El 31 de mayo
de 2010 el ayuntamiento de Benidorm aprobó el plan parcial de Armanello
y el 1 de junio de 2010, Cívica se vendió a Urbanika (Bancaja)
el 50% de Inmovist por 65,3 millones. Inmovist es la sociedad en la que
participan Ortiz y Bancaja, cuyo principal activo son los terrenos de la
zona del APA-9 de Alicante, y que también tiene suelos en la Condomina
(Playa de San Juan), Polop, Manises y los citados de Benidorm (Armanello).
Según el diario el Mundo, se generaron 59,1 millones porque el valor
neto contable de sus activos era sólo de 6,2 millones.
Según
informa este periódico, en el informe de KPMG realizado para Bankia
y en el que se examina la operación, Ortiz consiguió subir
el precio en el último momento. Incluyó en la transacción
unos 17,1 millones correspondientes a la valoración del 10% de la
superficie del APA-9 que recibiría del Ayuntamiento de Alicante
con el proyecto de reparcelación de la zona (el consistorio debía
compensar en teoría a Ortiz con terrenos). Los colaboradores de
Ortiz alegaron ante Bancaja durante las negociaciones que esta compensación
por parte del consistorio era un derecho como agentes urbanizadores. Precisamente
esta figura de agente urbanizador le valió a Cívica para
aumentar también el precio de la venta. En diciembre de 2005, Bancaja
cedió a Inmovist (Enrique Ortiz) la condición de agente urbanizador
del APA-9 por 145.000 euros. Ya en junio de 2010, cuando se va a firmar
la operación de venta de los terrenos, Ortiz suma este activo a
la operación por los supuestos beneficios que puede producir, y
lo valora por 1,5 millones de euros, pese a que el propio Ayuntamiento
de Alicante se había negado hasta el momento a aceptar esa cesión
de Bancaja a Ortiz. El ayuntamientoo no aprobó la condición
de agente urbanizador de Inmovist hasta octubre de 2010, es decir, cuatro
meses después de cerrar la operación. El valor de los terrenos
del APA-9 se incrementó en 30,7 millones justo antes de vender los
suelos a Bancaja, ya que además de todo lo anterior, se aumentaron
los metros cuadrados de superficie de las fincas que se iban a traspasar
y el precio por metro cuadrado. Y todo ello, sin que se aportara ningún
estudio ni informe de algún experto que justificara el precio satisfecho.
Según el informe de KPMG, las tasaciones tampoco acreditaban de
manera objetiva el valor de los terrenos del APA-9. Pese a todo, Bancaja
pagó lo pedido por Ortiz.
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