| "En Valencia
capital se comenzó a solicitar este informe de compatibilidad urbanística
porque según el Ayuntamiento tenían que cumplir la ley de
prevención de calidad ambiental", explican desde Turismo. "Lo pedíamos
para colaborar con el consistorio ante el aumento de protestas vecinales".
Sin embargo, ahora tan solo basta con la correspondiente comunicación
a la administración acompañada de una declaración
responsable y la licencia de primera ocupación. Y es que la
ley autonómica, por la garantía de unidad de mercado, debe
ser igual para todos.
Según
explican desde Turismo, ha dado la casualidad de que la decisión
de no pedir la compatibilidad urbanística ha coincidido en el tiempo
con una sentencia del juzgado de lo contencioso número 6 de Valencia
en la que anulaba una decisión del Ayuntamiento de Valencia por
la que cerró cinco viviendas turísticas en 2014. La empresa
intentaba registrarse en esta modalidad pero el consistorio consideró
que se trataba de una actividad clandestina por no haber entregado una
licencia ambiental, que se pide por uso hotelero, que permitiera la apertura
del establecimiento.
Desde el juzgado
se considera forzado el pretender aplicar a las viviendas turísticas
la ley de prevención de contaminación y calidad ambiental,
porque no se entiende en qué medida la cesión de uso remunerada
y de forma habitual de viviendas puede afectar al medio ambiente, lo que
se pide para hacerlas legales, en mayor medida que un contrato civil de
arrendamiento de vivienda. No obstante, esta sentencia todavía no
es firme ya que cabe recurso por parte del consistorio, algo que está
estudiando.
El Ayuntamiento,
quien supo hace dos días de esta decisión, asegura que la
intención es aclarar la situación e insisten en que la Generalitat
lo único que hace es incluirlas en el registro de viviendas turísticas.
Sin embargo,
el número de registro abre la posibilidad a anunciar estas viviendas
en portales de comercialización como AirBnB o Booking, a quienes
Turismo abrió expediente por no incorporar este dato junto a los
pisos para no tener problemas de cara a la administración autonómica.
"La Generalitat,
con la norma actual, va a permitir una serie de situaciones que puede poner
en apuros a algunos Ayuntamientos", aseguran técnicos del consistorio,
quien insisten en que lo mejor es ordenar de nuevo el PGOU. "Queremos ordenarlo
de una forma sensata, que ni se vayan todos a la misma zona, ni se moleste
a los vecinos". De hecho, el Ayuntamiento ya da por sentado que existen
más de 1.000 viviendas registradas que son ilegales para el consistorio,
previas a que iniciaran su interpretación restrictiva.
"La Generalitat
debería pensar si la Comunitat debería tener competencia
sobre esto, porque puede convertirse en un problema", determinan. Sobre
los tiempos que manejan para solucionar el problema no hay nada claro.
"Estamos viendo el uso que se le da en el plan y estamos estudiando lo
que se ha hecho en otras ciudades".
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