| El Gobierno
de España ha apreciado indicios de inconstitucionalidad en la Ley
de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región
de Murcia. Como paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad
se ha creado una Comisión Bilateral de Cooperación entre
la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
Los aspectos
en los que el Gobierno de España ha apreciado indicios de inconstitucionalidad
están en varios artículos de la Ley que tienen que ver con
el llamado "tele-transporte", por el tanto por ciento de suelo destinado
a vivienda en régimen de Protección Pública o la valoración
de las expropiaciones para suelo con función social, etc.
"En la Región
de Murcia se ha convertido la ordenación del territorio en un puzle
de 45 piezas de difícil encaje, donde cada municipio ha ido ordenado
su territorio sin ningún tipo de criterio supramunicipal, económico,
social o medioambiental y las consecuencias han sido las que todos conocemos:
un urbanismo a la carta, que ha plagado a la Región de urbanizaciones
fantasmas o lo que es peor, de innumerables casos de corrupción
urbanística".
El diputado
socialista, Alfonso Martínez Baños, logró el
apoyo de los grupos de la Asamblea Regional para que se cree una ponencia
para revisar la Ley 13/2015.
Para Alfonso
Martínez Baños "es necesario realizar una revisión
en profundidad de la Ley 13/2015 para garantizar la Constitucionalidad
de la misma, a fin de que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía
en general y a un desarrollo sostenible del territorio de la Región
de Murcia", concluyó.
Martínez
Baños indicó que el pasado 30 de marzo la norma se aprobó
«a toda prisa» como proposición del Grupo Popular y
no como proyecto de Ley del Ejecutivo, «para evitar someterla al
análisis del Consejo Jurídico y el Consejo Económico
y Social».
«Está
Ley fue aprobada en solitario por el PP en la última semana del
periodo legislativo anterior, sin las garantías jurídicas
necesarias; ni siquiera fue debatida en el Pleno de la Asamblea, ya que
el PP la sacó adelante en la Comisión de Política
Territorial», añadió el diputado socialista.
Martínez
Baños apuntó que se trata de una Ley muy compleja que debería
haberse tramitado con todas las garantías jurídicas, con
los informes preceptivos y con la participación de los ayuntamientos
y los agentes sociales y medioambientales.
«La política
territorial del Gobierno regional deja mucho que desear, carece de planificación
y genera inseguridad jurídica». «Hay 45 ordenaciones
del territorio, una por cada municipio», insistió.
En esta ponencia,
el socialista quiere dar voz a todos los colectivos que no pudieron en
su día dar su opinión, entre ellos, la Universidad de Murcia,
«o buena parte de los ayuntamientos».
Para Martínez
Baños «es necesario realizar una revisión en profundidad
de la Ley para garantizar la Constitucionalidad de la misma, a fin de que
se ajuste a las necesidades de la ciudadanía en general, y no de
unos pocos, y a un desarrollo sostenible del territorio de la Región».
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