La medida,
que no afecta al suelo urbano, prevé la protección de 43
millones de metros cuadrados (4.300 hectáreas) que no tienen ninguna
protección hasta que se redacte y apruebe el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana
(Pativel). Un instrumento jurídico que fijará las medidas
de protección de la franja costera y los proyectos a desarrollar
para mejorar el paisaje litoral de los 60 municipios donde viven 2,7 millones
de personas entre Alicante, Valencia y Castellón, con una densidad
de población de 850 habitantes por kilómetro cuadrado.
Todos los
planes de urbanización que afecten a suelo situado a menos de 500
metros de la costa, de norte a sur de la Comunitat Valenciana, están
paralizados en este momento por una decisión del Consell de la Generalitat,
que quiere proteger toda la costa que se haya salvado de la vorágine
del ladrillo.
En esas circunstancias
existen proyectos urbanísticos pendientes en Tavernes de la Valldigna
(Marenys), Gandia (Marenys de Rafalcaid), Miramar, Piles y Oliva que, según
señaló ayer la consellera María José Salvador,
«van a ser revisados», lo que no significa que todos queden
suspendidos.
Pero la nueva
ola protectora del litoral se extiende al interior y tiene la intención
de «limitar» todos los planes generales de ordenación
urbana el territorio situado a menos de dos kilómetros del mar.
Eso afecta, de norte a sur, a Tavernes, Xeraco, Gandia, Daimús,
Guardamar, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva que, si se confirma la decisión
de no construir más viviendas en la costa, tendrían que cambiar
significativamente su planificación de desarrollo futuro.
ANTECEDENTES
16 de noviembre
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
EL BLOQUEO
URBANÍSTICO DE LA MORATORIA DE LA COSTA VALENCIANA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad
Valenciana. En principio, el suelo que queda afectado con la orden de la
Conselleria se divide en, aproximadamente, 350 hectáreas de suelo
no urbanizable y 250 hectáreas de suelo urbanizable programado o
con el plan caducado. El secretario general de los Asociación de
Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo
Ros, portavoz también de la patronal de la Comunidad Valenciana,
ha advertido del efecto que puede tener la moratoria de un año impuesta
por el Consell al desarrollo de nuevos planes urbanísticos en la
costa, y que en la provincia puede afectar, directamente, a unos siete
millones de metros cuadrados de suelo calificado como no urbanizable o
urbanizable programado. «La medida podría llegar a ser positiva
porque nadie cuestiona que haya que proteger el litoral, pero anuncios
como éste y de la forma como se hacen frenan cualquier tipo de iniciativa
e, incluso, pueden llevarse por delante a empresas que llevan esperando
desde hace diez años la aprobación de sus planes urbanísticos»,
subrayó Jesualdo Ros.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Los promotores
alertan, por otro lado, de que la recuperación económica
que se anuncia en el conjunto de la Comunidad Valenciana va más
lenta en Alicante, donde el peso de la construcción en la economía
es más importante que en el resto de las otras dos provincias, según
Provia. Y eso que entre enero y octubre de este año el Colegio de
Aparejadores ha registrado visados por un total de 3.377 viviendas nuevas
frente a las 2.746 que se visaron durante todo el año 2014 , y estima
a final de año se cierre con una cifra cercana a las 4.000, un 45%.
En este sentido, el presidente del Colegio, Gregorio Alemañ compartió
las impresiones de Jesualdo Ros. Alemañ consideró, en declaraciones
a la cadena Ser, que la medida no es mala pero también puede ser
perjudicial por su efecto sobre la construcción.
Los que
se mostraron completamente a favor fueron los conservacionistas de Ecologistas
en Acción, que apuntaron que la moratoria y el plan ofrecen una
oportunidad de oro para acabar con proyectos como el de Cala Mosca en el
litoral de la Vega Baja.
La reacción
de los promotores se produjo un día después de que la consellera
María José Salvador, firmara la orden por la que el Consell
ha establecido una moratoria de un año a la aprobación de
planes urbanísticos que impliquen recalificación de suelo
no urbanizable o urbanizable programado en los 500 metros de franja costera
entre Vinaroz y Pilar de la Horadada. La medida, que no afecta al suelo
urbano, prevé la protección de 43 millones de metros cuadrados
(4.300 hectáreas) en la Comunidad Valenciana, que no tienen ninguna
protección hasta que se redacte y apruebe el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana
(Pativel), un instrumento jurídico que fijará las medidas
de protección de la franja costera y los proyectos a desarrollar
para mejorar el paisaje litoral. La moratoria afecta a los 60 municipios
de la costa donde viven 2,7 millones de personas entre Alicante, Valencia
y Castellón, con una densidad de población de 850 habitantes
por kilómetro cuadrado.
La moratoria
de un año para aprobar nuevos PAI en la franja litoral de la Comunidad
Valenciana del Consell ha sido recibida con escepticismo y decepción
por parte de los constructores de Castellón. Consideran que la decisión
llega tarde porque el boom urbanístico vivido antes del estallido
de la crisis ya ocupó buen parte de la costa de la provincia y,
en la actualidad, «ni queda mucho donde construir ni hay solvencia
para la mayoría de constructores de la provincia para hacerlo en
estos momentos», explicó el empresario Fermín Renau,
miembro de la patronal en la provincia APECC.
No obstante,
asegura que es una mala noticia para atraer inversores foráneos,
de otras provincias o países, para desarrollar nuevos proyectos
urbanísticos en el litoral de la provincia. «Nosotros tenemos
pocos proyectos en la franja litoral que pudiera desarrollarse y si había
inversores de fuera buscando oportunidades, ya se les ha ahuyentado»,
insistió. Renau insistió en que, «por lo que conozco
la provincia, no sé si en Valencia y Alicante la situación
es igual, aquí hay ahora pocos proyectos en la franja litoral. Lo
que teníamos que hacer ya lo hicimos», afirmó. El empresario
matizó que existen algunas excepciones como Benicàssim donde
se han reactivado algunas promociones que han tenido una buena respuesta
por parte de la demanda pero no son la regla general. «En Benicàssim
apenas se construyó durante los años de la expansión
inmobiliaria y ahora, si se hacen un par de promociones es lógico
que hay una buena respuesta. Mientras en Moncofa proyectábamos mil
viviendas en Benicàssim eran sólo cinco, por poner un ejemplo»,
indicó Renau.Por este motivo, el constructor castellonense considera
que la medida del Consell pasará «sin pena ni gloria»
para la provincia. «Es sólo un año. No hay muchos proyectos
en esa franja litoral que estén pendientes de aprobarse. Ojalá.
Aunque de cara a futuros proyectos es una mala noticia porque aleja a los
inversores», añadió.
Tras casi
ocho años de crisis, el sector de la construcción en Castellón
sobrevive con dificultad con pequeñas obras y reformas. «La
construcción va un poquito mejor de la mano de la reforma, tipo
cocinas, baños y poco más. La promoción, hay poca,
la verdad. Algún autopromotor que pone en marcha una pequeña
obra y poco más», insistió Fermín Renau. El
constructor insistió en que la venta de pisos sigue muy estancada.
«Pequeños pisos se venden, operaciones de menos capital. Pero
queda mucho por vender y seguimos atados de pies y manos a los bancos.
Lo que se vende es a través de la Sareb y has de cumplir unos requisitos
muy estrictos», se lamentó el empresario de Castellón.
13 de noviembre
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
PLAN DE
ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL (PATIVEL).
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de la Comunidad
Valenciana. Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde
del Litoral (Pativel). El plan identifica 14 áreas prioritarias
en las tres provincias, pero el análisis será de la globalidad
del espacio litoral. La Generalitat Valenciana ha declarado una moratoria
urbanística de un año para todos los programas urbanísticos
que afectan a los primeros 500 metros de franja costera mientras elabora
un Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde (Pativel)
entre cuyos objetivos figura «corregir las disfuncionalidades»
del actual planeamiento urbanístico y preservar del ladrillo las
últimas zonas costeras libres de edificación. Esta decisión
afectará a 23 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable,
otros 20 millones de suelo urbanizable sin programar y "posiblemente" entre
10 y 15 millones de metros más de suelo urbanizable programado.
La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, María José Salvador aprobará
la moratoria que afecta inicialmente a 2.300 hectáreas (2.300.000
metros cuadrados) de suelo no urbanizable común; 2.000 hectáreas
de suelo urbanizable común y entre 10 y 15 mil hectáreas
en este suelo la intervención administrativa está condicionada
por posibles reclamaciones de indemnización de suelo urbanizable
ya programado.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
La Generalitat
concede a esta iniciativa las características de «plan de
choque» destinado a «proteger el suelo del litoral valenciano
del urbanismo desaforado de los últimos años», aseguró
Maria José Salvador.
Ante unas
150 personas, la mayoría procedentes de ayuntamientos costeros,
colegios y organizaciones profesionales vinculadas al urbanismo y empresarios,
la consellera dijo que era necesario «dar un paso adelante y abandonar
la política que se ha llevado a término en los últimos
20 años en la costa valenciana porque ha sido un modelo de depredación».
El plan
afecta inicialmente a todos los terrenos situados en la franja de 500 metros
desde la ribera del mar, aunque se amplía hasta los 2.000 metros
si así se garantiza la conectividad con la infraestructura verde
del interior.
DECLARACIONES
"Hemos
tomado la decisión de aplicar una moratoria en los programas que
se están tramitando y que afectan a la franja costera de 500 metros
porque en definitiva queremos preservar el suelo no urbanizable que no
está protegido y el urbanizable tendrá que hacer su correspondiente
revisión para que esté en sintonía con la protección
de la infraestructura verde y de sus conexiones con el territorio", ha
asegurado la consellera de Vivienda, María José Salvador.
La intención
es que durante ese año de moratoria se pueda elaborar un Plan de
Acción Territorial del Litoral y a partir de ahí los planes
que estaban en tramitación también tendrán que volver
a pasar por ese nuevo filtro normativo.
La consellera
realizó este anuncio en la presentación del Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). "Queremos
proteger nuestro litoral, dar un paso adelante y abandonar la política
que se ha llevado a término en los últimos 20 años
en la costa valenciana porque ha sido un modelo de depredación",
justificó Salvador.
La consellera
defendió que el litoral es el activo territorial más importante
de la Comunidad Valenciana por su triple dimensión económica,
ambiental y social., con el 15% del PIB en la franja de 500 metros desde
la ribera del mar (puertos, turismo, pesca, etc); ambiental porque la franja
costera alberga a nada menos que 10 Parques Naturales, el 90% de nuestros
zonas húmedas más importantes y 23 Lugares de Interés
Comunitario; y social porque más del 70% de la población
vive a menos de 10 kilómetros de la franja litoral con lo que supone
en cuanto a la posibilidad de aprovechar sus bienes y servicios ambientales,
económicos y recreativos.
La medida,
que no afecta al suelo urbano, prevé la protección de 43
millones de metros cuadrados (4.300 hectáreas) que no tienen ninguna
protección hasta que se redacte y apruebe el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana
(Pativel). Un instrumento jurídico que fijará las medidas
de protección de la franja costera y los proyectos a desarrollar
para mejorar el paisaje litoral de los 60 municipios donde viven 2,7 millones
de personas entre Alicante, Valencia y Castellón, con una densidad
de población de 850 habitantes por kilómetro cuadrado.
La línea
de 500 metros que va desde la orilla del mar hacia el interior no sólo
concentra población, sino que ahí se produce el 15% del PIB
y concentra el 85% del valor turístico. Salvador justificó
la moratoria y la elaboración del plan en la necesidad de proteger
un espacio que ha sido, según la titular de Urbanismo, arrasado
en los últimos 20 años, como lo demuestra el que la tasa
de urbanización en los primeros 10 kilómetros de costa fue
3,5 veces superior al crecimiento de la población. «Lo cual
es síntoma evidente de las políticas erróneas que
se han llevado a cabo durante los últimos años. Si no se
actúa de manera urgente, en diez años se colmatará
toda la franja litoral que no está protegida por la legislación
ambiental y el paisaje urbano se convertirá en una conurbación
despersonalizada y banal que restará mucho valor añadido
al conjunto del territorio», denunció ayer Salvador.
DATOS
El 15%
del PIB de la Comunidad Valenciana se realiza en la franja de 500 metros
desde la ribera del mar (puertos, turismo, pesca...). Valor ambiental porque
la franja costera alberga a nada menos que diez parques naturales, el 90%
de las zonas húmedas más importantes y 23 Lugares de Interés
Comunitario; y social porque más del 70% de la población
vive a menos de 10 kilómetros de la franja litoral con lo que supone
en cuanto a la posibilidad de aprovechar sus bienes y servicios ambientales,
económicos y recreativos.
La situación
en la que se encuentra en estos momentos la Comunidad es la de una franja
litoral con más de un 50% de suelo urbano y urbanizable en su primer
kilómetro de costa, y unos tramos de suelo no urbanizable que no
cuentan con protección ambiental pero ostentan valores territoriales
y paisajísticos de primer orden los cuales son cruciales para la
sostenibilidad conjunta del territorio.
El plan
parte de una propuesta de distintas categorías de suelo en función
de su protagonismo en la coherencia y funcionalidad de la infraestructura
verde, y una regulación normativa que permita compatibilizar algunos
usos y actividades sostenibles en el litoral sin menoscabar sus grandes
valores ambientales, territoriales y culturales. Con ello se preservarán
de la urbanización los suelos de más valor y se definirá
un modelo territorial acorde con los procesos naturales del territorio.
El plan identifica 14 áreas prioritarias en las tres provincias,
pero el análisis será de la globalidad del espacio litoral.
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