En relación con el ODS 7, “Energía asequible y no contaminante”, la inversión está centrada en mejorar la eficiencia energética en el sector residencial y terciario a través de la inversión en infraestructuras para reducir el consumo de energía primaria (reducir 9.485,1 ktep en 2021-2030) y se desglosaría en 22.431 M€ en edificios existentes del sector residencial, 3.671 M€ en edificación del sector terciario y 6.333 M€ en grandes instalaciones de climatización.

Igualmente, y como se detalló en la rueda de prensa anual de SEOPAN del pasado mes de marzo, para llegar a cumplir el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” y terminar con 29 años de incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas, hay que invertir 3.506 M€ en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios y las sanciones de la Comisión Europea (CE) desde 2018 representan 32,7 M€. Además, se necesitan 1.747 M€ en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación y reutilización, y protección de los ecosistemas del agua.

Para alcanzar el ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” deberemos invertir 2.898 M€ en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, 7.000 M€ en conservación de carreteras y 7.650 M€ en infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística. Para el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, se deberán destinar 30.776 M€ en ampliar la infraestructura de transporte público, 27.034 M€ en mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas, 6.000 M€ en crear infraestructura verde en el ámbito urbano, 6.521 M€ en reducir el impacto de los residuos municipales y 4.453 M€ en servicios de alcantarillado y depuración y mejora de las vías interurbanas regionales. Por último, cumplir el ODS 15 que reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores catástrofes naturales requerirá invertir 2.910 M€ en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía, y 938 M€ en prevención de inundaciones.

Estas inversiones, a ejecutar durante el periodo 2021/2030, generarán 144.870 M€ de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 M€.

El actual nivel de inversión pública, que se encuentra en niveles de mínimo histórico (equivalentes a los de 1980) no permite siquiera cubrir las inversiones de reposición del stock de capital público. Además, la coyuntura económico-financiera actual, con fuertes incrementos del déficit y deuda pública en 2020 y 2021, junto con las proyecciones de incremento de gasto público en prioridades sociales, no permitirá incrementar en un 70% la inversión pública presupuestaria actual que es lo que se necesitaría para llegar a estos objetivos. Por ello, resulta imprescindible recuperar el modelo concesional en la contratación pública, que no impacta en el déficit ni en la deuda pública y no altera la titularidad pública de la infraestructura.

Según Julián Núñez, presidente de SEOPAN, “El modelo concesional está en desuso desde 2012 y debemos plantearnos poner en valor los activos públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de los países de la Unión Europea”.

COBRAR POR LAS AUTOVÍAS

En el encuentro Nueva Economía Fórum, celebrado de manera telemática este lunes, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha indicado que en la actual coyuntura que enfrenta el país, con el incremento del gasto social derivado de la crisis, el cobro de un peaje por circular por la red de autovías “es un debate que habría que abrir en cuanto se pueda”. Se trata de un pago, ha recordado, que ya se ha articulado en 23 países de la UE y que a su juicio “permitiría que el mantenimiento de la red de carreteras se financie con los recursos los usuarios de las mismas y no con cargo a todos los contribuyentes”.

La propuesta de la patronal constructora, como ya planteó a comienzos del pasado marzo, pasa por poner un peaje en toda la red de 14.130 kilómetros de autovías. Los coches pagarían de media de 0,09 euros por kilómetro recorrido y los camiones 0,19 euros. No es la primera vez que las constructoras piden cobrar por circular por las autovías, una cuestión que el Gobierno ha mostrado disposición a estudiar en varias ocasiones.

Seopan, además, insiste en que el modelo concesional no debe aplicarse solo a las autovías sino a otras inversiones. Este modelo que deja en manos privadas la explotación de las infraestructuras pero mantiene la titularidad pública de las mismas, aseguran, está casi en desuso desde 2012, a la vez que la inversión pública ha retrocedido a volúmenes de cuatro décadas atrás. “El actual nivel de inversión pública (en niveles mínimos históricos, equivalentes a los de 1980) no permite siquiera cubrir las inversiones de reposición del stock de capital público”, ha lamentado la patronal en una nota de prensa publicada tras la participación de su presidente en el encuentro telemático.

Como ejemplo, Seopan apunta que la inversión de 157.000 millones que propone implicaría incrementar en un 70% la inversión pública presupuestaria actual. Por ello, ante las necesidades de inversión que demandan, y teniendo en cuenta el mayor gasto social que tendrá que hacer el Estado para dar respuesta a la crisis, creen que es el momento de recuperar el régimen concesional.

21.400 MILLONES PARA HOSPITALES

España tendría que invertir 21.400 millones de euros para aumentar la capacidad hospitalaria del país, tensionada durante la actual crisis sanitaria, de forma que alcance una cobertura del 21,7%, esto es, la media de la OCDE, frente a la 14,6% actual, según Seopan. La patronal española de grandes constructoras y concesionarias asegura que esta inversión equivaldría a construir y ampliar hospitales para dotarlos de capacidad para unas 56.303 camas más.

Seopan incluye este cálculo de inversión en centros sanitarios en el plan de obras de 157.000 millones de euros a diez años que propone al Gobierno, con el fin de construir dotaciones e infraestructuras "prioritarias" para el país y que, al tiempo, el sector se convierta en palanca de la recuperación económica, según Europa Press. Se trata del conjunto de todo tipo de obras prioritarias que, según la asociación, España necesita para modernizar sus dotaciones, cubrir determinados déficit, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible fijados para 2030 y, además, en la actual coyuntura, relanzar la economía. Así, según sus datos, este plan permitiría generar, en el periodo de diez años que contempla para su ejecución, unos 2,36 millones de nuevos empleos. Al mismo tiempo, incentivaría actividad económica inducida por valor de 144.870 millones de euros y un retorno fiscal de 77.159 millones de euros.

Las constructoras están dispuestas a adelantar financiación para acometer los proyectos del plan mediante la recuperación en España de los contratos de concesión, "en desuso desde 2012", según recordó el presidente de Seopan, Julián Núñez.

Se trata de los contratos por los que las constructoras adelantan la inversión para construir una infraestructura y posteriormente la recuperan durante su explotación bien cobrando peaje a los usuarios o un canon anual a la Administración. Para ello, la patronal reclama cambios normativos, sobre todo referentes al reparto de riesgos de los contratos y sus tasas de rentabilidad.