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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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25 de mayo de 2017
 
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CONFLICTO DE INTERESES EN LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS
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  • Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las incompatibilidades y conflictos de interés de electos locales y miembros de la Junta de gobierno local. 
Consecuencias de concurrir en una misma persona la condición de propietario del suelo y concejal del Ayuntamiento. Esta situación se produce en el convenio urbanístico del Ayuntamiento de Castro Urdiales con la empresa Conservas Lolín para recalificar los terrenos de la fábrica y permitir la construcción de un centro comercial, una vez se traslade al polígono de Vallegón. El responsable de Urbanismo y Medio Ambiente de la Mesa de Coordinación de EQUO Cantabria, Juantxu Bazán, ha denunciado conflicto de intereses que supone que el promotor del convenio, Jesús Gutiérrez, sea al mismo tiempo dueño de la fábrica y concejal del Ayuntamiento. Equo alega también que el nuevo centro comercial obtiene más del triple del aprovechamiento urbanístico establecido por las ordenanzas y afirma que el objetivo del convenio es un negocio empresarial que no persigue el interés público.

Otra de sus denuncias es la usurpación de suelo público, suelo que debió cederse en el momento de construir la fábrica de anchoas que se corresponde al espacio viario y peatonal. El partido ecologista calcula en 835 metros cuadrados el suelo que no fue cedido por el promotor ni controlado por los técnicos municipales de Urbanismo, aunque emplaza a que sea el propio Ayuntamiento quien realice un informe adecuado y abra un expediente para la recuperación de los terrenos usurpados.

Equo avisa de "graves irregularidades" en el escrito de alegaciones que ha presentado al convenio del Ayuntamiento de Castro Urdiales con la empresa Conservas Lolín para recalificar los terrenos de la fábrica y permitir la construcción de un centro comercial, una vez se traslade al polígono de Vallegón.

El partido ecologista se muestra "radicalmente contrario" a un convenio que, a su juicio, "no es ético, no es legal, y encima está lleno de trampas, algunas tan graves que podrían significar responsabilidades penales en caso de el Ayuntamiento siga adelante con esta operación", dice.

Equo sostiene en sus alegaciones que "no debería haber duda alguna" de que se produce ese conflicto de intereses en la medida en que Guitiérrez "tiene interés económico directo y personal en la recalificación objeto de este convenio, y en su condición de concejal está comprometiendo la imparcialidad e independencia del Pleno de la Corporación de la que forma parte".

Además expresa su extrañeza por la falta de informes jurídicos al respecto, y pide que se solicite a la Junta Consultiva de Contratación u órgano consultivo competente que informe que el concejal puede hacer un convenio urbanístico con el Ayuntamiento, pues en caso contrario "estaríamos ante un convenio siempre bajo sospecha", advierte.
 

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