobado en 2007. Ordena para uso industrial los terrenos de la antigua azucarera y colindantes, con una superficie de 21,28 hectáreas y una edificabilidad de 150.000 metros cuadrados construidos. La actuación también comprende conexiones externas como el paso superior sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla hasta la Carretera de Palma del Río. Tras la paralización de las obras de urbanización, el Ayuntamiento declaró "el incumplimiento de la obligación urbanística que tenía el promotor, Anida, de hacer dichas obras y acordó realizarlas de forma subsidiaria por el propio Ayuntamiento". Para ello, también "acordó ejecutar los avales depositados en la Gerencia para tal fin, un total de 10,5 millones de euros", ha recordado.

CARTAGENA

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia obliga a Hansa Urbana a iniciar antes de un mes la rehabilitación del monasterio de San Ginés de la Jara. Transcurrido ese plazo, será el Ayuntamiento el que asuma esas obras. Empleará para ello el aval de 15 millones que la empresa tiene depositado.

El fallo autoriza la ejecución del aval para que el Ayuntamiento haga las obras si Hansa Urbana no empieza.

La decisión judicial, firme y contra la que no cabe recurso, enmienda una anterior de un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena, que anuló una decisión de la Junta de Gobierno local. Este órgano dispuso, en una reunión celebrada el 27 de abril de 2012, instar a la mercantil a que iniciara en un mes las obras de restauración, cuyo comienzo llevaba un gran retraso.

El fallo de la primera instancia judicial anulaba la decisión de la Junta de Gobierno local al considerar que no tenía competencias para tomarla. El recurso del Ayuntamiento ha dado lugar a una sentencia que defiende lo contrario y añade, en contra de lo argumentado por Hansa Urbana, que «la restauración del edificio no se encuentra vinculada en modo alguno a la aprobación del proyecto urbanístico Novo Carthago», con sus 10.000 viviendas, sus hoteles y sus campos de golf, porque «el coste fue asumido íntegramente por Hansa Urbana, sin prever su distribución como gasto entre los propietarios de las parcelas». Según la sentencia, la rehabilitación de este bien de interés cultural es obligatoria en cumplimiento de la Ley de Patrimonio de la Región.

«El fallo considera que Hansa Urbana no está cumpliendo con su compromiso de restaurar el monasterio. Por eso, si la empresa no responde, utilizaremos el aval para iniciar la restauración», reiteró López.

En la resolución judicial se exige también que se tomen las medidas de urgencia contra el derrumbe de ciertas partes del edificio, tal y como también aprobó el Gobierno municipal. Estas tareas sí se han llevado a cabo, en todo o en parte, durante el año pasado, con la consolidación de muros y estructuras, así como la cobertura de zonas que se vinieron abajo.

La ejecución de los trabajos de restauración, presupuestados en 1,5 millones de euros en 2007, debe contar con el permiso y la supervisión de la Dirección General de Bienes Culturales. «Si nos toca hacerla a nosotros, nos pondremos en contacto con este departamento para ello», aseguró el alcalde.

El acuerdo firmado por el Ayuntamiento con Hansa Urbana obligaba a esta última a restaurar el monasterio. También a cederlo en propiedad al Ayuntamiento como parte del proceso de urbanización de Novo Carthago. Pero este proyecto está parado hace años, con el plan de reparcelación anulado, ante la reclamación de una comunidad de regantes cuyos terrenos están en el área de actuación. Además, el plan de urbanización está sin desarrollar. Asimismo, hay una investigación judicial en marcha sobre presuntas irregularidades en la modificación del Plan General que permitió calificar como urbanizable residencial esa zona litoral

Al alcalde lo que le preocupa es el monasterio y por eso insistió en que está dispuesto a ejecutar el aval de 15.003.050,52 euros si es necesario. 
 


 
 
 
 
 

 

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