| La Operación
Chamartín ya ha aprobado su primer paso: el plan parcial para el
ámbito, que ahora se someterá a 45 días de información
pública.
La prolongación
de la Castellana ocupará tres millones de metros cuadrados y contará
con más de medio millón dedicado a zonas verdes, equipamientos
sociales y servicios urbanos. Tendrá 17.000 viviendas y espacios
para oficinas.
El plan ahora
aprobado incluye también las infraestructuras, que ejecutarán
las administraciones y pagarán los propietarios del suelo. ADIF
cubrirá las vías, la CAM trasladará las instalaciones
subterráneas del Canal de Isabel II y el Ayuntamiento reordenará
el Nudo Norte y el Nudo de Fuencarral.
BBVA obtuvo
por concurso público los terrenos de Adif en los 90 y, con los diferentes
obstáculos que se ha ido encontrando —los parones políticos
y judiciales—, acordó que abonaría el pago de los 1.000 millones
de euros por los terrenos cuando la ejecución del proyecto obtuviera
la luz verde.
Actualmente
ha terminado la fase de información pública del plan. El
proyecto ha recibido 1.800 alegaciones, que se tienen que estudiar una
a una antes de que pase por la comisión de Urbanismo y el pleno
del Ayuntamiento.
Según
ABC, existe una cláusula temporal que pone fin a este proyecto que
lleva 20 años intentando prosperar; una cláusula que llega
cuando expiró el anterior contrato de cinco años firmado
en 2009. «Ya no habrá más prórrogas»,
aseguran fuentes de toda solvencia, «después de tantos palos
en las ruedas».
Recientemente,
el Tribunal Supremo (TS) ha revocado, por falta de motivación, la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que acordó
la nulidad de algunos aspectos del Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI)
para la Prolongación de la Castellana, base de la denominada 'Operación
Chamartín', en la capital.
Así
consta en una sentencia en la que estima el recurso del Ayuntamiento de
Madrid por cuestiones como que el PPRI contravenía el artículo
39.8 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2007, que no permitía
edificar con altura superior a tres plantas más ático salvo
edificios singulares cuando concurriesen circunstancias especiales.
Para el TS,
en la sentencia del TSJM no alcanza el nivel de exigencia de motivación
que se requiere. "Nada se dice ni se motiva -señala el Supremo-
sobre porqué a un PPRI, inicialmente aprobado en 2009, no le es
de aplicación el texto de la Ley del Suelo de Madrid, vigente desde
2007, en toda su integridad: esto es, con su limitación de alturas
y su régimen transitorio".
La sentencia
de la sala de lo contencioso administrativo del TSJM, fechada en junio
de 2013, anulaba en parte el proyecto, incluida la construcción
de rascacielos en el ámbito de la 'Operación Chamartín',
por lo que fue recurrida por el Ayuntamiento de Madrid y otras entidades.
La Sala III
del Supremo considera que la sentencia del TSJM carece de la motivación
suficiente en cuestiones esenciales para resolver el pleito, por lo que
ordena a la misma Sala del TSJ que dicte una nueva sentencia dando contestación
al asunto.
El TSJM había
estimado parcialmente un recurso interpuesto por el estudio de arquitectura
Muñoyerro Asociados Arquitectura contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid de 30 de marzo de 2011, por el que fue aprobado
definitivamente el PPRI de 'Prolongación de la Castellana'.
Entre otras
cuestiones, el TSJM estimó que el plan contravenía el artículo
39.8 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2007, que no permitía
edificar con altura superior a tres plantas más ático, salvo
edificios singulares cuando concurriesen circunstancias especiales.
Contra esta
sentencia, el Ayuntamiento y las entidades Desarrollo Urbanístico
Chamartín, Renfe-Operadora y Adif recurrieron en casación
ante el TS. En concreto, la empresa Ducho (Desarrollos Urbanísticos
Chamartín SA), adjudicataria del concurso convocado por Renfe para
el desarrollo de sus terrenos en este ámbito, que representan más
de la mitad del total, tenía previsto edificar un rascacielos de
60 plantas, otros 14 con más de 25 pisos para oficinas y una decena
de torres de 15 ó 20 alturas para viviendas.
Al tratarse
de cuestiones reguladas por derecho autonómico de la Comunidad de
Madrid, el Supremo retrotrae lo actuado al momento inmediatamente anterior
al de dictar sentencia para que sea la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del TSJ de Madrid, de nuevo, la que resuelva todas las cuestiones controvertidas.
La 'Operación
Chamartín' supondría la construcción de más
de 17.000 viviendas en el norte de la capital, de las que 4.000 serían
protegidas, y la modernización del norte de Madrid capital. Este
proyecto destinaría 1,2 millones de metros cuadrados a oficinas,
305.000 metros cuadrados a equipamientos, 165.000 metros cuadrados a hoteles
y 165.000 metros cuadrados a comercios, más otros 542.000 metros
cuadrados de zonas verdes.
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