| "Llevamos
dos años sin poder entrar en nuestras viviendas", ha detallado varios
de los representantes, que han tomado la palabra cuando ha terminado la
sesión de la comisión, dado que no ha habido turno de ruegos.
Portaban diversos carteles con el lema '35 vecinos sin legalizar' y han
expuesto a los presentes su situación, denunciando que la situación
en Valdebebas está legalizada a nivel genérico pero, en su
caso, siguen sin poder entrar en sus casas.
La situación
la ha generado, según sostienen, el recurso a la concesión
de la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento para sus viviendas
por parte de un particular, al que acusan de tener motivos "especulativos".
Están a la espera de que el juzgado que lleva el recurso resuelva
el caso y creen que, mientras ello ocurre, existen diversas alternativas
para poder encontrar una solución, aspecto que han reclamado con
su intervención en la comisión de Urbanismo.
Por su parte,
fuentes municipales han explicado que ha habido "muchas reuniones" con
este grupo de personas para analizar su situación, generada por
una particular al que han definido como "recurrente habitual".
Las mismas
fuentes recalcan que el Consistorio está "atado de pies y manos"
porque el juzgado ha decretado medidas cautelares contra la concesión
de la licencia de obras. En este punto, recalcan que la solución
pasa por el hecho de que el particular retire la denuncia o que el juzgado
emita su fallo lo antes posible.
Desde que se
puso en marcha la cooperativa (una 'promoción encubierta' de Inmoferrocarril,
como la definen los propios cooperativistas) las familias afectadas han
tenido que sortear todo tipo de obstáculos. En 2013, con las viviendas
listas para estrenar, no consiguieron la LPO porque la constructora retuvo
la documentación necesaria: reclamaba a los cooperativistas más
de 300.000 euros para pagar el suelo que debería haber cubierto
la entidad bancaria con la que suscribieron el préstamo para costear
las obras. La constructora llegó a amenazar con el embargo del edificio,
aunque los cooperativistas lo evitaron tras reunir el dinero. Pero entonces
se interpuso una demanda contra la cooperativa (del mismo modo que ha demandado
muchas de las otras promociones de Valdebebas, basándose en la 'nulidad'
del desarrollo que dictó el Supremo en 2012) admitida por un juzgado
madrileño, que todavía no ha emitido sentencia. De este modo,
mientras el resto de vecinos de Valdebebas han logrado 'regularizar' su
situación con el nuevo Plan de Reparcelación del desarrollo,
el futuro de la cooperativa San Isidro pende de los tribunales.
El Ayuntamiento
de Madrid se ha comprometido en varias ocasiones a resolver la situación
de los cooperativistas que pagan por una casa sin legalizar.
ANTECEDENTES
JULIO 2014
La complicada
situación de la parcela 150 D
De entre
todos los afectados por este embrollo jurídico, hay una cooperativa
que sufre una situación más complicada que el resto. Se trata
de la Sociedad Cooperativa Madrileña San Isidro, cuyo residencial
ocupa la parcela 150 D del desarrollo de Valdebebas. Las obras del edificio
de 35 viviendas concluyeron en noviembre de 2013 y en mayo de este año,
tras haber obtenido la calificación definitiva como VPPL por parte
de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento les comunicó que todos
los informes eran favorables para la obtención de la Licencia de
Primera Ocupación. Pero en su caso, el retraso para poder obtenerla
irá más allá del tiempo que se tarde en aprobar un
nuevo proyecto de reparcelación o de la voluntad del Ayuntamiento
para concederlas. La nulidad de su licencia de obras es la única
que un juzgado de Madrid ha admitido a trámite, después de
que el demandante, Luis Ignacio Martínez Alías, solicitara
la de todas ellas. "En el juzgado nos han dicho que sólo hay dos
vías para solventarlo", explica uno de los cooperativistas, "que
nos sumemos al contencioso contra el Ayuntamiento y sigamos el proceso,
que se puede dilatar años, o que el demandante desista". Cada mes
que pasa sin poder ocupar sus casas cada una de estas 35 familias tiene
que pagar una media de 1.700 euros. "Muchos hemos tenido que pedir créditos
personales para hacer frente a los gastos. No podemos soportar esta situación
más tiempo y la cooperativa está al borde de la quiebra",
reconoce el cooperativista afectado.
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