Si el empleo es el primero de los graves problemas que debemos afrontar, también es necesaria y urgente la adaptación de nuestros pueblos, ciudades y territorios a las necesidades del siglo XXI. La globalización, la interconexión digital y las nuevas tecnologías, la crisis climática y el incremento de las desigualdades nos había situado, ya antes de la pandemia, en un mundo en transición donde todo estaba cambiando para todos.

En las ciudades se produce el 40% de emisiones contaminantes a la atmósfera y se consume el 35% de la energía. Seguimos sin resolver muchas dificultades de accesibilidad, hasta el punto de que más de 100.000 de personas no pueden salir de sus casas por falta de ascensor. La organización urbana especializada aumenta nuestra necesidad de desplazamientos hasta un 50%, con las consecuentes dificultades para la movilidad y los problemas de contaminación y pérdida de tiempo, calidad de vida y cohesión de las comunidades. Nuestros edificios y viviendas aún no incorporan las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales y, sin embargo, han perdido buena parte de los elementos de confort tradicionales, como las terrazas.

El acceso a la vivienda se ha configurado en los últimos años como una de las mayores amenazas. En numerosas situaciones, los desajustes entre la oferta y la demanda, con un parque público de alquiler que no llega al 2,5%, muy por debajo de las tasas en Europa, han situado el precio de la vivienda fuera del alcance de mucha familias y jóvenes. La precariedad laboral y la tendencia social hacia el alquiler agravan la situación en un mercado incapaz de dar respuestas rápidas a cambios súbitos en la demanda.

Si tenemos en cuenta que el 80% de los nuevos hogares se forman en viviendas ya existentes, es imprescindible potenciar en las políticas de aumento del parque de alquiler asequible el reciclaje para dicha función de parte de los 25,5 millones de viviendas ya existentes, aprovechando las sinergias de los procesos de renovación necesarios.

Afrontar la pandemia y sus consecuencias exigirá utilizar los recursos y la energía de toda una década. El esfuerzo será ingente y no podemos orientarlo a volver hacia atrás, como si nada hubiera sucedido, pues ya antes de la aparición del virus las necesidades de cambio y los objetivos de transición ecológica y reequilibrio económico y social eran tan acuciantes como difíciles de alcanzar. La “resiliencia” para volver a una situación que ya era insostenible sería un error. Ahora, necesitamos “transiliencia”. Es decir, aprovechar la crisis para dar un salto hacia adelante con una estrategia que fije la dirección hacia la que debemos ir, encontrando una solución a los graves problemas señalados.

Para ello, es preciso reactivar, de forma inmediata, el sector de la edificación, especialmente en el ámbito de la renovación urbana hasta hacerlo crecer a los niveles a los que se encuentran nuestros vecinos europeos. La dirección está marcada en el Green Deal (Pacto Verde) que orienta las estrategias de recuperación económica de la Comisión Europea. Con ese rumbo y la mirada puesta en el cumplimiento de la Agenda 2030, ahora, es necesaria una política pública, consensuada con todos los agentes del sector y coordinada a todos los niveles de la Administración, que se concrete en un nuevo Plan Nacional de Vivienda, un Plan Nacional de Renovación Urbana y la futura Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido, estableciendo el marco favorable para impulsar las actuaciones y orientarlas a mejorar nuestra calidad de vida.

En este sentido, desde el CSCAE se han propuesto al Gobierno más de 40 medidas que pretenden mitigar la pérdida masiva de empleo, afrontando los problemas de acceso a la vivienda y la transformación integral que precisan nuestros entornos urbanos para garantizar el bienestar individual y colectivo de la población. Si tenemos en cuenta que el promedio de trabajadores ocupados en rehabilitación en países europeos semejantes al nuestro es del 3.9%, mientras que, en España, se reduce al 2,2%, solo alcanzando esos niveles, se crearían 400.000 nuevos empleos capaces de absorber pérdidas de ocupación de otros sectores.

Con el apoyo a la reactivación de la UE y la actuación rápida de las administraciones públicas, tenemos el contexto adecuado para situar la transformación de nuestras ciudades como un proyecto colectivo capaz de afrontar, simultáneamente, tres graves retos: el desempleo, la actualización de nuestro patrimonio construido y disponer de una vivienda asequible y adecuada, claves en su conjunto para una vida digna y un futuro mejor.

EL SECRETARIO GENERAL DE AGENDA URBANA Y VIVIENDA, DAVID LUCAS PARRÓN, HA COMENTADO AL RESPECTO QUE NO DETECTA "LA AUTOCRÍTICA DEL SECTOR PRIVADO" Y HA ABOGADO POR "ANALIZAR LAS COSAS QUE SE HAN HECHO MAL" DESDE EL SECTOR PRIVADO

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias (Seopan), Julián Núñez, asegura que no hay “voluntad política para entender” el modelo concesional y ha pedido que se escuche al sector privado para salir de la crisis.
En su intervención en el Observatorio 2030, organizado de forma telemática por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Núñez ha recalcado que “en muchos niveles de las Administración no se quiere entender ni comprender” el modelo que propugna la patronal, basado en la licitación pública y el modelo concesional.

Núñez ha opinado que España tiene una “segunda oportunidad” para salir de una crisis, y ha reiterado las “ventajas” que aporta su modelo, ya que “no va a haber dinero público”.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, ha comentado al respecto que no detecta “la autocrítica del sector privado” y ha abogado por “analizar las cosas que se han hecho mal” desde el sector privado.

“España necesita seguridad jurídica y soluciones a los retos”, ha dicho Parrón en su intervención en la reunión de trabajo telemática, titulada “El sector de la construcción: palanca de la recuperación económica”.

El presidente de Seopan, en referencia a las autopistas quebradas, ha querido aclarar que “los casos puntuales que han fallado tampoco se han explicado, ya que en ningún caso ha sido por el modelo, sino por otras circunstancias”.

Núñez ha insistido como prioridad en el incremento de la oferta del transporte público (metro, Cercanías y autobús) y ha añadido que el transporte privado “es el que debe financiar” al público.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROMOTORES CONSTRUCTORES DE ESPAÑA (APCE), JUAN ANTONIO GÓMEZ-PINTADO

En el capítulo sobre vivienda, el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha insistido en la puesta en marcha de las medidas que incentiven la demanda.

Entre ellas, ha señalado la reducción del IVA para la compra de primera vivienda  o la ampliación en un 20 % por parte del Estado, vía avales del Instituto de Crédito oficial (ICO), de los créditos que ya otorgan las entidades financieras a los jóvenes que quieren acceder a una vivienda y carecen del ahorro suficiente.

Con este compromiso, Gómez-Pintado ha calculado que se daría acceso a 330.000 viviendas, financiadas al 95 % hasta un total de 15.000 millones de euros y sin que el Estado desembolse un solo euro.

Ha añadido que se solventaría parte del problema de la vivienda y se generarían unos 800.000 puestos de trabajo.

Sobre ese ámbito, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda ha comentado que desde la Administración se trata de incentivar el parque público de viviendas, la habilitación de suelos para ello, las viviendas públicas de alquiler con el “Plan 20.000” y la agilización de licencias y trámites.

Sobre el “Plan 20.000”, ha explicado que se está avanzando en la parcelación de unos terrenos en Valencia y otras actuaciones en Málaga y Baleares.  

SECRETARIO GENERAL DE AGENDA URBANA Y VIVIENDA, DAVID LUCAS PARRÓN 

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, ha señalado que, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se está trabajando en diferentes propuestas para que la recuperación económica sea duradera y la protección social, “un elemento de referencia para que nadie se quede atrás”. En concreto, el derecho a una vivienda digna a un precio asequible. En este sentido, ha subrayado la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, “inferior a la media europea y que ha supuesto problemas de acceso a la vivienda para muchos ciudadanos y ha podido tensionar los precios de alquiler por falta de oferta”. Para ello, ha dicho: “Tenemos que activar suelos suficientes y necesarios para hacer reservas para vivienda protegida y, sobre todo, agilizando los planeamientos urbanos para que se puedan desarrollar lo antes posible”.

Lucas Parrón ha destacado, igualmente, el impulso a la vivienda pública de alquiler a través de instrumentos, como el Plan 20.000, y ha calificado de “imprescindible” la colaboración público-privada. En este sentido, ha recordado que el parque público de vivienda en alquiler no llega al 2,5%, mientras que la media en Europa se sitúa en torno al 15% y, tomando como referencia los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ha señalado que 10 millones de inmuebles necesitan una rehabilitación energética y que, sin embargo, la cifra actual “es muy pequeña”: 31.000 solo el año pasado. “El reto es mayúsculo y se necesitan muchos recursos económicos”, ha recalcado el secretario general, que ha anunciado que su departamento intensificará la acción pública en coordinación con el sector para implementar y desarrollar la Agenda Urbana Española con el fin de “modificar comportamientos y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos”. Asimismo, ha abogado por la agilización de la tramitación de licencias, ayudando a los ayuntamientos para que hagan un mejor uso de las tecnologías disponibles o reduciendo los procesos administrativos.

DATOS

El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, ha destacado la importancia de acometer la renovación energética de esos 10 millones de viviendas, pero ha advertido de que las necesidades de rehabilitación no se limitan únicamente a una adecuación medioambiental. El 50% de los 25,5 millones de inmuebles que conforman el parque residencial en nuestro país tiene problemas de accesibilidad. No está adaptado a las necesidades de una población cada vez más envejecida –ha lamentado Comerón– . Y, además, es precisa una adecuación funcional generalizada porque “nuestras vidas son distintas a las de las generaciones anteriores y antes de la epidemia ya no encajaban con nuestras demandas”.

Con datos de otros países europeos similares al nuestro, como Portugal, Francia o Italia, donde la tasa de ocupación en rehabilitación, con un 3,9%, dobla prácticamente a la de España, que se sitúa en el 2,2%, Comerón se ha mostrado convencido del potencial de la renovación urbana como motor económico. Solo alcanzando ese porcentaje, se crearían 400.000 empleos, puesto que –como ha explicado– la rehabilitación es un sector muy intensivo en mano de obra y, por cada millón de euros invertidos, se generan entre 18 y 54 empleos en función de la obra. Y, además, la Administración ahorraría dinero en prestaciones por desempleo: “De los 12.000 millones de inversiones al año que nos llevarían a acercarnos a nuestros vecinos europeos, un tercio (4.000 millones) retornaría a las arcas públicas en ahorro en prestaciones por desempleo, sin tener en cuenta el ahorro en coste personal y social”. Por eso, reivindicando “acciones de máxima urgencia para que el sector no pare”, ha subrayado: “Hay que cambiar el ritmo de rehabilitación del PNIEC, pensado para otro momento y con otras perspectivas”.

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha resaltado el valor de los espacios que habitamos y la importancia de que estén bien diseñados, y ha expuesto cuatro líneas de actuación en materia de vivienda que son complementarias y generarían 1,2 millones de empleos en total. La primera es estimular la compraventa, un ámbito en el que sería necesaria la colaboración de las administraciones públicas, el Estado a través del ICO y/o entidades financieras, y la iniciativa privada, los promotores.

En este sentido, APCE pide al Estado un compromiso de aval para que aquellos que no hayan tenido capacidad de ahorro, pero sí dispongan de capacidad de pago, puedan comprar una vivienda. “De esta forma, solventaríamos un problema estructural”, ha valorado.

Otra medida que ha considerado “fundamental” es estimular la vivienda en alquiler con un IVA “superreducido” y seguridad jurídica, porque –ha explicado– “inversores internacionales tienen interés en invertir en nuestro país, pero consideran que no hay suficiente transparencia o falta de seguridad jurídica”. También ha abogado por modificar la Ley de Propiedad Horizontal para estimular la rehabilitación de viviendas y edificios. Por último, en materia de formación, ha abogado por un programa de formación profesional dual que haga atractivo el trabajo en el sector, que vive un proceso de envejecimiento de las plantillas.

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), Julián Núñez, ha considerado urgente que “todos nuestros políticos aparquen las diferencias y se centren en nuestro futuro inmediato”. Esto es, en apoyar a las empresas. En materia de infraestructuras, ha lamentado: “Hemos perdido una década como consecuencia de la crisis anterior. Se dejaron de invertir más de 220.000 millones de euros”.

En estos momentos, las necesidades de inversión para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 serían necesarios 157.000 millones. Esta inversión tendría generaría más de 2,3 millones de empleos y tendría un retorno fiscal del 49%, equivalente a 7.000 millones de euros. “Esto requiere revisar el modelo de financiación y recuperar la colaboración pública-privada y el modelo concesional”, ha apuntado.