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23 de octubre de 2015
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LA IMAGEN DE ESPAÑA ANTE LA AUDITORÍA DE LOS CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de la obra pública y en la guía de financiación de infraestructuras. El Ministerio de Hacienda ha anunciado un proceso urgente de auditoría, a realizar por el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, para comprobar la verificación y contraste de la información suministrada por estas administraciones. Esto ha sucedido después de tener que reconocer que ha recibido información fuera de plazo de unas inversiones en carreteras y centros penitenciarios ejecutadas en el pasado por la Generalitat de Cataluña a través de contratos de colaboración público-privada. La misma situación se produce con 200 millones de euros de inversión del ayuntamiento de Zaragoza en el tranvía de la ciudad. La situación es preocupante por: 1) incumplimiento del deber de informar al estado de operaciones contables y 2) falta de auditoría o vigilancia de contratos de colaboración público-privada. Esta situación ha afectado a la imagen y credibilidad de España, a la que Eurostat ha tenido que corregir por no querer reconocer el problema interno e intentar computar contablemente en  el año 2013, a lo que Eurostat se ha negado indicando que el déficit aflorado se contabilizara en el año 2015. Y lo peor es que puede no tratarse de casos aislados, por lo que el Ministerio de Hacienda ha anunciado un proceso urgente de auditoría, a realizar por el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, para comprobar la verificación y contraste de la información suministrada por estas administraciones, tanto autonomías como ayuntamientos. Los hechos revisten tal gravedad que no es de extrañar la exigencia de responsabilidades, tanto por el deber de informar como por el régimen de controles de supervisión del estado español.
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Las posibilidades de cumplir el objetivo de déficit público, que ya eran escasas, se han reducido todavía más después de que Eurostat haya exigido que el Gobierno impute al ejercicio en curso una décima del déficit público de 2013. El Ministerio de Hacienda informó hoy de que recientemente tuvo conocimiento de unas inversiones en carreteras y centros penitenciarios ejecutadas en el pasado por la Generalitat de Cataluña a través de contratos de colaboración público-privada. Ese desembolsó se imputó en el año 2013, que era el último pendiente de cierre definitivo. El Gobierno informó a las autoridades europeas de esta circunstancia, pero Eurostat exigió que el déficit aflorado se contabilizara en el año 2015. La misma situación se produce con 200 millones de euros de inversión del ayuntamiento de Zaragoza en el tranvía de la ciudad.

En total, las autoridades europeas obligan a que 1.518 millones de gasto imputado en 2013 se reconozca en 2015. Así, el déficit público de este año contará con una imprevista décima adicional. Ello reduce todavía más las posibilidades de cumplir este año el objetivo de rebajar el déficit público al 4,2% que exige Bruselas. La Comisión Europea prevé que España incumplirá el límite.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha emitido un comunicado en el que critica al Ministerio "por desviar lo que es un conflícto entre la Intervención General de la Administración del Estado y Eurostat hacia Cataluña y el Ayuntamiento de Zaragoza. El conseller de Finanzas, Andreu Mas-Colell "lamenta" que el déficit catalán quedará incrementado en 0,7 décimas (el equivalente en su caso a 1.318 millones) "por decisiones sobre criterios de contabilidad aplicados a gastos en infraestructuras anteriores a 2011".
 

VER COMUNICADO COMPLETO DEL MINISTERIO DE HACIENDA 
 

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