| En sus conclusiones,
explican que la zona de Lloreda en la que se estudian varias parcelas es
en la que se encuentra mayor acumulación de anomalías por
parcela de estudio, aparentemente dada la proximidad a zonas industriales
y a la autovía "Y". Así, consideran lógico realizar
un estudio local de la zona para esclarecer si se trata de una afección
puntual restringida a las parcelas de estudio o por el contrario se trata
un suceso de "contaminación difusa" en el que resulta necesario
delimitar su extensión.
Del estudio
preliminar sobre la composición de los suelos en las zonas rurales
anexas al entorno urbano e industrial de Gijón, con esas anomalías
leves, consideran que el origen de esa situación "parece ligado
a fuentes históricas de contaminación de tipo industrial,
urbano o ligadas al tráfico rodado, sin descartarse puntualmente
el efecto de actividades agrícolas, el uso de rellenos alóctonos
en alguna parcela o incluso alguna anomalía natural". Nuevo trabajo
A la vista de los resultados, la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha decidido profundizar
y contratará un estudio de detalle de los suelos de las parroquias
gijonesas de Jove y Lloreda, sobre una superficie total de 500.000 metros
cuadrados. El trabajo, con un presupuesto de licitación de 41.526
euros, permitirá determinar la calidad del suelo, a través
de un análisis de su contenido en metales.
Con este segundo
trabajo la Consejería pretende profundizar en este proceso de análisis
de suelos, extendiéndolo a dos áreas de 250.000 metros cuadrados
cada una en Lloreda y Jove, con la finalidad de tener unas conclusiones
más detalladas y representativas, conocer si existe algún
tipo de riesgo y, en caso afirmativo, proponer las medidas de prevención
o remediación que procedan.
El trabajo,
que contará con un presupuesto inicial de 41.526 euros, tiene como
objetivo profundizar en los resultados obtenidos en una toma de muestras
realizada este año por la Dirección General de Calidad Ambiental
en 14 parcelas situadas en Lloreda, Veriña y San Andrés,
en Gijón, en virtud de un compromiso adquirido con la Asociación
de Vecinos Bareza-Lloreda.
En las conclusiones
de dicho estudio, realizado por la Universidad de Oviedo, se deja clara
la necesidad de una segunda prueba en la que se incluyan «analíticas
de extracción secuencial para el estudio de las fracciones biodisponibles
de metales pesados y en su caso análisis de riesgo». De este
modo, se analizará una parcela de Jove y dos de Lloreda. Aunque
se aclara que las anomalías detectadas son «leves» y
probablemente sean debidas a «la acumulación, mediante deposición
atmosférica, de metales procedentes de las emisiones históricas
de la industria circundante, sumada al tráfico, y no considera necesaria
la implantación con carácter inmediato de ninguna medida
preventiva o correctora».
De las 12 parcelas
de suelo rústico donde realizaron el estudio, diez de ellas superan
los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) fijados por el Principado.
Por el contrario, las dos de suelo residencial no superaron lo permitido
para tal uso. Además, «de los 20 metales para los que se han
establecido valores de NGR tan sólo siete de ellos presentan anomalías,
excediendo el valor establecido para el uso correspondiente». El
documento aclara que estos datos no tienen por qué significar que
los suelos afectados estén contaminados, «ya que esta cuestión
solo se puede dilucidar mediante la realización de un análisis
de riesgos».
Es, por tanto,
en la zona de Lloreda donde mayor es la acumulación de anomalías,
«aparentemente dada la proximidad a zonas industriales y a la autovía
'Y'». De todas ellas, la repetición de los análisis
se llevará a cabo en dos, ambas de suelo urbano no consolidado.
«Parece lógico realizar un estudio local de la zona para esclarecer
si se trata de una afección restringida a las parcelas de estudio
o por el contrario se trata de un suceso de contaminación difusa
en el que resulta necesario delimitar su extensión».
Asimismo, en
la zona Piquera-Jove «se detectan anomalías en dos de las
tres parcelas». La que se analizará está situada «en
una zona de núcleo rural y el tipo principal predominante es el
urbano». «Afectada por 3 metales que superan el NGR correspondiente,
dada la ubicación, el tipo de material y siendo una afectación
aislada, vistos los resultados de las parcelas colindantes se propone la
recomendación de restringir el uso urbanístico a un tipo
residencial no compatible con agropecuario». Es decir, no se podrán
realizar ninguna actividad agricultora ni ganadera.
Tras la realización
de este segundo informe y dependiendo de los datos obtenidos, este primer
documento recomienda, en caso de que se repitan los resultados, «realizar
un análisis de riesgos mediante la metodología propuesta
en el Real Decreto 9/2005 para asegurar mediante criterios toxicológicos
que no existe peligro para la salud humana».
Por otro lado,
los resultados del captador de partículas en suspensión en
el polígono de Somonte «ponen de manifiesto que la concentración
media de partículas en los primeros siete meses del año ha
sido de 27 microgramos por metro cúbico de aire, inferior al límite
legal de 40». Además, en lo que respecta a la concentración
de metales en el aire «ninguno de los valores medios alcanza, ni
siquiera, la mitad de los valores límite establecidos en la normativa».
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