En concreto, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos; el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España; el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía; la Confederación de Empresarios de Andalucía; los sindicatos CCOO y UGT; la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía; y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía.

El consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha explicado que tras hacer balance de los retos fundamentales en el ámbito de las competencias de su departamento se coincidió, en el ámbito urbanístico, en que los plazos estipulados actualmente para aprobar planes de ordenación son "absolutamente inaceptables" y, de hecho, en algunos casos hacen desistir a algunos emprendedores de proyectos. "En Andalucía no podemos permitirnos esos lujos", ha resumido, apuntando que, tras una serie de reuniones con agentes sociales, instituciones y colegios profesionales, se ha encontrado después de un año un acuerdo de partida para corregir esta situación, pese a que aún "queda una tarea importante que no es fácil", pues este paso "ni es el principio ni mucho menos el final", trabajándose con la meta de poner las bases de la ordenación del territorio en la comunidad "para mucho tiempo".

Aparte de la modificación de la LOUA, que se trabajará bajo la premisa de la "máxima seguridad jurídica", en el decálogo también destacan la tramitación electrónica de los instrumentos de planeamiento urbanístico.   

El presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha expuesto que las medidas que se pretende impulsar vendrán a las corporaciones locales como "anillo al dedo", siempre con el objetivo "claro y subrayado" de acortar plazos y agilizar: "si se lo ponemos fácil a los entes locales habremos dado un salto adelante", ha dicho.

El papel de las administraciones es el de respaldar a los inversores, con planes como el ratificado este lunes, "que no es un huevo que se echa a freír, tiene muchas puntadas". Ha apostillado que aprueba todas las actuaciones tendentes a evitar casos de corrupción como los que se daban durante la 'burbuja', aunque ello, a su juicio, no debe frenar la tramitación ordinaria.

 
ANTECEDENTES 20 de julio de 2016 
 
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REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA  
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Andalucía y en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y viviendas ilegales. La inminente reforma de la Ley del suelo de Andalucía a fin de introducir una “amnistía urbanística” permitirá  legalizar edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta como de especial protección y, además que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición. En el caso de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos tendrán que regularizarse a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico de sus respectivos municipios. 
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Las viviendas que se van a regularizar, se podrán inscribir en los correspondientes registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua. Además, sus propietarios deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos.
El cambio de la normativa no recoge ningún precepto específico sobre las casas de madera o casas prefabricadas que se han instalado en algunas zonas de Andalucía como una manera de burlar la legislación vigente hasta la fecha. A partir de ahora, se considerarán igual que las viviendas construidas de forma irregular. Pero hay un aspecto a tener en cuenta y es que la normativa no contempla ningún tipo de solución para las parcelaciones irregulares en las que no haya edificaciones.
La norma también obliga a los ayuntamientos a iniciar en el plazo máximo de dos años, la redacción del avance del planeamiento para incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado.
  
ANTECEDENTES
5 de julio de 2016 
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AMNISTÍA URBANÍSTICA EN LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Andalucía y en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y viviendas ilegales. La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz ha aprobado las enmiendas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) propuestas por las asociaciones de propietarios de viviendas irregulares. Tras la tramitación de la modificación de la LOUA, permitirán regularizar miles de casas levantadas en parcelaciones (varias construcciones en una parcela urbanística). La Comisión también ha aprobado la enmienda que establece que las viviendas irregulares puedan disponer, siempre que cumplan una serie de requisitos, de suministros básicos como luz y agua durante un periodo provisional de dos años mientras se produce su regularización definitiva. La enmienda referida a las parcelaciones supone que se podrá regularizar aquella vivienda que ha sido levantada sobre una superficie cuya finca fue segregada sin que urbanísticamente estuviese permitido.  
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Tras pasar el trámite de la Comisión, la previsión es que la Cámara andaluza apruebe estas modificaciones al texto legal en la sesión de este mes de julio, tal y como preveían los afectados. 
Los parlamentarios andaluces también dieron su visto bueno a la modificación de la Disposición Transitoria Única de la LOUA que, en su actual redacción, deja fuera a los propietarios de viviendas donde ya había recaído una resolución administrativa desfavorable. El nuevo texto abre una puerta a una revisión, revocación o anulación de la referida resolución administrativa. 
Se podrán emitir licencias provisionales con el objetivo de que las casas tengan agua o saneamientos sin necesidad de que todo esté concluido pero con una condicionalidad concreta. La ley establecerá que esos permisos no pueden ser indefinidos y que los municipios que los expidan tienen que garantizar que, junto al agua, va la legalización completa de las inversiones.  
Se van a establecer estándares de legalización más asequibles sin que sea necesario que una parcelación disponga de los mismos elementos constructivos (aceras, tuberías, carriles bici, etcétera) que un barrio normal.  
La nueva norma modifica también todo el proceso ambiental para modificar los planes generales de ordenación urbana, en un proceso iniciado por el Gobierno andaluz por simplificar los trámites que se exigen. 
En la práctica se trata de dar entrada a más Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) y dar solución a los planes parciales paralizados en la Gerencia de Urbanismo, por las condiciones  en la LOUA. 
En la práctica se van a legalizar suelos no urbanizables y urbanizables. En los suelos urbanizables donde hay plan parcial y proyectos de urbanización se puede llegar a un 40% de agilizar toda la tramitación. 
Solamente en Córdoba hay un total de 87 ámbitos que ocupan unas 1.700 hectáreas, en las que se contabilizan unas 4.610 edificaciones.