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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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9 de junio de 2015
 
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LA RECALIFICACIÓN URBANÍSTICA PROPICIA LA ESPECULACIÓN
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del planeamiento urbanístico y tipología del suelo. Hemos tratado en muchas ocasiones el problema que genera la recalificación urbanística. En la noticia que pasamos a comentar un terreno se revaloriza el 900% en tan solo 6 años. Con estos porcentajes es imposible contener la especulación o el tráfico de influencias. El hecho de que el lápiz del planificador pase por una finca o su colindante implica demasiado dinero. ¿Qué hacer para evitarlo? En el derecho europeo hay varias soluciones. Por ejemplo, en el Reino Unido el terreno recalificad pasa a ser del ayuntamiento que al vender las parcelas ya recalificadas se queda con la plusvalía. El problema de este sistema es el coste de expropiación. Otro problema de fondo es el control de los urbanistas que redactan los planes urbanísticos y que normalmente no son funcionarios. Otra solución es la recogida en el proyecto de carreteras a fin de evitar las prácticas fraudulentas de los ayuntamientos cuando saben que por una zona va a pasar una carretera.
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Según varios medios, el constructor Enrique Ortiz podría haber obtenido unos beneficios de al menos 80 millones de euros por la revalorización de los terrenos que posee en diversos sectores de Alicante o la recalificación de otros en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, al que el Ayuntamiento renunció hace unos meses. Así se desprende de un informe remitido por agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, al que ha tenido acceso Efe.

Los agentes entregaron en el juzgado una nueva remesa de informes que constatan las supuestas irregularidades cometidas en la redacción del planeamiento urbanístico, por las que están imputados el propio Ortiz y los exalcaldes populares Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, entre una veintena de implicados. La Policía reitera en ellos que el constructor dispuso de «información privilegiada» y accedió a planos del PGOU antes de que éste saliese por primera vez a exposición pública, en octubre de 2008, gracias a su «influencia» sobre los citados políticos y un contacto con el arquitecto Jesús Quesada, contratado por el Consistorio para la confección del plan.

Ese privilegio le permitió supuestamente acaparar grandes cantidades de suelo en sectores que iban a ser recalificados, para ser convertidos en urbanizables, o en zonas que iban a ser catalogadas parque natural, por las que debería ser compensado con mayores aprovechamientos o aumentos de edificabilidad en otros lugares.

En un informe se deja constancia de que Díaz Alperi cobró cerca de 189.000 euros de cinco empresas a través de una sociedad calificada por los investigadores como «instrumental» y «sin ninguna actividad», Andarx Business SL, por supuestos asesoramientos cuando era diputado autonómico del PP. El constructor Enrique Ortiz también está imputado en el 'caso Gürtel-Valencia'.

La Policía reitera en los informes que el constructor dispuso de "información privilegiada" y accedió a planos del futuro PGOU antes de que éste saliese por primera vez a exposición pública en octubre de 2008, gracias a su "influencia" sobre los citados políticos y un contacto directo con el arquitecto Jesús Quesada, contratado por el Consistorio para la confección del plan.

Ese privilegio le permitió supuestamente acaparar grandes cantidades de suelo en sectores que iban a ser recalificados, para ser convertidos en urbanizables, o en zonas que iban a ser catalogadas parque natural, por las que debería ser compensado con mayores aprovechamientos o aumentos de edificabilidad en otros lugares, de acuerdo con la investigación.

En uno de los informes, que consta de casi 700 páginas, la UDEF repasa diversas operaciones que reportaron o iban a reportar al empresario investigado "pingües beneficios".

Entre estas operaciones se encuentra la compra de terrenos en la partida de Aguamarga; en el sector Cerámica-La Florida; la recalificación para uso comercial del estadio José Rico Pérez, propiedad de su firma dueña del Hércules, Aligestión Integral SL, y sus terrenos en el sector Condomina-Torres de la Huerta.

Según los documentos de los registros públicos, protocolos de adquisición de parcelas y material informático intervenido durante los registros de los domicilios y empresas de Ortiz, éste llegó a controlar junto con sus socios de la extinta CAM, en su caso a través de una sociedad participada por ésta, Dreamview, un conjunto de fincas situadas en los saladares de Aguamarga que fueron compradas por 8,9 millones y cuya valoración actual es de 22,5.

Por otro lado, una finca ubicada en el sector La Cerámica-La Florida, pasó a revalorizarse 9 millones de euros en apenas seis años, desde el 1,5 millones que costó en 2004 a los 10,5 millones calculados en 2010.

Aunque esta zona no fue calificada como urbanizable en el nuevo PGOU, sí desapareció en ella la superficie de protección especial de clase forestal, lo que según la Policía "mantiene abierta la puerta a una recalificación futura más plausible".

Los investigadores también describen cómo el empresario acaparó suelo entre los años 2004 y 2006 en otro sector, el de La Condomina-Torres de la Huerta, en el que invirtió 70,7 millones de euros cuando era rústico y que pasó a estar valorado en 127,5 millones tras su reclasificación como urbanizable tras la aprobación provisional del futuro planeamiento.
 


 

 
 
 
 
 

 

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