No obstante, Villar insistió en que la Ley del Suelo contempla un informe de legalidad por parte del Gobierno de Canarias, de manera similar a los que emite el Gobierno estatal, y añadió que el dictamen de la comunidad autónoma “no es el único control”, sino que hay informes desde el inicio de la tramitación de cualquier plan. Cuestionado que no se paralice un procedimiento si los informes preceptivos de las administraciones no llegan en plazo, defendió que está así previsto en la legislación estatal y que, de esta forma, se evita “el bloqueo por el bloqueo”.

DECLARACIONES DE LA JORNADA
 
La indefensión que durante años sintieron los residentes de las casas de Gando ante el proyecto de ampliación del proyecto del aeropuerto de Gran Canaria es ejemplo de cómo la norma queda desfasada antes las nuevas realidades que existen. "Dicho con otras palabras, el legislador canario está diciendo que el marco normativo que tenemos no sirve para resolver problemas. Hagamos leyes singulares, es decir, escapatorias a ese esquema", explicó en Tinajo este lunes Francisco Villar, coordinador del equipo redactor de la Ley del Suelo, en la charla organizada por la Fecam.
 
Paradójico resulta que la propia administración decida tomar atajos o vías de escape para poder superar la parálisis que generan las propias normas que aprueba y que no le son útiles. "Tenemos una necesidad real", aseguró Villar.
 
Para evitar que en Canarias la media de aprobación de planeamientos sea de 12 años, el presidente del Ejecutivo autonómico ha decidido actuar con la llamada Ley del Suelo, que está siendo duramente criticada por quienes aseguran que promueve el desarrollismo feroz. Sin embargo, sus redactores toman la propia Ley del Suelo estatal para matizar estas acusaciones. "Por tanto, concepto de desarrollo sostenible, equilibrio prudente y razonable entre desarrollo y conservación en la clave que nos están diciendo las instituciones que se han pronunciado desde el punto de vista jurídico e institucional", responde el coordinador del equipo redactor de la Ley del Suelo.
 
El anteproyecto también tiene un objetivo y es eliminar las fronteras confusas entre las administraciones insulares y municipales. Las constantes adaptaciones a las que se deben someter las normas llevan al administrador a estar en constante actualización y a esta conclusión. "No tenemos un suelo ordenado y acomodado al marco normativo del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, esa es la realidad", afirmó Francisco Villar.

La palabra agilidad está constantemente en la mente de los redactores del proyecto de la Ley del Suelo. De ahí que promulguen unos plazos máximos y mínimos para no eternizar los procesos. "Si usted no emite el informe en plazo, no vamos a seguir esperando meses y meses a que lo tenga a bien. Emita el informe y, si no, continuo la tramitación", precisó.
 
Si prospera la norma más ambiciosa de esta legislatura, cada administración asumirá sus competencias en la aprobación de sus respectivas normas en un plazo no superior a los cinco años, tiempo suficiente para que los ayuntamientos definan el esqueleto urbanístico, porque la Ley del Suelo obliga a definir en bloque hasta el último metro cuadrado del territorio. "Por lo tanto, la posibilidad de que el Plan General se vaya completando a medida que vas resolviendo los conflictos", indicó Villar.
 
El Gobierno regional también quiere evitar la elevada cantidad de informes sectoriales, es decir, de múltiples departamentos, que influyen en la aprobación de un planeamiento. Por cierto, muchos de ellos contradictorios entre sí y que hacen que los PIOL en general no sean ejecutivos y generen múltiples conflictos en los municipios. "El proyecto de ley apuesta por conseguir que las administraciones públicas, cuando emitan un informe, sea de la administración, es decir, del Cabildo, no del Servicio de Patrimonio o del Servicio Rústico, y que el CAbildo priorice entre sus servicios que cosas le preocupan para ese municipio", explicó el coordinador del equipo redactor.
 
En la actualidad hay 22 municipios que se rigen por normas subsidiarias, es decir, no han logrado tener sus planes generales aprobados, una cifra que para los padres de la Ley del Suelo demuestra que lo que hay no funciona y hay que intentar simplificarlo.