| La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se reunirá el lunes
12 de diciembre con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
con quién abordará temas como la Operación Chamartín
o proyectos de determinadas carreteras. Cifuentes ha afirmado que ha hablado
varias veces con el ministro al que le ha trasladado que era "importante"
que mantuviera una reunión previa con el Ayuntamiento de Madrid
para más adelante reunirse conjuntamente Ministerio, Comunidad y
Ayuntamiento e ir a esa reunión con "algo avanzado".
El pasado 10
de noviembre la alcaldesa de Madrid telefoneó al nuevo ministro
de Fomento para mostrarle su disposición a mantener un encuentro
con el fin de abordar asuntos pendientes entre ambas administraciones como
el proyecto municipal Madrid Puerta Norte, tal y como le había pedido
la alcaldesa por carta la semana anterior. La condición era que
no participaría la Comunidad de Madrid. Fomento aceptó y
convenció a la Comunidad de Madrid con reunirse inmediatamente después
y ampliar la reunión a unas obras de mejora y ampliación
de la A1.
Era el único
avance desde que en mayo, se presentase el proyecto municipal “Puerta Norte”
para impulsar el desarrollo del norte de la ciudad, que enmendaba y reducía
de forma considerable la Operación Chamartín. El plan alternativo
mantenía el coeficiente de edificabilidad, pero con unos nuevos
cálculos que sacaban del proyecto infraestructuras como las carreteras
y vías del tren, que sí había incluido Distrito Castellana
Norte (DCN).
De esta forma,
la superficie lucrativa para viviendas -había previstos 17.700 pisos-
y oficinas se reducía a la mitad. Carmena, además, propuso
asumir “de inmediato” y con dinero público la reforma de la estación
de Chamartín y del nudo norte y de Fuencarral, tomando como modelo
el Pasillo Verde Ferroviario (Arganzuela).
El Gobierno
de Ahora Madrid propuso entonces “más peso de la gestión
pública” en “la mayor operación urbanística de Madrid”.
Y con tal motivo, planteó “la creación de un consorcio urbanístico
público que desarrolle el área al sur de la M-30”, dejando
la iniciativa al norte de la autovía en manos de promotores privados.
El Ayuntamiento
anunció su intención de respetar la densidad edificatoria,
pero “excluyendo del cómputo los suelos de la red viaria y ferroviaria,
y todos aquellos que no sean necesarios para concretar la operación
urbana o cuya transformación no esté prevista”. De esta forma,
quedarían fuera de la operación 1.440.387 metros cuadrados
de la M-30, la M-40 y las infraestructuras ferroviarias, para los que propuso
“mantener su uso y calificación actual”.
Una vez excluidos,
la superficie total de la operación quedaría reducida a 1,7
millones de metros cuadrados (233.082 correspondientes a la estación
de Chamartín).
Hay que recordar
que la promotora DCN (BBVA y constructora San José) había
previsto una inversión cercana a los 6.000 millones de euros para
actuar sobre una superficie de 311 hectáreas. Además de las
viviendas, con la extensión de 3,7 millones hacia el norte, DCN
tenía previsto levantar un área financiera con el rascacielos
más alto de la Unión Europea (70 plantas), más otros
cinco similares a las cuatro torres (45-57 pisos).
LAS MESAS DE
TRABAJO
La promotora
formada por BBVA y San José estará representada en esta comisión,
donde participarán el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento,
Adif, Renfe, la Comunidad de Madrid y las comunidades de propietarios de
Fuencarral.
La primera
toma de contacto de esta comisión se realizará antes de Navidad,
según ha indicado el ministro de Fomento.
LAS COMUNIDADES
DE PROPIETARIOS DE FUENCARRAL
En febrero
de este año, la Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado que
los propietarios del sector deben costear el soterramiento de la vía
férrea incluido en el Plan de Prolongación de la Castellana,
pero no la nueva línea de Metro que se prevé en dicho Plan.
El Supremo
rechaza así, por un lado, los recursos del Ayuntamiento y de la
Comunidad de Madrid, relativo a que los propietarios asumieran también
el coste de la nueva línea de Metro, y, por otro lado, el recurso
planteado por la Junta de Compensación Industrial Fuencarral-Malmea,
que consideraba que los propietarios no debían pagar tampoco el
soterramiento de las vías del tren.
Además,
el Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
de 8 de noviembre de 2013, que declaró la nulidad del Plan Parcial
de Reforma Interior para el desarrollo de la Prolongación de la
Castellana, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento de Madrid de 30 de marzo
de 2011, en el aspecto referido al costeamiento de la nueva línea
de Metro, que se rechaza que sea obligación de los propietarios,
asegurando que sí les corresponde asumir el coste relativo al cubrimiento
de las vías férreas del complejo Chamartín.
Respecto a
las obras de soterramiento y cubrimiento de las vías ferroviarias
que parten de la actual Estación de Chamartín (cuyo coste,
según el recurrente, es de 822,1 millones de euros -equivalentes
al 42,74 por ciento de la carga urbanizadora, que se sitúa en 1.923
millones de euros), el Supremo rechazó la pretensión de que
su coste no sea asumido por los propietarios del sector señalando
que «se prevé el cubrimiento de una parte de las vías
férreas al norte de la Estación para crear una gran plaza
que refuerce la integración urbana este-oeste». «La
losa del cubrimiento respetará las necesidades operativas actuales
y futuras de Adif y Renfe-Operadora», añade.
El Supremo
señaló que «las vías de tren que parten de la
Estación de Chamartín existían –y existen– con anterioridad
a la actuación urbanística proyectada, y, el terreno donde
las mismas se ubican tan solo –con exclusividad–, pues se ocupaba por la
mismas vías». «Ahora, tras la actuación urbanística,
el mismo espacio (si bien situado en una cota inferior, tras su soterramiento)
va a seguir siendo ocupado por la vías del tren y el resto de las
infraestructuras ferroviarias, pero, al mismo tiempo, ahora, se va a ocupar
también la superficie que se sitúa sobre el soterramiento
de las vías, en una especie de duplicación del citado espacio»,
remarca el fallo.
Por tanto,
el Supremo señaló que con el soterramiento y el cubrimiento
de las vías no crea «ex novo» una nueva infraestructura
de la ciudad (pues las vías ya existan), sino que con la misma «se
aprovecha la ciudad existente para la obtención de espacios».
Las obras de
ampliación del Metro, con un coste total de ejecución de
207 millones según el recurso, consisten en la construcción
de una nueva línea de Metro, que enlazaría el final del tramo
ya existente de la actual Línea número 10 con una estación
de cercanías «intermodal» entre Metro-Cercanías
y Empresa Municipal de Transportes. Esta infraestructura incluiría
la ejecución de un parking disuasorio para vehículos privados,
cochera de estacionamiento en la cabecera de la nueva Línea 10 y
la construcción de cinco nuevas estaciones en este tramo o prolongación.
La sentencia
del Supremo asegura que la prolongación de la línea del Metro
«ordena estructuralmente la ciudad en su conjunto y no puede ser
conceptuada como una mera dotación 'local' limitada a una ordenación
pormenorizada de una zona, cuya funcionalidad y zona de incidencia quedaría
circunscrita al ámbito correspondiente a las personas residentes
en un área o sector concreto».
Concluía
la sentencia señalando que se estaba «ante un sistema general
(o dotación pública de carácter general) y no ante
un sistema local (o dotación pública local)». Así,
el Supremo señala en el fallo que el sistema general se caracteriza
«por tener su proyección, incidencia o influencia en todo
el ámbito municipal de Madrid, y no queda limitado al ámbito
de 'Prolongación de la Castellana'».
En este sentido,
el coste de su obtención debe de ser distribuido –por los mecanismos
adecuados– entre toda la población, «y no ser atribuido exclusivamente
a los propietarios de la zona». «La nueva línea de Metro,
como sistema general al servicio de la ciudad, favorece a la población
general», por lo que las cargas que supone, asegura el fallo «no
deben asumirlas con exclusividad los propietarios de la zona», concluye.
ANTECEDENTES
11 de noviembre
de 2016
NOTICIA
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SÓLO
DOS ALCALDES PODRÍAN DESBLOQUEAR LA OPERACIÓN CHAMARTÍN
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid.
Como venimos escribiendo desde inmoley.com desde hace tiempo, la operación
Chamartín no se podía desbloquear hasta que se formase gobierno.
Ese momento ha llegado y con una ventaja añadida, que el nuevo ministro
(Iñigo de la Serna) ha sido alcalde e ingeniero de caminos. Esto
facilita mucho la labor de entendimiento necesario entre el Ministerio
de Fomento y el ayuntamiento. El cambio de postura del ayuntamiento es
loable y sólo ha puesto una línea roja: frenar la especulación
urbanística. El problema es que la operación tiene que ser
necesariamente especulativa (entendida en términos urbanísticos)
para poder compensar las infraestructuras que conlleva. Una cosa va unida
a la otra, porque ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni el
ayuntamiento tienen medios para sufragar las infraestructuras. El dinero
tiene que salir de algún lado y sólo puede salir de lo que
entendemos como especulación urbanística. La solución
tiene que ser necesariamente de consenso y no gustará a los promotores
porque no será la inicialmente prevista (que habría salido
adelante con el anterior equipo municipal). Habrá que pagar un peaje
por el cambio de color político pero siempre resultará mejor
que judicializar este asunto durante décadas. Ha llegado el momento
en que todos tienen que perder algo para que todos ganen mucho. Esta es
una obra imprescindible para cerrar uniformemente el urbanismo norte de
Madrid y también para consolidar la incipiente recuperación
del sector madrileño de la construcción. Bienvenido sea el
sentido común, que lamentablemente es el menos común de los
sentidos.
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prácticas
LA CARTA
DE MANUELA CARMENA AL MINISTRO DE FOMENTO
La alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha dirigido una carta al nuevo
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que le solicita
una reunión para desbloquear el proyecto de la prolongación
de la Castellana. En el texto, Carmena expresa su voluntad de que sean
las Administraciones las que colaboren para avanzar en un nuevo acuerdo,
aunque no niega la participación de otros actores. Distrito Castellana
Norte, sociedad promotora del plan conocido como Operación Chamartín,
que fue tumbado por el actual gobierno municipal, se declara favorable
al entendimiento.
Manuela
Carmena expone al Ministro de Fomento que la propuesta municipal de Madrid
Puerta Norte supondrá, según cálculos del Ayuntamiento,
la creación de unos 128.000 nuevos puestos de trabajo, de los que
55.000 corresponderían al uso comercial, 17.000 al industrial y
56.000 a la construcción residencial.
En la misma
carta, la alcaldesa le recuerda al ministro las obligaciones del Ministerio
de Fomento en el proyecto de ejecución de los accesos al nuevo estadio
de La Peineta. Manuela Carmena insta en la carta a Íñigo
de la Serna a tratar este asunto igualmente en la reunión solicitada.
Carmena
aboga por un plan que desbloquee el proyecto de la zona norte de Madrid,
evitando, sobre todo, la especulación inmobiliaria. Con ese fin,
la alcaldesa dirigió el lunes a Íñigo de la Serna,
nuevo ministro de Fomento, una carta en la que le daba la enhorabuena por
su nombramiento y le pedía una reunión urgente que permita
avanzar en el proyecto urbanístico de la parte norte de la Castellana.
La alcaldesa
señala la prolongación de la Castellana como la "mayor operación
urbanística de la ciudad", y manifiesta "el interés del Ayuntamiento
por desbloquear e impulsar el proyecto (...) que lleva estancado más
de dos décadas". Detalla que el plan municipal —de momento solo
esbozado por los técnicos del Ayuntamiento— plantea un urbanismo
racional, ajustado a las necesidades reales de la ciudad, mediante "un
modelo que se desarrolle mayoritariamente sobre suelo público",
eficiente y sostenible, en el que las plusvalías generadas por la
operación reviertan en beneficio de Madrid.
Según
cálculos del Ayuntamiento, su proyecto —que sustituye al promovido
por Distrito Castellana Norte (DCN), una sociedad participada al 75,5%
por el BBVA y al 24,5% por la constructora San José—, conocido como
Operación Chamartín, supondrá la creación de
unos 128.000 puestos de trabajo.
Para desarrollar
la zona situada al sur de la calle 30, el Ayuntamiento plantea crear un
consorcio urbanístico. El plan, renombrado como Madrid Puerta Norte,
prevé crear una zona destinada a servicios, mejoras en algunas infraestructuras
—como los nudos Norte y de Fuencarral— y reformas en la estación
de trenes de Chamartín, para lo cual necesita el acuerdo del Ministerio
de Fomento.
Carmena
sostiene en su carta que es responsabilidad prioritaria de las Administraciones
resolver la cuestión, aunque no descarta la participación
de "otros actores" implicados en el proyecto.
LO QUE SE
ESPERA DEL NUEVO MINISTRO DE FOMENTO
De la Serna
tendrá que volver a reunir a todas las partes implicadas en la operación,
con posiciones muy distantes, para tratar de avanzar soluciones a una situación
de bloqueo absoluto que amenaza con retrasar sine die el inicio de las
obras.Para ello deberá sentar en la misma mesa a la alcaldesa de
Madrid (quien debe dar el visto bueno al plan urbanístico), a la
presidenta de la Comunidad (responsable en última instancia de aprobar
el planeamiento) y al presidente del BBVA, como primer accionista de Distrito
Castellana Norte (DCN), la sociedad que ostenta el derecho de compra de
los suelos y pretende desarrollarlos.
JUDICIALIZACIÓN
DE LA OPERACIÓN CHAMARTÍN
DCN como
Fomento y la Comunidad de Madrid han acudido a los tribunales, presentando
recursos contra el Pleno en el que Ayuntamiento tumbó el plan aprobado
inicialmente, por entender que la decisión no está lo suficientemente
justificada y crea graves perjuicios económicos. A todo esto, y
pese a que oficiosamente ya se habla de una prórroga, el reloj avanza
inexorablemente hacia el 31 de diciembre de 2016, fecha límite en
la que vence el convenio firmado entre Adif y DCN para materializar la
compra de los terrenos ferroviarios. Un acuerdo ligado a que haya un instrumento
de planeamiento aprobado.
ANTECEDENTES
30 de octubre
de 2015
NOTICIA
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LA OPERACIÓN
CHAMARTÍN Y EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEL SUELO DE MADRID
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid.
Mercedes González, del grupo socialista, ha acusado a la portavoz
de Ciudadanos, Begoña Villacís, de “hacer el juego sucio
a Cifuentes” de cara a las elecciones generales, prometiendo la derogación
del punto 8 del artículo 39 de la actual Ley de Suelo, que prohíbe
la construcción de rascacielos en la ciudad, por la que la justicia
ha paralizado el proyecto Chamartín. Begoña Villacís
ha contestado vía artículo en la prensa centrando la pregunta
¿por qué derogar ahora el punto 8 del art. 39 (que regula
la altura máxima a tres plantas más ático), de la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y no dentro
de 1 año con motivo de su modificación? “Se ha respondido
que simplemente porque no es una cuestión estructurante de ordenación
del territorio y por tanto, nunca debería haberse visto reflejada
en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Estas limitaciones en materia
de altura se marcan en los instrumentos de planeamiento municipal dependiendo
de las especiales características de cada municipio, área,
distrito, barrio o calle a través de sus normas zonales o figuras
específicas de planeamiento”.
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prácticas
“No es cuestión
de urgencia, es cuestión de necesidad, evitando de esta manera la
discrecionalidad del legislador motivado por intereses externos. Necesitamos
un Urbanismo claro, sin excepciones ni arbitrariedades. Genera un coste
de urbanización extremo para la Administración Pública,
incapaz de asumir gastos de los nuevos desarrollos como nuevas infraestructuras,
comunicación y medios de transporte, paralizando obras de urbanización
demandadas por los ciudadanos, como por ejemplo en Valdebebas o en el denominado
Desarrollo del Este.
Con la
derogación de este artículo, volveremos al urbanismo clásico
anterior al año 2007, donde las alturas están definidas en
los planes generales
Paralización
de cientos de proyectos de vivienda pública y cooperativas de vecinos
pues sus instrumentos de planeamiento han sido paralizados por los jueces
siendo imposible iniciar las obras. Se debe legislar para todos, no sólo
en pro o en contra de unos.
Es un artículo
restrictivo en contra del normal crecimiento de las ciudades, pues no contempla
cuestiones de vital importancia como la protección del medio ambiente
y la sostenibilidad de nuestras ciudades, siendo un concepto “expansivo”
de ciudad, fomentando la especulación de suelos”.
Añade
otra pregunta Begoña Villacís, ¿la derogación
de este artículo supone el apoyo explícito a las grandes
operaciones urbanísticas?
“En ningún
caso. Las grandes operaciones urbanísticas tienen otros muchos problemas
que solucionar para ser aprobados, como por ejemplo, no tener en cuenta
de forma global los errores de diseño de infraestructuras que son
necesarias para la ciudad, sobrecostes no cuantificados, ausencia de dotaciones
y equipamientos, garantías de promotores en la gestión y
en la ejecución y que deben ser estudiados de forma pormenorizada
buscando el bien social.
Justamente,
estos megaproyectos están basados en la excepción que permite
el artículo que proponemos su derogación, permitiendo la
discrecionalidad basados en intereses singulares.
¿La
derogación de este artículo supone la construcción
en altura sin medida?
En ningún
caso. Con la derogación de este artículo, volveremos al urbanismo
clásico anterior al año 2007, donde las alturas están
definidas en los planes generales de urbanismo ya aprobados, ya sea en
función de los anchos de los viales, normas zonales o aprovechamientos
basados en las edificabilidades de cada parcela, limitaciones por cuestiones
de medioambiente o preservación del medio rural, ya sean 1, 2, 3
alturas o ninguna. Es decir, basados en parámetros urbanísticos
a nivel municipal y no es ideas, imposiciones o intereses de terceros.
Seguiremos
sin poder por tanto edificar un rascacielos en la zona centro, Lavapiés
o Chueca.
Las leyes,
aunque algunos tengan a bien saltarse este hecho a la torera, no han de
aprobarse con efectos retroactivos
Demos la
vuelta a la pregunta. ¿Por qué derogar un artículo
dentro de 1 año, si todos los expertos indican que se puede realizar
ahora? ¿Qué motivos existen para perpetuar los problemas
urbanísticos en la Comunidad?
Es fundamental,
devolver el urbanismo al urbanismo, entendiéndolo como el elemento
vertebrador de una ciudad y no como un trámite para el negocio inmobiliario.
Una vez conseguido esto, podremos establecer un modelo de ciudad con reglas
claras y delimitadas por condicionantes técnicos y no por deseos
impositivos dependiendo del momento en el que se formulen”.
La Operación
Chamartín supondrá la ampliación en 3,7 kilómetros
de la calle Castellana, con la construcción de 16.300 viviendas
de lujo y extensas zonas de oficinas y locales comerciales. En 2013, el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el plan urbanístico
al no cumplir las disposiciones de la Ley del Suelo.
En 2015
el Tribunal Supremo revocó la sentencia, pidiendo al TSJM que la
reformulara. Pocos días antes de las elecciones municipales de mayo,
la anterior alcaldesa el anterior equipo de Gobierno local, con Ana Botella
como alcaldesa, anunció que ya había quedado lista la reforma
del plan de reforma parcial urbanística con la que se daba vía
libre al proyecto urbanístico.
El TSJM
reincidía en prohibir la construcción de nuevos rascacielos
en la ciudad, paralizando de nuevo la operación Chamartín.
Es decir
que es necesaria una reforma de la ley del suelo de Madrid para evitar
la limitación de las tres alturas.
En todo
caso, aunque se apruebe la reforma, no es posible seguir adelante sin el
apoyo del ayuntamiento, que no quiere pronunciarse hasta después
de las elecciones y no quiere asumir el gasto que le corresponde de 1.300
millones de euros.
El Pleno
del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado , con los votos a favor del grupo
de Ahora Madrid y del PSOE, con la abstención de Ciudadanos y con
los votos en contra de los concejales del Partido Popular, la creación
de una mesa de trabajo sobre el proyecto Chamartín en la que participarán
los partidos con presencia en el Ayuntamiento, pero también agentes
sociales, como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM) y las asociaciones de vecinos de las zonas afectadas por la operación
urbanística.
La propuesta,
impulsada por el PSOE y Ahora Madrid, es una respuesta a la presentada
por Ciudadanos, que reclamaba la creación, también, de una
mesa de trabajo sobre este proyecto, pero sólo con la participación
de los partidos políticos presentes en el Consistorio y con un plazo
fijado, inicialmente en tres meses, para desbloquear el proyecto.
ANTECEDENTES
23 de septiembre
de 2015
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DISTRITO
CASTELLANA NORTE DE MADRID (OPERACIÓN CHAMARTÍN) YA ES UN
ASUNTO FINANCIERO PARA FOMENTO
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de planes especiales y en
la guía del urbanismo de Madrid. La decisión de la anterior
junta de gobierno de no aprobar de urgencia el plan especial de la operación
Chamartín puede traer consecuencias financieras graves para el Ministerio
de Fomento. Según varios medios, el ayuntamiento de Madrid está
retrasando su decisión a la espera de que pasen las elecciones generales.
Este retraso impide reactivar el mercado madrileño de la construcción
y afecta de lleno a las cuentas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) que tiene que ingresar 1.045 millones de euros como contraprestación
por los terrenos afectados por la conocida como Operación Chamartín.
Con este retraso ya no queda otra opción que financiarse de otro
modo. Vía estado no puede porque computaría como déficit
estatal, limitado por la Comisión Europea, y la venta de bonos que
está aumentando está en una situación límite.
Adif tiene una deuda de 13.322,9 millones de euros a largo plazo,con el
Banco Europeo de Inversiones y de 651,2 millones a corto plazo.
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prácticas
La salvación
estaba en la operación Chamartín y en sus cuentas anuales
de 2014 reseñaba un acuerdo con la sociedad al frente del proyecto,
Duch (Distrito Castellana Norte), participada en un 75% por BBVA, y el
resto por el grupo San José, por el que la empresa privada "se obliga
a satisfacer a las Entidades Públicas [Adif y Renfe Operadora] un
canon monetario de 984,2 millones de euros a abonar en 20 años con
un interés del 3% anual", además de un canon en especie consistente
en 100.000 metros cuadrados de uso residencial sujeto a protección
pública. Adif estima que de la cantidad total percibiría
1.046,5 millones de euros, siendo esta una cantidad máxima, dependiendo
de que en las correspondientes reparcelaciones urbanísticas no se
reconociera a Adif la propiedad de alguna superficie.
Urbanísticamente,
corresponde al pleno del Ayuntamiento de Madrid la aprobación del
Plan Parcial de Reforma Interior.
El anterior
equipo del partido popular redactó el plan, pero no lo aprobó,
por entender, declaró poco antes de la celebración de las
elecciones municipales del pasado mes de mayo, que debía ser la
nueva Corporación resultante la que diera su visto bueno definitivo.
La ministra
de Fomento, Ana Pastor, ha pedido en los desayunos de Nueva Economía
Fórum que el ayuntamiento se pronuncie oficialmente sobre el proyecto
Distrito Castellana Norte de Madrid.
ANTECEDENTES
2 de septiembre
de 2015
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¿POR
QUÉ NO SALEN LAS CUENTAS DE LA OPERACIÓN CASTELLANA-CHAMARTÍN?
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid.
La Operación Castellana-Chamartín implica una inversión
privada de 5.000 millones de euros y después de negociarse, ahora
se pretende un "coste cero" para el Ayuntamiento de Madrid a pesar de quedarse
con suelo para vivienda social. Se refiere a 3.114.000 metros cuadrados
implica una inversión de 6.000 millones, de los cuales 5.000 corresponden
a la iniciativa privada. De esa cantidad, 3.500 millones se destinan al
sector residencial y terciario, 1.300 millones a infraestructuras y 1.100
a equipamientos públicos. En materia de infraestructuras, implica
la remodelación integral del nudo norte de la M-30 y la del nudo
M-40 norte, el cubrimiento de las vías de ferrocarril y actuaciones
en Metro. El desarrollo contempla más de 17.000 nuevas viviendas.
Por si fuese poco, también hay desconcierto con la interpretación
judicial del proyecto, en concreto la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que invalida la posibilidad de construir rascacielos
y que se recurrirá al Supremo. Realmente la vía judicial
tiene pocas posibilidades, por lo que más tarde o más temprano
se reformará la ley del suelo de Madrid para retirar la limitación
de 3 alturas que introdujo Aguirre.
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prácticas
El problema
fundamental son los costes municipales que son imprescindibles colegios,
centros de mayores o centros de atención sanitaria que hay que costear
pero que de hacerlo conllevaría recortes de gasto municipal de entre
el 15 y el 20% este año.
De no aprobarse
esta operación se perderán miles de puestos de trabajo y
la posibilidad de armonizar conjuntamente el urbanismo de la zona norte
de Madrid. Desde la Comunidad Autónoma están dispuestos a
cambiar la ley del suelo para que sea posible, pero sin el apoyo municipal
es imposible.
Se estima
que la operación costaría al ayuntamiento 1.000 millones
de euros lo que afectaría de lleno a la obra social que prevé
hacer. Además el ayuntamiento pone en duda la necesidad de otras
17.000 viviendas en la capital. Otro inconveniente son las 2.200 alegaciones
de los vecinos que hay que responder.
Y además
el problema del plazo del contrato de venta de los terrenos de ADIF a Distrito
Castellana Norte que expira 31 de diciembre de 2016, con tres meses más
para buscar un nuevo acuerdo, según ADIF.
El Distrito
Castellana Norte abarcaría más de tres millones de metros
cuadrados, un tercio de los cuales pertenecen a la empresa pública
de infraestructuras ferroviarias. En esos terrenos se construirá
una zona de negocios pegada a las Cuatro Torres de Madrid y se incluirá
una amplia zona residencial, además de soterrar las vías
de la estación de Chamartín, entre otras operaciones urbanísticas.
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