| El objetivo
del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace
años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no
acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas,
la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren
ocupados casi el 40 por ciento de los terrenos situados en los primeros
500 metros de costa, frente al siete por ciento de mediados del siglo pasado.
El documento
establece medidas para evitar la consolidación de nuevas barreras
urbanas entre los espacios interiores y los costeros; favorecer la biodiversidad
a través de la continuidad de ambos, y armonizar la regulación
del suelo no urbanizable en los municipios costeros.
Con estas medidas
se garantizará la protección del 55 por ciento de la superficie
del litoral andaluz (un 86% si se excluyen los ámbito urbanos),
lo que supondrá incrementar en un 50 por ciento el total preservado.
El desarrollo
del plan no afectará en ningún caso al normal funcionamiento
del mercado inmobiliario, ya que los municipios litorales disponen actualmente
de suficiente suelo urbanizable para satisfacer las demandas de crecimiento.
De hecho, en la franja de los 500 metros existe capacidad para la construcción
de unas 143.000 viviendas.
Durante el
periodo de elaboración del Plan de Protección, que arrancó
con el decreto ley de 2012, la Junta ha mantenido la suspensión
cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables
no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su
normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA). Entre otras exigencias de sostenibilidad, esta planificación
básica limita los crecimientos urbanísticos de los municipios
en máximos del 30% de la población y en un 40% del territorio.
Al intervenir
sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor
actividad urbanística, el plan contribuirá también
de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre.
En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la
sostenibilidad contrasta con la desregulación que para dicho dominio
--de competencia estatal-- ha primado en la reforma de la Ley de Costas
aprobada por el Gobierno central en 2013.
La elaboración
del Plan se ha llevado a cabo conforme a las previsiones del Título
VII de la Ley 1/1994, de 11 de enero, y al referido Acuerdo de formulación.
Tal como establece
el apartado sexto del Acuerdo de formulación, concluida la elaboración
técnica del Plan, previo informe de la Comisión de Redacción,
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente ha sometido la propuesta del Plan a información pública.
Simultáneamente,
se ha dado audiencia a la Administración General del Estado, a las
Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz, Huelva, Granada
y Málaga, a los Ayuntamientos de los municipios comprendidos en
el ámbito territorial del Plan y a las restantes Administraciones
y Entidades Públicas afectadas en razón de su competencia.
La propuesta
del Plan ha sido informada por la Comisión de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Andalucía y por las Comisiones Provinciales
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, Cádiz,
Huelva, Granada y Málaga.
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