Además está por ver el límite de los avales extraordinarios que concede el estado para garantizar que la banca preste a las empresas. Todo lo que baje del 80% de garantía del préstamo supondrá un freno para la banca.

LOS IMPACTOS ECONÓMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ACTUALMENTE NO ESTÁN CLAROS. 

Por un lado, es probable que la actividad de construcción se vea severamente restringida en el próximo período a corto plazo. Es probable que el trabajo de obra se desacelere si no cesa de forma temporal en todo el país, ya que los trabajadores son enviados a casa para limitar la propagación del virus.
Por otro lado, un esfuerzo coordinado para combatir la propagación del virus podría conducir a un aumento de construcción de instalaciones hospitalarias. Se trataría de construir nuevos hospitales y reequipar edificios existentes para fines de atención al paciente. 

Para mitigar los efectos, el gobierno ha permitido que las obras continúen abiertas, lo que es problemático por los problemas de transporte de los empleados y algunos problemas de suministro de momento muy puntuales. Es una medida diferente a la italiana, que ha cerrado la industria, pero tiene importantes consecuencias económicas para las constructoras, empezando por el empleo.

Sin embargo, hay ayuntamientos que están cerrando obras sin que tengan una clara competencia al respecto en un estado de alarma en el que todas las competencias son estatales. Estas obras paralizadas por los ayuntamientos entrarán en la causa mayor y las constructoras afectadas tendrán derecho a ERTEs bonificados, lo que ampliará el coste estatal.

Según nos indican fuentes del sector, mejor están las obras a medio gas, salvo que haya infectados, al cierre total. El cierre total de las obras suponen ventajas para los ERTEs, pero si vemos el efecto que esta medida ha ocasionado en otros sectores como los hoteles o los centros comerciales, el efecto económico es letal en un sector tan representativo para la economía española como es el de la construcción.

Las constructoras están tomando todas las medidas posibles, fijando turnos en el tajo, concentrando horarios de trabajo, etc., pero cuando viene el inspector municipal a la obra pide medios de protección que no es posible comprar en el mercado. Si no hay un criterio homogéneo en toda España sobre los supuestos de cierre de obra por falta de seguridad contra el coronavirus, cada ayuntamiento o cada inspector sanitario actuará según su criterio.

En conclusión, que desde el gobierno se tiene que clarificar de inmediato el protocolo de seguridad de las obras contra el coronavirus e imponer sus medidas a los ayuntamientos. La solución es encontrar un equilibro entre la seguridad sanitaria de las obras y la subsistencia del sector.