| La vicepresidenta
del Consell, Mónica Oltra, explicaba que la paralización
de la ATE en Rabassa se ha hecho con el acuerdo del nuevo alcalde de Alicante,
Gabriel Echávarri (PSPV), quien ya había mostrado en numerosas
ocasiones su descontento con el plan. Tras la salida de Sonia Castedo de
la alcaldía de la ciudad, el proyecto que pretendía alzarse
en las lagunas de Rabassa ya contaba con el descontento de su sustituto,
Miguel Valor (PP) y ahora con el del nuevo alcalde.
"Se mantendrá
hasta que el nuevo Gobierno pueda estudiar, a través de los mecanismos
jurídicos convenientes, la reformulación del proyecto, sobre
todo por las implicaciones de corrupción y sospecha de aprovechamiento
particular de lo que tendría que ser un aprovechamiento colectivo"
por parte de Enrique Ortiz, apuntaba Oltra. Éste se encuentra imputado
en el caso Rabassa, pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas
irregularidades en la tramitación del plan.
En 2005, el
Ayuntamiento de Alicante adjudicó a Enrique Ortiz Alicante Avanza,
participada por el propio empresario, Bankia, La Caixa y el grupo inmobiliario
Espacio la urbanización de 4,2 millones de metros cuadrados del
Plan Parcial de Rabasa. La ejecución del macro proyecto urbanístico
en el norte de la ciudad de Alicante, que contemplaba inicialmente la construcción
de 13.500 viviendas, fue aprobado de forma definitiva por la Generalitat
en 2009 y tumbado hasta en cuatro ocasiones en 2013 por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En 2010 pasó
a incluir Ikea. El pleno del Ayuntamiento aprobó en julio del mismo
año el convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles en los que
se modifica el plan general para encajar la ubicación del centro
comercial. En las grabaciones del caso Brugal se detalla cómo Enrique
Ortiz e Ikea alcanzaron un acuerdo en 2007 para ubicar la tienda en suelo
del PAU-1, en el barrio de San Blas, por 31 millones de euros.
Luego cambió
la ubicación a Rabassa y el precio de compra pasa de 31 a 97 millones
para Ortiz que tendría que devolver si el proyecto finalmente no
llegara a buen puerto. Y en ello, recibe, presuntamente según el
informe de la UDEF, la ayuda inestimable del Ayuntamiento de Alicante que
asume el proyecto como suyo. Finalmente reconvirtieron la iniciativa en
un parque urbano de 2,3 millones de metros cuadrados en el sector Lagunas
de Rabasa. Este incluirá un área comercial de 400.000 metros
cuadrados: 300.000 metros cuadrados para Ikea, 120.000 metros de suelo
terciario para comercios, oficinas, restauración u hoteles y 140.000
metros para un parque industrial vinculado a la Universidad de Alicante.
Los restantes
820.000 metros cuadrados se reservará para la recuperación
de las Lagunas de Rabasa. En 2005, el Ayuntamiento de Alicante adjudicó
a Enrique Ortiz Alicante Avanza, participada por el propio empresario,
Bankia, La Caixa y el grupo inmobiliario Espacio la urbanización
de 4,2 millones de metros cuadrados del Plan Parcial de Rabasa. En 2010
pasó a incluir el Ikea tras aprobar en el pleno del Ayuntamiento
en julio del mismo año el convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles
en los que se modifica el plan general para encajar la ubicación
del macrocentro comercial.
El alcalde,
Gabriel Echávarri, mostró su satisfacción por la decisión
del Consell y su premura al tomarla que, en su opinión, «demuestra
la sensibilidad que tiene el Ejecutivo autonómico con la ciudad
y con su nuevo equipo de gobierno».
Y el portavoz,
Natxo Bellido, puso en valor el inicio de la «cooperación
y comunicación entre la ciudad de Alicante y la Generalitat Valenciana»
y señaló que a partir de ahora se actuará «atendiendo
al interés general de la ciudadanía y poniendo freno a una
operación que generaría un grave quebranto a los equilibrios
territoriales y comerciales de Alicante».
La paralización
de la ATE, de hecho, ha sido una respuesta a la reivindicación lanzada
por el nuevo equipo de gobierno, también tripartito y que comparte
los partidos de PSOE, Compromís y Podemos (esta última dentro
de Guanyar en el caso del ayuntamiento.
|
