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31 de agosto de 2015
 

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LAS AUDITORÍAS URBANÍSTICAS Y LAS FISCALIZACIONES DE CUENTAS ¿Qué aprendo? Se analiza en la guía práctica inmoley.com de la auditoría urbanística. La Intervención General es el órgano encargado de ejercer el control económico-financiero interno y de dirigir y gestionar la contabilidad pública y formar las cuentas económicas del sector público. La Cámara de Cuentas o Sindicatura de Cuentas es el órgano fiscalizador externo de las cuentas, de la gestión económica y del control de la eficiencia de las autonomías, de los entes locales y del resto del sector público. En este caso llama la atención que sea un ayuntamiento, por unanimidad, el que se dirija a la Cámara de cuentas exigiendo algo que ya debería existir, en concreto la fiscalización de las cuentas municipales de los últimos años. Estos datos deberían ser públicos y estar colgados en internet para su consulta por cualquier ciudadano. Ese nivel de transparencia en las cuentas públicas es lo habitual en los países europeos y debería aplicarse de inmediato a los ayuntamientos españoles. No es que un ciudadano pida una información contable, es que es el propio ayuntamiento el que pide que se auditen sus cuentas. Los recientes escándalos por comportamientos irregulares en algunos ayuntamientos no hacen sino confirmar la necesidad de potenciar las auditorías urbanísticas en el marco del análisis del sector local. Para ello hay que potenciar fiscalizaciones, de común acuerdo con el Tribunal de Cuentas español, referidas al patrimonio del suelo y a las actuaciones urbanísticas. Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas

 

Todos los grupos con presencia en el pleno municipal de Parla (Madrid) -PP, Cambiemos Parla, Mover Parla, PSOE e IU- han aprobado una iniciativa para pedir a la Asamblea de Madrid que solicite a la Cámara de Cuentas la fiscalización de las cuentas del periodo 2005-2015. El actual alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás (PP), ya había advertido al inicio del mandato que promovería la auditoría externa para fiscalizar las cuentas locales. El pleno de Parla aprobará también previsiblemente una moción conjunta de PP, Cambiemos Parla y Mover Parla para constituir una comisión ciudadana que realice una auditoría sobre contratos y adjudicaciones urbanísticas de la ciudad. Todos los partidos han apoyado esta moción después de que en la pasada primavera la entonces alcaldesa Beatriz Arceredillo (PSOE) -el PP gobierna en minoría en la actualidad- reconociera que el Ayuntamiento tenía una deuda de unos 550 millones de euros y no había pagado la Seguridad Social durante un periodo. Según Arceredillo, actual concejal de Mover Parla y que llegó al cargo en sustitución de José María Fraile -detenido en el marco de la operación Púnica-, la ciudad debe 313 millones del fondo de pago a proveedores; 21 millones a los bancos; 24 millones a empresas adjudicatarias; 3 millones por suministros, luz y agua; y unos 15 a la Seguridad Social.