En el dictamen
que aborda la regularización de viviendas aisladas ejecutadas sobre
suelo no urbanizable, el consultivo considera que la comunidad tiene competencia
para dictar la ley y declarar la situación legal de asimilado al
de fuera de ordenación de las edificaciones residenciales ejecutadas
sobre tales parcelaciones.
Según
el Consejo Consultivo, como régimen transitorio se contempla la
aplicación de la ley a las parcelaciones ya existentes a la fecha
de su entrada en vigor para las que haya transcurrido el plazo de seis
años y exista vivienda edificada.
En cuanto al
anteproyecto de ley contra el fraude fiscal, el consultivo ha efectuado
diversas recomendaciones al articulado que tienen que ver con la necesidad
de observar el marco competencial de la comunidad autónoma de Andalucía
y el principio de capacidad económica, así como el Derecho
de la Comunidad Europea.
El Pleno del
Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado favorablemente el
anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes
en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones
urbanísticas en suelo no urbanizable y el anteproyecto de Ley de
acceso a determinados beneficios públicos y de medidas contra el
fraude fiscal.
Según
un comunicado del Consultivo, en el dictamen que aborda la regularización
de viviendas aisladas ejecutadas sobre suelo no urbanizable, se considera
que la comunidad autónoma tiene competencia para dictar la ley y
declarar la situación legal de asimilado al de fuera de ordenación
de las edificaciones residenciales ejecutadas sobre tales parcelaciones.
Como régimen
transitorio, se contempla la aplicación de la ley a las parcelaciones
ya existentes a la fecha de su entrada en vigor para las que haya transcurrido
el plazo de seis años y exista vivienda edificada. En lo referente
al anteproyecto de ley contra el fraude fiscal, el Consultivo ha efectuado
diversas recomendaciones al articulado que tienen que ver con la necesidad
de observar el marco competencial de la comunidad autónoma y el
principio de capacidad económica, así como el Derecho de
la Comunidad Europea.
|
