| Esta solución
"legal", cuyo contenido ha detallado el presidente, Alberto Núñez
Feijóo, incorpora un artículo y se tramitará por la
vía de lectura única en el Pazo do Hórreo, donde será
aprobada este mes de febrero.
Se trata de
una solución —ha remarcado— que "respeta la autonomía local,
mantiene la exigencia de todos los informes sectoriales requeridos, incluido
el de impacto ambiental, si es necesario, y respeta las resoluciones judiciales".
Según ha explicado, la autonomía municipal se garantiza porque
será necesario un informe "preceptivo y vinculante" del Ayuntamiento
en cuestión y, si éste es desfavorable, la Xunta archivará
el proceso.
Además,
el Ayuntamiento podrá suspender las obras incluso una vez aprobado,
si no se ajusta a la licencia y al procedimiento estipulado en la ley.
Todos los informes sectoriales Asimismo, los proyectos deberán recibir
todos los informes sectoriales previos que sean necesarios —incluido el
ambiental— y Feijóo ha destacado que el mecanismo no busca "evitar"
las resoluciones judiciales, sino "lo contrario", ya que para que esta
vía se pueda utilizar, el Ayuntamiento debe haber iniciado el procedimiento
para un nuevo plan de ordenación municipal. "
Son medidas
garantistas para ser útiles al país", ha resumido el presidente
gallego, quien ha añadido que, como vía de recurso a esta
norma, se puede acudir al Tribunal Constitucional, como ocurre con cualquier
otra ley del ordenamiento jurídico español.
El texto aprobado
por el Ejecutivo de Feijóo en su reunión semanal fija un
procedimiento, de forma que el órgano promotor del proyecto dará
traslado del mismo a la consellería competente en la materia, solicitando
que se inicie el proceso para declararlo de urgencia e interés público.
Deberá aportar un proyecto detallado.
Será
la consellería la que justifique las razones de urgencia y excepcional
interés, y remitirá este proyecto al Ayuntamiento para que
en 10 días acepte o rechace su tramitación. Si el informe
del Consistorio es desfavorable, se archivará. De lo contrario,
se remitirá a la consellería competente en urbanismo, que
solicitará con carácter de urgencia los informes sectoriales
preceptivos. Una vez recabados, elevará el proyecto a la Comisión
Superior de Urbanismo, que se pronunciará sobre los aspectos urbanísticos.
Finalizada esta fase, la consellería responsable de urbanismo devolverá
el proyecto al departamento autonómico competente que lo recibió
en un principio y ésta lo elevará al Consello de la Xunta
para que lo apruebe.
"Será
el Gobierno el que habilite a los promotores para el inicio de las obras
correspondientes y el Ayuntamiento velará para que esas obras se
ejecuten conforme a la licencia otorgada; de no ser así, podrá
suspender las obras y solicitar que se adecuen al proyecto aprobado por
el Gobierno de la comunidad", ha añadido Feijóo.
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Feijóo
ha detallado que, en el caso de la ampliación de los terrenos para
Citroën, sería la Zona Franca la que tendría que presentar
el proyecto a la Consellería de Economía y esta, tras justificar
las razones que avalan su urgencia, remitirlo al Ayuntamiento de Vigo,
que tendrá 10 días para pronunciarse. Si la postura de la
administración local es favorable, este proyecto deberá dirigirse
al departamento autonómico de urbanismo para que recabe los informes
pertinentes y el proceso continuará hasta la aprobación por
parte del Consello de la Xunta. En el caso de la factoría viguesa,
clave para el sector de la autonomoción de Galicia, el proceso podría
demorarse "entre cuatro y seis meses". Feijóo también ha
avanzado que la misma vía permitirá avanzar en otros proyectos
estratégicos para Vigo como la estación intermodal. "Y entiendo
que afecta a cualquier tipo de infraestructuras judiciales o de otro tipo
pendientes en cualquier ciudad de Galicia", ha aseverado. Eso sí,
ha subrayado que esta solución legal no permitirá "especulaciones",
sino que se aplicará únicamente a proyectos promovidos por
administraciones públicas.
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