A juicio del presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano, es importante que el sector inmobiliario "vuelva a tener el peso que debe tener en el PIB español", lo cual en su opinión no puede lograrse sin un "compromiso público estructural".

El resto, correspondiente al suelo y a la carga fiscal, está en su opinión en manos del sector público. "Si los esfuerzos no vienen acompañados por la administración, poco podremos hacer", declaró.

Entre las demandas planteadas están las rebajas de impuestos, la eliminación de las duplicidades impositivas, la racionalización de la burocracia o el aprovechamiento de los fondos europeos. Pintado reclamó también una revisión "más pormenorizada" de los edificios protegidos. "Aquí se pasó de no proteger nada a protegerlo todo", criticó.

La patronal remarcó además la complicada situación de acceso a la vivienda de la población joven, que sufre cifras de desempleo particularmente elevadas y, en caso de trabajar, lo hace muchas veces en condiciones más precarias.

Pese a la preocupación manifestada por algunas voces del sector, el directivo de la ACPE negó sin embargo que la falta de Gobierno esté afectando al sector, si bien recordó que "dependemos, como todos, de los presupuestos".

El sector considera que “no parece adecuado posponer el inicio de obra nueva en España” y el stock de vivienda “no debe marcar el ritmo de producción de vivienda del país, sino que este debería determinarse en función de la necesidad de creación de hogares”.Así, desde la CNC Lazcano puntualizó que los agentes del sector inmobiliario y las administraciones deben marcarse como objetivo reducir los costes de producción de la vivienda “mejorando los procedimientos administrativos”, pero que en ningún caso esa reducción de costes conlleve pérdida de calidad de las viviendas.

Del mismo modo, planteó medidas para reducir y racionalizar la carga burocrática de la tramitación urbanística, medidas fiscales encaminadas a reducir la imposición porque es “muy superior a la media europea”, y medidas de “desbloqueo” de la financiación, es decir, que haya otras fuentes de financiación alternativas a la bancaria.

De cara a facilitar el acceso de los jóvenes a una primera vivienda, propone a modo de ejemplo un plan de vivienda que pueda ofrecer a estos compradores una garantía del 15-20 % a modo de aval, que los bancos puedan ampliar el préstamo hasta el 95 % y que el comprador tenga ahorrado al menos el 5 % del precio.

Además, piden transparencia y facilidad en las ayudas a la vivienda y que sean a largo plazo y no dependientes de los gobiernos, lograr una mayor agilidad en la obtención de licencias, fórmulas que faciliten la incorporación del suelo al proceso industrial del sector inmobiliario, que no se proteja la vivienda sino a las personas, o replantear el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

A la hora de facilitar la financiación, el sector inmobiliario considera interesante incorporar instrumentos como el crowfunding, o incrementar el tamaño de las empresas para que estas puedan emitir deuda en el mercado.